Todo acaba por saberse gracias a la justicia del tiempo, que es más eficaz que los tiempos infinitos de la Justicia, y tarde o temprano esparce la tierra depositada sobre las investigaciones. Los procesos penales son, al fin, “cuerpos” (de papel) que se resisten a ser enterrados. Ese fenómeno de liberación de verdad acaba de operar respecto de la causa de 2002 que pretendía esclarecer las versiones de las coimas que supuestamente 27 legisladores habrían recibido para aprobar la reforma de la Constitución que promovió el entonces gobernador Julio Miranda. El caso cumplió… ¡17 años! Tanto lo cajonearon que “desapareció” hasta para sus interesados principales, muchos de los cuales siguen siendo funcionarios públicos. Mientras tanto, el olvido preparó las condiciones para colocar a la vista ese monumento insuperable a la impunidad de las denuncias de corrupción.

La parálisis de la causa concluyó oficialmente el 8 de marzo pasado, cuando la secretaria Karina Rivera encontró el volumen 24 “debajo de un armario” del Juzgado de Instrucción en lo Penal Nº5 de esta capital. Además de estar cubierto de polvo y sucio, el expediente presentaba proyectos de notificaciones sueltos. Las comunicaciones frustradas habían sido confeccionadas en 2014 con el fin de informar a las partes involucradas en el proceso sobre la sentencia que rechazaba el pedido de sobreseimiento emitida… ¡en 2010! Mirta Lenis de Vera, la jueza que firmó esa resolución, se acogió a la jubilación con el beneficio del 82% móvil en 2016 y se marchó abandonando “en el aire” la pesquisa contra los 27 legisladores.

El fallo subraya que los patrimonios de al menos nueve de los funcionarios investigados habrían aumentado “en forma sustancial” en el período octubre de 1999-febrero de 2002. El pronunciamiento también deja constancia de la falta de colaboración de la Legislatura para proporcionar las declaraciones juradas y otros datos requeridos por la Justicia -en ese período ocupaban bancas, entre otros, los actuales vicegobernador Osvaldo Jaldo e intendente capitalino Germán Alfaro-. Después de formular sus sospechas acerca de la posible adulteración de algunas manifestaciones de bienes, Lenis de Vera consideró infundado el pedido de sobreseimiento de Pedro Gallo, el fiscal fallecido y padre del funcionario constitucional homónimo. Dicho de otro modo, “sorpresivamente” y cuando parecía acabada, Lenis de Vera resucitó la investigación.

Pero la inacción acaecida en la última década, sólo interrumpida a medias por la “tentativa” de notificación de la sentencia, abona la conjetura de que no hubo intención de investigar de veras, sino que las iniciativas esporádicas habrían obedecido a motivaciones de otro género -un príncipe del foro se pregunta, por ejemplo, si los movimientos estarían ligados al deseo de ejercer presión sobre la corporación política-. Nada de esto resulta extraño en “Trucumán”, donde sólo recibió condena firme uno de los 219 procesos por posibles hechos de corrupción abiertos en la Justicia Federal y provincial entre 2005, cuando fue suprimida la Fiscalía Anticorrupción, y 2017, según un informe de LA GACETA y de Chequeado.

La causa de las presuntas coimas pagadas a legisladores oficialistas y de la oposición “apareció” un mes después de que la jueza Carolina Ballesteros llegara al despacho Nº5. En este lapso muy breve, la magistrada remitió hasta tres notas al día a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para comunicar las anomalías detectadas en el juzgado, por ejemplo, alrededor de 250 procesos sin trámite. Ese conjunto comprende el caso abierto en 2002 para dilucidar la posible compraventa de voluntades en el Poder Legislativo, pero lo que trascendió primero fueron las 13 actuaciones frenadas sobre pornografía infantil -serían 22-. Al día siguiente de la publicación del hallazgo, la Corte mandó a sus auditores: ¿llegarán esta vez los vocales hasta la médula del asunto o se contentarán con otra respuesta superficial?

La peripecia de la denuncia original del concejal y candidato Ricardo Bussi exhibe las cavernas del fuero penal. La primera reacción ha sido trasladar a los funcionarios Carlos López y Demetrio Kuchimpos. Por lo que se sabe, ellos habrían cuestionado a la nueva jueza y reclamarían la revisión del desempeño de la secretaria Rivera. Con el mismo criterio podría ser analizada la actuación de Jimena Suárez, quien como prosecretaria habría participado en la elaboración de las cédulas traspapeladas. Por el lado de la acusación llama la atención que Gallo (p) se haya desligado de un tema tan gordo y que este tampoco haya entrado en el radar de Mariana Rivadeneira, la fiscala que lo reemplazó en 2011. La pregunta es cómo un expediente de tal calibre pudo ser dejado a la buena de Dios sin el conocimiento de los jueces que se hicieron cargo de la oficina empezando por la propia Lenis de Vera, y continuando por los sustitutos Marcelo Mendilaharzu, Víctor Manuel Rougés -también se ha jubilado- y Juan Francisco Pisa. Los últimos tres percibieron ingresos adicionales por atender el Juzgado Nº5.

Desde el punto de vista político, el hallazgo de Ballesteros corrobora que los legisladores pueden ser inmunes a la Justicia y estar más allá de la ley. No sólo no prosperó -pese a las pruebas incriminantes destacadas por Lenis de Vera- la causa de las presuntas coimas de 2002: tampoco fue esclarecido el escándalo del dinero otorgado a la Convención Constituyente de 2006, que con Juan Manzur a la cabeza concretó la habilitación de la reelección, el antiguo anhelo de Miranda y de su vice, Sisto Terán. A ello se suma que pasaron casi cuatro años desde la apertura de la pesquisa relativa a los posibles abusos cometidos con $ 615 millones destinados a los gastos sociales legislativos de 2015 y el caso luce estancado, sino lisa y llanamente clausurado. La acumulación de estos antecedentes judiciales da cuenta de un poder convencido de que maneja todas las variables y que se permite jugar con el tiempo desoyendo una verdad apodíctica: el tiempo siempre acaba poniendo a cada quien en su lugar, que es otra forma de dar a cada uno lo suyo.