SANTIAGO, Chile.- El Gobierno chileno y legisladores trabajan en la aprobación de reformas para atender las demandas sociales prometidas, luego de casi una semana continua de intensas protestas, en las que han muerto al menos 18 personas.

El presidente, Sebastián Piñera, envió un proyecto de ley al Congreso para congelar una reciente alza de la electricidad, una de las varias promesas con las que propuso transformar las manifestaciones en una “oportunidad” para Chile.

“Seguiré enviando los proyectos al Congreso para implementar esta agenda social y seguiremos impulsando las medidas administrativas para darle vida”, dijo al anunciar el proyecto.

El mandatario aseguró que la situación de seguridad está mejorando y que las ciudades se están normalizando, aunque el miércoles volvió a haber saqueos, destrucción de infraestructura urbana y de negocios; y de que se anunció una nueva noche con toque de queda en varias ciudades.

El malestar por la desigualdad y el aumento del costo de vida en Chile lanzó a decenas de miles a las calles desde el viernes, que exigieron una reforma económica y social profunda, en la que era considerada (hasta hace una semana) la nación más estable y próspera de Sudamérica.

Las voces de muchos excluidos se escucharon en los últimos días. “Necesitamos buenos salarios, pensiones para los abuelitos. Ya estamos cansados de todo esto, protestas, saqueos. Es un desastre. Esto ya no es el Santiago de antes”, dijo Octavio Solís, un ex guardia de seguridad mientras hacía fila para cobrar su seguro de desempleo.

Las medidas anunciadas incluyen ajustes al salario mínimo, un aumento en las pensiones y una rebaja del precio del transporte público en Santiago.

La furia ciudadana que sacudió a todo Chile durante una semana dejó más de 6.000 personas detenidas y el Gobierno contabiliza 18 muertos.

En referencia a las denuncias sobre abusos por parte de las fuerzas militares, el ministro de Defensa, Alberto Espina, dijo que las autoridades han estado abiertas a investigar todas las denuncias y llamó a no adelantarse a sacar conclusiones adelantadas. “Pido que no prejuzguen (...) seamos prudentes en esta materia”, acotó.

El canciller Teodoro Ribera dijo que el Gobierno invitó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, y a Human Rights Watch a que visiten el país para constatar la situación.

Bachelet confirmó en su cuenta de Twitter que enviará una misión de verificación para examinar las denuncias.

Santiago despertó con relativa calma ayer. Mercados municipales y empresas reabrieron y miles de personas se dirigieron a sus trabajos, pero en algunos de los usuales puntos de concentración durante las protestas llegaban personas con pancartas, banderas y golpeando ollas, en una nueva jornada de reclamos. (Télam-Reuters)