Dos semanas en materia de política de seguridad es como arrojar un vaso de agua a El Cadillal. Sin embargo, durante 14 días se encendieron señales de alertas positivas y negativas. Hubo pulgares para arriba y otros para abajo. Y lo que es más importante aún, aparecieron nuevos caminos que se podrían recorrer en el tan complicado e intrincado laberinto llamado inseguridad.

El Gobierno recibió un poco de alivio en estas dos semanas. Por primera vez en lo que va del año se registró un solo homicidio en situación de robo, los crímenes que conmocionan y movilizan a toda una sociedad. Y este logro, clave en un año electoral, no fue fortuito y, mucho menos, el resultado de un milagro. Ese índice se redujo porque desde el Ministerio de Seguridad decidieron apostar más a la prevención y eligieron a un hombre especialista en la materia: Manuel Bernachi. El actual jefe de Policía, quien estuvo durante años al frente de la división que se encarga de organizar los operativos de seguridad en toda la provincia, le dio otra impronta a la fuerza: abandonar las oficinas para recorrer las calles.

Las estadísticas respaldan la idea, pero falta mucho todavía. Hay dos cuestiones por resolver.

La primera es si la Policía, con los recursos humanos que cuenta podrá aguantar tanta exigencia.

Y la segunda, quizás más importante, es confirmar si se hará una inversión en equipos, especialmente en móviles para avanzar con este plan.

El Poder Ejecutivo (PE) provincial realizó el año pasado un importante gasto para la adquisición de armas y de chalecos para los uniformados. La primera entrega debería haberse hecho en marzo, pero hasta el momento no llegó nada.

Mercado negro

En estas dos semanas los tucumanos recibieron un frío baño de realidad. Los bikers terminaron entendiendo que si los asaltan en las sendas de los cerros es porque hay alguien que compra las bicicletas o sus partes en el mercado negro. Se organizaron y marcharon para reclamar por más seguridad. Luego se reunieron con las autoridades policiales de Yerba Buena y acordaron dos puntos clave: se comprometieron a luchar en contra del circuito de venta ilegal y elaboraron un plan para que los uniformados estén en puntos y horarios estratégicos. Lo más importante: entre todos buscaron una solución.

También quedó al descubierto lo que ocurre con las motos en la provincia. En el primer semestre se denunció la sustracción de unos 860 rodados. Oficialmente se informó que se recuperaron unas 150. ¿Las restantes? Y es muy probable que varias de ellas estén entre las 1.300 que fueron retenidas por la Policía por infracciones de tránsito en lo que va del año y que nunca fueron reclamadas por sus propietarios. O quizás fueron desarmadas y vendidas en partes en las decenas de páginas de Facebook que ofrecen de todo sin ningún tipo de problema. Franco F, un ladrón de motocicletas, levantó la ira de muchos porque contó con lujos de detalles cómo delinquen y tiró un dato fundamental: es más económico adquirir en el mercado negro una moto robada que pagar una multa. Clarito.

Circuitos ilegales

Y con los celulares pasa lo mismo que con las motos, aunque todavía no hayan trascendido números tan categóricos. Es cierto que el Estado tiene la obligación de cuidar a los tucumanos, pero son los miembros de una sociedad los que deben colaborar para que los mercados negros no sigan creciendo a paso firme. Comprar en el circuito ilegal alimenta a la delincuencia. Ahorrarse hasta un 60% por una adquisición aumenta directamente la posibilidad de que más personas mueran en la calle en un robo. Así de simple.

Las drogas

En estas dos semanas cuestiones vinculadas a drogas volvieron a ser noticia. Hubo de todo, pero lo más importante es que la guerra al narcotráfico declarada en la gestión presidencial de Mauricio Macri y a la que se adhirió el Gobierno provincial de Juan Manzur, está a punto de transformarse en un parche más y no en una solución de fondo, que es lo que se necesita en el país y en la provincia.

El ambicioso plan ya está chocando por fallas estructurales. Las cárceles federales no tienen lugar para alojar a los acusados; hay una evidente mora judicial por la falta de recursos humanos en la Justicia Federal y no hay una política clara para acabar con las redes de narcomenudeo que tanto daño generan en los barrios argentinos y tucumanos.

Sí se debe reconocer que se incrementaron enormemente los secuestros de drogas en todo el país, pero aún se está muy lejos de ganar la batalla. No hay un diagnóstico cabal sobre el flagelo. Y tanto es así que con la persecución penal, el sistema elegido para acabar con este monstruo, no alcanza.

Espacios ocupados

Lo que sucede en La Costanera es un ejemplo. Rogelio “El Gordo” Villalba, emblema del narcomenudeo en la provincia, terminó en la cárcel por venta de droga, actividad que habría desarrollado durante años. Su detención no movilizó al Estado. Al barrio no llegaron agentes para fomentar la salud, la educación y el trabajo.

Al vacío que dejó el también llamado “El Rey del Paco” lo llenaron otras personas que también se dedicaron a la venta de sustancias prohibidas.

A casi tres años, uno de esos hombres fue detenido. Ocurrió una semana después de que “El Gordo Rogelio” volviera a su casa porque se habían vencido los plazos legales para ser enjuiciado por la actividad ilícita que se desarrollaba. Así es muy difícil acabar con la muerte en los barrios.