Al final el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) resolvió en un minuto la discusión postergada en dos sesiones públicas. Antonio Estofán, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y presidente del organismo encargado de la preselección de jueces, informó que el ministro de Economía, Eduardo Samuel Garvich, les había dado vía libre para retener e invertir los $ 74 millones ahorrados para construir la sede de la calle Congreso al 300. “Creo que está zanjado el problema”, opinó Estofán y, acto seguido, acordó con sus pares la decisión de volver a colocar $ 60 millones en un plazo fijo hasta el 26 de diciembre.

El “visto bueno” de Garvich dejó sin efecto la petición de los recursos que había formulado por escrito el tesorero general de la Provincia, Fernando Enrique Solórzano. Esa nota de seis renglones, que había ingresado el 17 de octubre a la Secretaría Administrativa del Poder Judicial, requería en forma explícita al CAM que se abstuviera “temporalmente” de hacer movimientos que implicaran proteger al capital de la pérdida de la capacidad adquisitiva provocada por la inflación.

Los consejeros venían renovando mes a mes el plazo fijo constituido en marzo con el dinero separado para la obra: esa política financiera, que había reportado un interés de alrededor de $ 2,6 millones cada 30 días, fue interrumpida de hecho a comienzos de octubre, cuando trascendió que el Gobierno de Juan Manzur quería disponer de los recursos. El martes, Estofán admitió que aquella idea generaba discrepancias internas y anunció la intención de pedir explicaciones a Garvich. El asunto generó el rechazo del Colegio de Abogados de la Capital, que ayer a la mañana exhortó al Poder Ejecutivo a dar marcha atrás y a los consejeros a proteger la independencia del Poder Judicial, ámbito de pertenencia del CAM (se informa por separado).

Las circunstancias llevaron a que no hubiera exposición de las disidencias sobre la petición de la administración de Manzur ni de los motivos que llevaron a esta a pretender usar el dinero del organismo. Los consejeros tampoco debatieron acerca de por qué había sido suspendida la renovación del plazo fijo en octubre. Estofán se limitó a decir que él y Eleonora Rodríguez Campos, vocal de la Corte y consejera suplente, hablaron con Garvich con la intención de que este ampliara los fundamentos de la nota de Solórzano. “Él ya los había dado a la prensa: yo la tengo grabada a la versión periodística. Y nos dijo que no había ningún inconveniente y que sigamos adelante”, relató en presencia de Rodríguez Campos, Elena Grellet, Ivonne Heredia, Luis Cossio, Carlos Sale, Julieta Tejerizo, Marcelo Fajre, Diego Vals, Martín Tello, Raúl Albarracín, Fernando Valdez y Roque Cativa. No hubo comentarios y con el acuerdo sobre el plazo fijo terminó -simbólicamente- la quinta gestión bienal del instituto encargado de organizar concursos para cubrir vacantes judiciales.

El Ejecutivo intentó una incautación de fondos inadmsible según el Colegio de Abogados

El Colegio de Abogados de la Capital calificó a la pretensión del Poder Ejecutivo de disponer de los recursos del Consejo Asesor de la Magistatura (CAM) como una agresión al esquema republicano de división de poderes. El presidente Marcelo Billone y el secretario Guillermo Arévalo dijeron que se trataba de una incautación de fondos inadmisible mediante la nota que remitieron ayer a la mañana al presidente del CAM, Antonio Estofán. “Resulta insólito y sumamente reprochable que el Poder Ejecutivo decida apropiarse de fondos asignados al Consejo, órgano que integra el Poder Judicial”, expresaron las autoridades profesionales. Y añadieron: “el Colegio de Abogados exhorta al Ejecutivo a desistir de su improcedente petición, y requiere a los consejeros la celosa articulación de todas las medidas a su alcance para garantizar la independencia del Poder Judicial que integra y la suya propia dentro del sistema legal imperante”.