La ex candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Alejandra Arreguez, recurrió ayer a la Justicia provincial para solicitar que, a través de una acción de amparo, se frenen los aumentos aprobados para el servicio del transporte público de pasajeros, tanto a nivel urbano como interurbano.

“El argumento principal es que, según la legislación vigente, las tarifas deben ser justas y razonables. Y estos (incrementos) no resultan ni justos ni razonables para ningún usuario. En este caso, la inflación (en los precios al consumidor) rondará el 55% anual, y el transporte tendrá una suba de casi el 100% este año. Esto resulta un ataque importante sobre los derechos de los ciudadanos, si se compran estos valores además con los aumentos salariales obtenidos por la mayoría de los trabajadores”, indicó la referente Partido de los Trabajadores por el Socialismo, uno de los espacios aliados al FIT.

El lunes, la Dirección de Transporte de la Provincia autorizó un nuevo cuadro tarifario para ajustar el boleto en el orden del 25% en las líneas metropolitanas, interurbanas y rurales. El valor de base, por un viaje mínimo, aumentó $ 6 en estos ómnibus. De este modo, subió desde $ 24 hasta $ 30. Como en enero el boleto de base estaba a $ 15,50, el incremento acumulado a lo largo de 2019 suma el 93,5%.

La medida se dio en el marco de una tensa negociación entre los representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat) y los choferes nucleados en la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), a partir de la decisión de las firmas concesionarias de despedir a 150 trabajadores.

Con esta medida, además de un adelanto de $170 millones en los subsidios que otorga la Provincia, se logró superar, al menos provisoriamente, ese conflicto.

En línea con esto, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó el miércoles la suba del boleto en esa jurisdicción. El aumento que lleva de $ 24 a $ 30 los viajes en las 14 líneas urbanas regirá desde el lunes. El incremento del 25% iguala el ajuste de tarifas otorgado por la Provincia.

Ante esta situación, la dirigente Arreguez solicitó ante el fuero Contencioso Administrativo que frene los aumentos instrumentados desde la Provincia y desde la Municipalidad.

“Pedimos que la Justicia actúe. Es decir, que impida que se avance con este enorme atropello al conjunto de los usuarios. Los empresarios del transporte que han utilizado de manera extorsiva la fuente de trabajo de 150 empleados para nuevamente enriquecerse más o para defender sus negociados; por eso, han contado con el apoyo político de todos los poderes que gobiernan en el municipio. Hablamos de un puñado de menos de 20 empresarios, que reciben subsidios millonarios”, reclamó la referente del FIT.