El músico Gustavo Cordera propuso hoy brindar dos recitales a beneficio de instituciones para evitar el juicio oral que se le sigue por "inicitación a la violencia colectiva" durante una charla con estudiantes de la academia de periodismo "Tea Arte".
"Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan y porque tienen culpa y no quieren tener sexo libremente. Quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente a la que sí. Somos muy complejos los seres humanos", dijo el ex líder de La Bersuit en la charla celebrada en agosto de 2016.
Gustavo Cordera deberá afrontar un juicio oral por violencia contra la mujerLa propuesta de "probation" de la defensa de Cordera, encabezada por el abogado Fernando Burlando, de dos recitales a beneficio del Inadi y un asociación civil especializada en violencia de género, fue aceptada por la Fiscalía pero sumando un curso sobre género y un texto de retractación pública que el músico deberá publicar en sus redes sociales.
El Inadi emitió un dictamen sobre los dichos de Gustavo CorderaLos querellantes en el episodio, el Inadi y la asociación civil "Red Viva", de asistencia a las víctimas de violencia y abuso sexual, se opusieron en cambio a que se suspenda el juicio, por entender que no se reparará el daño que hizo el artista al ventilar en público la violencia contra las mujeres y que su arrepentimiento no está probado.
Luego de escuchar el argumento de las partes, el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 7, Germán Castelli, tendrá hasta 10 días hábiles de plazo para decidir si otorga o niega el beneficio de la suspensión del juicio.
En la audiencia, el músico señaló que los dichos que se le imputan fueron vertidos "en una charla privada" y que desde esa oportunidad "he leído mucho (sobre género) y tengo a mis dos hijas, Ailín y Yanela, que me enseñaron a deconstruirme como hombre".
En cuanto al plazo de suspensión del juicio, la defensa de Cordera propuso un año, un tiempo que para la Fiscalía debería alargarse a un año y medio, tras el cual se verificará, en caso de aprobarse la suspensión, si el imputado cumplió o no con los compromisos acordados ante el tribunal.