El caso del presunto médico trucho de Villa La Trinidad, que se desempeñó desde 2010 como perito de la Regional Sur de la policía, puso en alerta el sistema de control de agremiados de todas las entidades de profesionales del interior. También la provincia anunció la instrumentación de auditorías en la Policía.

Las entidades de profesionales están abocadas a partir de ahora a instrumentar mecanismos más eficientes en la revisión de las matrículas y otras documentaciones que acreditan quienes gestionan su incorporación a éstas.

Es lo que admitió ayer el secretario del Colegio de Abogados del Sur, Cristian Fernández, en declaraciones a LA GACETA. El profesional insistió en que “es muy grave” el hecho de que Gustavo Gabriel Lindor Figueroa se haya venido desempeñando, sin ser profesional, como médico legista en la Policía de la provincia. Lo hizo durante casi una década y burlando los eslabones de control de las documentaciones que le permitieron acceder al cargo.

Por su parte, el Ministerio de Seguridad confirmó el inicio de una serie de auditorías internas para controlar la idoneidad de todos los profesionales que trabajan en la Policía de la provincia.

“La iniciativa partió del ministro Claudio Maley con el fin de verificar en el menor tiempo posible la legalidad de los títulos secundarios, terciarios y universitarios del personal. Esta decisión es nuestra respuesta en virtud de haberse detectado que un funcionario policial ejercía ilegalmente la medicina con título profesional apócrifo”, dijo José Ardiles, subsecretario de Seguridad.

Ayer se conoció que Figueroa acreditó, en realidad, la matrícula de una médica que actualmente reside en Europa y no la de una fallecida, tal como había informado a la prensa el ministro Maley. “Sabemos que la matricula que acreditó Figueroa es de una médica que reside ahora en una país europeo”, expresó un vocero del Círculo Médico del Sur. El abogado Fernández admitió que el caso de Figueroa provocó un revuelo en la comunidad de letrados. “Se trata de un hombre que actuaba como auxiliar de la Justicia en casos de violencia de género, abusos sexuales, homicidios y accidentes de tránsito. Es decir que en ciertos procesos judiciales hubo fallos que partieron de consideraciones hechas en los informes que elevó a fiscales y magistrados”, observó Fernández.

Informó que, a partir de ese hecho, hay abogados que estudian la posibilidad de pedir la reapertura de procesos o su revisión. Como ya se informó, la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual de los Tribunales de Concepción, a cargo de Héctor Fabián Assad, se abocó a la tarea de identificar cuáles son las causas en las que víctimas de distintos delitos fueron revisadas por Figueroa a fin de ser citadas para un nuevo control, pero, esta vez, realizado por médicos forenses.

Fallas en el control

“Lo sucedido nos puso en alerta no solo a nosotros, sino también a todas las organizaciones de profesionales del interior. Aparece la necesidad de hacer más riguroso el sistema de control de las matrículas que acreditan los que aspiran a agremiarse. Hay que evitar otro hecho similar” apuntó Fernández.

La doctora Adriana Frontini, titular del Círculo Médico del Sur (CMDS), dijo que Figueroa no pertenecía a su institución. Por eso, según ella, pudo acceder con documentaciones apócrifas a la Policía y ejercer además en forma particular la profesión. Frontini insistió en que en el CMDS no se lo conocía.

Complicidades

El fiscal Enrique Rojas, del Centro Judicial de Concepción, consideró que la irregularidad se cometió a partir de complicidades que están en la administración estatal y que deben ser individualizadas. El dirigente de los abogados del sur también habló de deficiencias en el sistema de control estatal y que generan ahora un escándalo de impredecible consecuencias en la Justicia. Reconoció que en el caso de la institución que integra, se plantea la necesidad de apelar a mejores tecnologías “a fin de lograr un sistema de contralor que nos haga menos vulnerables a maniobras como la del falso médico”.