LIMA, Perú.- Perú quedó sumido ayer en una crisis política como no se veía desde hace décadas. El presidente, Martín Vizcarra, disolvió “constitucionalmente” el Congreso y llamó a elecciones legislativas para el 26 de enero, en un intento por superar la pulseada con la oposición en el Poder Legislativo, dominado por el fujimorismo.

Un grupo de diputados rebeldes respondió votando la suspensión de Vizcarra “por incapacidad moral” y designando a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, en su reemplazo.

Parte de la población se expresó en las calles con alegría tras recibir la noticia de la disolución del desprestigiado Parlamento.

La decisión, anunciada por Vizcarra en un mensaje televisado, se produjo luego de que el parlamento se negara a suspender una polémica designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional, sin discutir la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo para intentar detener ese proceso.

Vizcarra apeló a una norma constitucional que le habilita a disolver la Cámara si ésta le negaba un moción o cuestión de confianza al gabinete presidido por Salvador del Solar.

El Congreso, dominado por el fujimorismo y sus aliados de derecha y extrema derecha, respondió en rebeldía y acusó al mandatario de violar la Constitución por haber disuelto indebidamente la Cámara. Con la ausencia de 50 diputados que aceptaron la disolución, la facción restante votó suspender a Vizcarra y nombrar a Aráoz como “presidenta en funciones”.

Esta crisis es el punto más crítico de un conflicto abierto entre el Gobierno y el Congreso desde las elecciones de 2016, que dejaron un Parlamento dominado por el partido fujimorista Fuerza Popular, y la presidencia en manos de Pedro Pablo Kuczynski.

Fuerza Popular utilizó su poder en la Cámara para presionar al Gobierno y para intentar “gobernar desde el Legislativo”, en palabras del oficialismo.

El escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht en el país terminó por costarle el cargo a Kuczynski y llevó a la asunción de su vicepresidente, Vizcarra, quien encaró el cargo con la misión de enfrentar la corrupción que afecta al país.

Así, Vizcarra promovió una serie de reformas que lo enfrentaron con el Congreso, identificado como un organismo penetrado por la corrupción y que por acción u omisión boicoteó varios intentos para tomar medidas contra los corruptos.

Para solucionar el bloqueo político, Vizcarra propuso en julio un adelanto electoral para renovar tanto la presidencia como el Congreso, propuesta que fue archivada sin debate por la Comisión de Constitución del Parlamento, con mayoría fujimorista.

De forma simultánea, los congresistas opositores iniciaron un procedimiento rápido y muy cuestionado para renovar a los magistrados del Tribunal Constitucional. La cuestión de confianza que planteó Vizcarra apuntaba a evitar esa maniobra.

“La obstrucción y blindaje (del Congreso) no cesan y no habrá acuerdo posible”, sostuvo Vizcarra, mientras centenares de manifestantes congregados afuera del Parlamento celebraban su decisión. El mandatario señaló que espera que esta medida excepcional “permita que la ciudadanía finalmente se exprese y defina en las urnas y mediante su participación el futuro de nuestro país”. (Télam)

1.- ¿Qué decretó el Presidente?

El presidente, Martín Vizcarra, disolvió el Congreso y convocó elecciones legislativas para el 26 de enero. Para ello, aplicó una norma constitucional que lo habilita a disolver la el parlamento si el Poder Legislativo le niega una “cuestión de confianza” a dos gabinetes de una misma presidencia.

2.- ¿Qué es una “cuestión de confianza”?

La “cuestión de confianza” es un mecanismo constitucional por el cual el Poder Ejecutivo puede consultar al Congreso sobre el tema que estime conveniente. El único que puede presentar una “cuestión de confianza” al Congreso es el Presidente del Consejo de Ministros (actualmente, es Salvador del Solar). Si se censura o se niega el voto de confianza a dos gabinetes de un mismo gobierno, el Presidente de la República puede disolver el Congreso. El decreto deberá incluir una convocatoria a nuevas elecciones dentro de los cuatro meses posteriores a la disolución.

3.- ¿A qué tema se refería la cuestión de confianza solicitada por el Poder Ejecutivo?

La oposición a Vizcarra es Fuerza Popular, el partido fujimorista que junto con sus socios de derecha controla el Congreso. Esta mayoría impulsó un procedimiento (tildado de “express e irregular” por el Gobierno) para renovar seis miembros del Tribunal Constitucional. En este contexto, el Poder Ejecutivo impulsó la “cuestión de confianza” (también se la llama “moción de conciencia”) para reformar el sistema mediante el cual se designa a los magistrados de ese tribunal. Invocó que tal modificación era necesaria para impedir que esa instancia judicial fuera copada por la oposición fujimorista

4.- ¿Cómo obró la oposición sobre el planteo?

Fuerza Popular, hace menos de un año, ya le negó una “cuestión de confianza” a la Presidencia sobre esta cuestión. El domingo, Vizcarra les dio un ultimátum: aceptaban su moción o él disolvía el Congreso. La oposición decidió pasar por alto la petición de Vizcarra de reformar la elección de magistrados y continuó con el nombramiento de un magistrado: el pleno del parlamento votó para elegir como nuevo miembro del Tribunal Constitucional al jurista Gonzalo Ortiz de Zevallos, primo hermano del presidente del Congreso, Pedro Olachea. El Ejecutivo declaró entonces que su “cuestión de confianza” había sido rechazada “de hecho”, aseguró que la elección de magistrados no es transparente ni garantiza la división de poderes, y procedió a suspender el Congreso.

5.- ¿Cómo reaccionó el fujimorismo luego de que se anunciara la disolución del Congreso?

Los opositores, apenas se conoció el anuncio de Vizcarra, lo desconocieron. Del recinto se retiró medio centenar de legisladores afines al Gobierno y los que se quedaron, sorpresivamente, votaron en favor de la “cuestión de confianza”. Por eso ahora argumentan los opositores que el Presidente no tenía derecho a disolver la Cámara y algunos hablan de “autogolpe”. Luego, los fujimoristas acusaron al mandatario de violar la Constitución, votaron una resolución para “suspender” por “incapacidad moral” a Vizcarra y nombraron a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como “presidenta en funciones”.

6.- ¿Desde cuándo se arrastra el enfrentamiento entre la Presidencia y el Parlamento?

Esta crisis es el punto culminante de un conflicto abierto entre el Gobierno y el Congreso desde las elecciones generales de 2016. Allí se consagró un parlamento dominado por el fujimorismo y la Presidencia quedó en manos de Pedro Pablo Kuczynski. Este denunció que Fuerza Popular intentaba “gobernar desde el Legislativo”, lo que suscitó el rechazo de la población. El escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht en el país terminó por costarle el cargo a Kuczynski y llevó a la asunción de su vicepresidente Vizcarra, quien encaró el cargo con la misión de enfrentar la corrupción que afecta gravemente a todo el país. Él promovió una serie de reformas que lo enfrentaron con el Congreso, identificado por el oficialismo como “un organismo penetrado por la corrupción”, que por acción u omisión boicoteó varios intentos para modificar normas y tomar medidas contra los corruptos. Para solucionar el bloqueo político, Vizcarra propuso en julio un adelanto electoral para renovar tanto la presidencia como el Congreso, propuesta que sin embargo fue archivada sin debate por la Comisión de Constitución del Parlamento.

7.- ¿Cómo tomó la población peruana esta situación?

Ayer se hizo patente la sensación de alivio que la gran mayoría población peruana, que salió espontáneamente a expresarse en las calles después de que el presidente anunciara la disolución del Congreso, “un organismo cuyos representantes son despreciados por la mayoría de la población”, consigna la agencia de noticias Télam. A la vez, tras el anuncio, los responsables de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional se reunieron con Vizcarra para mostrar “su pleno respaldo al orden constitucional y al presidente”.

La vicepresidenta y su vínculo con tucumán

Mercedes Aráoz, designada por la mayoría fujimorista del Congreso como “presidenta en funciones” de Perú, es economista y docente. Por parte de su padre, es tataranieta de Miguel Francisco Aráoz, quien fue gobernador de la provincia de Salta. La familia Aráoz fue una de las más prominentes de Tucumán en la época colonial, y entre sus miembros se cuenta al prócer de la independencia Francisco Aráoz de La Madrid, el gobernador de Tucumán, Gregorio Aráoz de La Madrid, y al firmante del acta de la independencia argentina Pedro Miguel Aráoz.