El sindicalismo tucumano está devaluado como expresión de fuerza política, perdió la potencia institucional de otrora, cuando la sola mención de las siglas de la CGT o de las 62 Organizaciones provocaban respeto y repercutían en la sociedad como ámbitos naturales de representación laboral e ideológica. Muy diferente a lo que ocurre a nivel nacional. Hoy los sindicatos locales y sus dirigentes tienen individualmente más reconocimiento que aquellos que podrían estar encumbrados en la conducción de una organización de segundo grado, como las confederaciones generales de trabajo.

Sucede muy especialmente en la provincia, donde muy pocos ciudadanos -e incluso algunos propios gremialistas, como comprobó este columnista- saben quién está hoy al frente de la cegeté tucumana (tarea para la casa, pero se trata de Marcelo Luis Sosa, de la UOM). Sí se puede decir quiénes encabezan algunos de los gremios principales porque estos dirigentes se han concentrado exclusivamente en la defensa de sus afiliados y se han ganado un espacio público. De esos, unos cuantos han tentado suerte en la política, con éxito dispar, y ahora aspiran a ocupar una banca legislativa.

En este punto hay que detenerse, porque así como han sufrido una devaluación política, su ascendencia electoral va en consonancia; aunque con el sistema de acople todo lo que le sume al de más arriba siempre sirve. En este marco, lo primero que hay que decir, sin temor a equivocaciones, es que la mayoría del gremialismo tucumano, si no todo, está detrás de la fórmula oficialista: Manzur-Jaldo; ya sea por cuestiones ideológicas vinculadas a la afinidad peronista, por el trato que reciben desde el Gobierno provincial, o bien por las bajadas de línea de las centrales nacionales de los gremios a causa de la proximidad que tienen con el gobernador. Es que en su paso por el Ministerio de Salud de la Nación, el mandatario estableció buenas relaciones con la dirigencia cegetista, y eso le está rindiendo frutos, por lo menos en el aspecto político-electoral. Ciertamente le sacó partida a esa habilidad pública.

Un aporte a la gobernabilidad

Entonces, ¿es o no importante el caudal de votos que el sindicalismo peronista le pueda aportar al binomio oficialista? No se puede decir que vaya a ser significativo por lo que se admite como una verdad tácita desde las mismas esferas del poder político: los gremios le aportan más a la gobernabilidad a Manzur que lo que pueden sumarle cuantitativamente desde el plano electoral. Para que se entienda el sentido del argumento: haber arreglado sin mayores conflictos las paritarias estatales con UPCN, ATE y ATSA -por ejemplo- le provoca un alivio social, ya que evitó que en tiempos electorales haya protestas sindicales y manifestaciones callejeras que puedan debilitar la gestión. La gobernabilidad primero, lo electoral después.

Tras esto, cabe mencionar que hay gremialistas que irán en varios acoples: Reneé Ramírez, de la Sanidad, buscará su reelección a través de Frente Solidario Laborista; Roque Brito, de los mercantiles, pugnará por llegar a la Legislatura por Comunidad en Organización del “Tano” Alfaro; Eduardo Bourlé (La Bancaria) también buscará repetir por “Tucumán en Positivo”, de Carolina Vargas Aignasse; y el secretario de Trabajo, Roberto Palina (Fotia) intentará retornar a la Cámara a través de su Partido de los Trabajadores, al que llamó así en honor a su admirado Lula.

UTA no aporta candidatos, pero acompaña a Fernando Juri, mientras que ATE tiene aspirantes en acoples en el interior. Así también la Uocra y Smata respaldan a postulantes peronistas del oficialismo. Cada uno jugará su “cuero” en los comicios, pero con la referencia sindical detrás, aunque todos separados. Es la representación de lo atomizado que está el gremialismo tucumano, no fortalecido a través de una central obrera única. Cada cual apostando por lo suyo, ya sea en el plano sindical o en el político, y en este caso desde lo electoral.

Los memoriosos recordarán que la última CGT que sobresalió fue la que resultó constituida durante la gestión de Fernando Riera (1983-1987) y por su explícito pedido. Resultó la unificación de las dos centrales obreras, al tiempo que se creaba la Secretaría de Trabajo: un dirigente, Julio César Pérez (alimentación), quedó al frente de la confederación y Bernabé Jiménez (carne) asumió en el organismo laboral de la provincia.

En Tucumán hay cerca de 160 organizaciones gremiales, incluyendo las que integran la Fotia y la FEIA, pero en los últimos tiempos no han logrado coincidir para conformar una central única fuerte. ¿Razones? La realidad, la crisis por sectores ha hecho que cada organización se enfoque en sus propios conflictos. Además, no han surgido dirigentes sindicales con carisma propia, a lo Saúl Ubaldini.

Por allí se deslizó: algunos que creen que por ser secretarios de un gremio ya tienen votos, cuidado con confundirse. Más allá de lo que puedan acercarle los sindicatos al Gobierno, es posible que en los próximos días se realice un encuentro masivo de organizaciones sindicales con Manzur, una propuesta que habría surgido en una de las tantas reuniones que el mandatario mantuvo con gremialistas por el Día del Trabajador, el miércoles. Una forma de demostrar que la mayoría del sindicalismo tucumano acompaña a la fórmula oficialista a partir de exponer una imagen. Todo suma.

El gremialismo, aunque con un perfil bajo como expresión representativa de la sociedad, contribuye y se expresa electoralmente pero, ¿y la Iglesia Católica?: ¿será un actor político en los comicios provinciales, en qué medida, y en favor de quién? Cuando se hace esta consulta, referida a la Iglesia y a sus líderes espirituales, tanto oficialistas como opositores coinciden en que no observan actitudes de parte de los sacerdotes que puedan interpretarse desde lo político como arrimando fichas por uno u otro lado; por lo menos en la provincia. Prescindencia total.

Diferente a lo que sucede a nivel nacional, donde el involucramiento de la Iglesia es más notorio en el plano político e institucional, especialmente a partir del gran debate que generó la polémica por la interrupción voluntario del embarazo que dividió al país. Baste recordar la repercusión que provocaron en el Gobierno nacional las recientes declaraciones de Guillermo Marcó, ex vocero del papa Francisco: “los católicos no van a votar a Macri porque sienten una profunda desilusión”. Aunque luego aclaró que debería haber dicho muchos católicos no van a votar al Presidente; sus expresiones sonaron como música política celestial a los oídos del peronismo. Prestaron atención, y aún siguen repercutiendo en algunos gobernadores justicialistas.

El jueves, además, Bergoglio puso su granito de tinte electoral al deslizar que hay que “buscar liderazgos que ayuden al encuentro entre los argentinos”. Lo hizo durante una visita de pastores argentinos al Vaticano. Algunos de estos aludieron a la polarización social del país. Grieta, en otros términos. El Papa, como enseña el manual de conducción peronista, se puso por encima de los combatientes -o líneas internas- y sugirió apostar a los que unan, sin definirse por ninguno de los contendientes. ¿Francisco peronista?

Aquí, en la provincia, la Iglesia Católica, no será un actor político de influencia en el tiempo electoral. Por más que desde el Gobierno se haya impulsado la declaración de provincia provida y que sus dirigentes alienten algún soplo de simpatía con el oficialismo por parte de la Iglesia, desde el propio peronismo se remarca que habrá una “división” -por decirlo de alguna forma- del voto católico -si vale llamarlo así también- con la senadora Silvia Elías de Pérez. La Iglesia Católica, al margen de la disputa electoral. No la vemos participando directamente, sostuvo alguien del Poder Ejecutivo.

No se puede decir lo mismo de los evangélicos, más activos en cuanto a la actividad política a partir del trabajo social que llevan adelante sus comunidades. Un involucramiento tal que los lleva a disputar bancas legislativas. Varios de sus pastores son candidatos, y por distintos espacios políticos: los hay tanto por el Frente Justicialista por Tucumán que por Vamos por Tucumán y por Valores para Tucumán, que encabeza Bernardo García Hamilton. Libertad de militancia. En el país se dice que los evangélicos constituyen entre un 15% y un 20% de la población; una cifra como para la política ceda a la tentación de acercarse a ellos.

La “pata evangélica”

En la Argentina, los protestantes tiene su propio partido: el Movimiento de Acción Social Federal (Masfe), que lidera el senador mendocino Héctor Hugo Bonarrico y que en Tucumán tiene sus seguidores. De hecho, el Masfe está en proceso de armarse en la provincia y, según cuentan, alcanzaron las 2.500 afiliaciones, pero el adelantamiento de los comicios los dejó administrativamente a mitad de camino. En Tafí Viejo, en la lista que postula a Javier Pucharras como intendente (Partido de los Trabajadores) aparece como candidato a concejal el pastor David Spuches, integrante de la junta promotora del Masfe.

En la provincia hay 800 iglesias evangélicas, y se dice que 400 tienen registro de culto. El año pasado, el Gobierno aprobó la ley 9.130 por la que se declara el 31 de octubre como el Día Provincial de las Iglesias Evangélicas y Protestantes; promovida entre otras por Sandra Mendoza -la esposa del diputado nacional José Orellana-, que profesa esa religión. De hecho, ese día, el oficialismo realizó un gran acto en el teatro Mercedes Sosa con las comunidades evangélicas. “En cada lugar vemos cómo los pastores trabajan para aliviar los males y los problemas que atraviesan las distintas comunidades”, dijo Jaldo.

En el oficialismo, varias voces confiadas aseguran que los evangélicos están mayoritariamente detrás del FJT, sin embargo, los hay instalados -como mencionamos- en distintas expresiones políticas. Por ejemplo, Elías de Pérez trabaja codo a codo con la pastora evangélica Ana Valoy, quien saldrá como candidata a legisladora por el PRO en un acople opositor. “Al ser la Iglesia Evangélica autonómica, no hay jerarquía, por lo que no hay una bajada de línea; cada cual puede apoyar a aquel por el que sienta afinidad política”, explica Valoy.

En Tucumán habría 180.000 cristianos no católicos; un número como para que cualquier expresión política o dirigente ambicioso busque adhesiones en ese espacio religioso. Los mismos evangélicos, atentos a este detalle, sostienen que se les acercan muchos “vende humo” que sólo van detrás del voto. Así como en cualquier elección general o provincial, siempre se aspira a contar con la llamada “pata peronista”, con los protestantes cabría parafrasear, en función de su incidencia social cada vez mayor, que la “pata evangélica” es tentadora para la clase política.