La Justicia puso punto final a la persecución penal de Roxana Teves, de dos de sus hijos y de su nuera, y de Miguel Albarracín, propietario de una carpintería. Juan Francisco Pisa, juez de Instrucción Nº3 de la capital, declaró la inocencia del grupo respecto de las imputaciones delictivas más graves y consideró prescriptas las acusaciones más leves. La resolución cierra un caso abierto hace una década, cuyas secuelas y repercusiones estremecieron -y tal vez sigan estremeciendo- a los Tribunales. Bañada por el llanto, Teves evaluó que simplemente se impusieron la lógica y la verdad, y que sus enemigos se aterrorizaron frente a la posibilidad de que ella ventilara su historia en un juicio oral. “Mi lucha continúa: (el ministro público fiscal Edmundo) Jiménez y sus cómplices no se librarán de mí”, prometió ayer.

En términos resumidos, el juez acogió el criterio de la fiscala Mariana Rivadeneira, quien tomó el caso luego de que el propio Pisa anulara de oficio -espontáneamente- la solicitud de enjuiciamiento firmada por la fiscala Adriana Giannoni en 2015, a la que Teves había adherido por medio de sus defensores Juan Andrés y Juan Roberto Robles. El juez analizó que el tiempo transcurrido impedía juzgar a los ciudadanos denunciados por la supuesta comisión de los delitos de tentativa de estafa procesal y de administración fraudulenta, y que era su obligación, en virtud de las garantías constitucionales, cerrar el proceso.

En un análisis separado, el titular del Juzgado Nº3 consideró que debía sobreseer a Teves y a sus parientes de la acusación de haber organizado una asociación ilícita y privado ilegítimamente de la libertad al empresario Augusto Severini.

“Considero que, pese a lo ‘extenso’ de la investigación, no se logró acreditar con el grado de probabilidad requerido que los imputados hayan integrado ‘una banda criminal’: no se pudo determinar quién habría sido el jefe y, en tal caso, quiénes sus miembros”, observó. Pisa consideró que las costas del proceso debían ser soportadas en partes iguales por entender que había razones suficientes para que Carolina Severini, la hija del empresario, formulara una querella. Los beneficiarios del pronunciamiento, que aún no está firme, quedaron así obligados a pagar los gastos de la persecución dada de baja.

Zozobra

Teves y sus familiares, y Albarracín fueron encarcelados por pedido del ex fiscal Guillermo Herrera -renunció en 2015 para jubilarse con el beneficio del 82% móvil acorralado por las objeciones a su labor, entre ellas la que desplegó en esta causa-. En cautiverio y con una solicitud de prisión preventiva en su contra, Teves renunció a la parte que reclamaba de los bienes de Severini, con quien había convivido hasta su fallecimiento en septiembre de 2009. En abril de 2015 y en virtud de una denuncia no esclarecida del Colegio de Abogados de la Capital contra el ex fiscal Herrera, la ciudadana expresó que había sido víctima de un grupo de abogados, fiscales y jueces encabezados por el ministro público fiscal Jiménez (entonces ministro de Gobierno y Justicia durante la gobernación de José Alperovich), quienes la habían privaron de la libertad para despojarla de un patrimonio que en su momento ascendía a más de U$S 5 millones.

El jefe de los fiscales siempre desestimó el relato de Teves. Esta afirma que se autoincriminó para salir de prisión con el asesoramiento de los letrados Alfredo Falú y René Goane (h). En los últimos cuatro años, Teves inició numerosos procesos penales y reclamos para probar su versión, que implica a dos de los hijos del superior de Giannoni y de Rivadeneira, los abogados Ana Lucía Jiménez y Edmundo Javier Jiménez. Ninguno prosperó, pese a que una auditoría de 2015 de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán corroboró las anomalías que había expuesto la imputada. Aquel control sumió al Poder Judicial en un estado de zozobra y llevó al Colegio de Abogados a pedir la destitución de Jiménez, solicitud que la Legislatura archivó sin correr traslado.