El Colegio de Abogados de la Capital dijo que el auxiliar de fiscal actúa en la práctica como un fiscal titular; que ello implica una lesión a la Constitución, y que irá a juicio para fulminar al funcionario escogido por el Ministerio Público Fiscal sin concurso ni publicidad. Estas manifestaciones constan en el parte de prensa que emitieron al filo del fin de semana el presidente Marcelo Billone y el secretario Guillermo Arévalo. La comunicación precisa que la decisión de judicializar la figura impulsada por el ministro público fiscal, Edmundo Jiménez, había sido adoptada en forma unánime. En paralelo, Jiménez intensificó su apoyo al funcionario cuestionado, y formalizó la creación de un organismo para los juicios de robos y hurtos (se informa por separado).
“La lectura del artículo 94 septies de la Ley Orgánica del Poder Judicial reformada por la Ley 8.992 permite advertir que aún cuando este refiere que el auxiliar de fiscal asistirá al fiscal penal bajo su supervisión y dirección, en los hechos las funciones asignadas lo equiparan al fiscal titular y lo convierten en un fiscal subrogante, que no sorteó ninguno de los mecanismos de designación (concursos) previstos en la Constitución ni en la ley. Existe, por lo tanto, un sistema discrecional”, opinaron Billone y Arévalo. Ambos recordaron que en septiembre ya habían expresado una posición contraria al nombramiento de auxiliares por mera decisión de Jiménez cuando trascendió la noticia de que, por la escasez de fiscales propiamente dichos, iban a comenzar a desempeñarse “representantes de representantes del Ministerio Público Fiscal”.
“Tales designaciones, que pretenden justificarse con el argumento de la urgencia, no son sino el resultado de actitudes reprochables de los poderes. Tenemos un Poder Ejecutivo que dilata innecesariamente su atribución constitucional de cubrir las vacantes una vez recibidas las ternas de parte del Consejo Asesor de la Magistratura; un Poder Legislativo que avanza sobre las garantías constitucionales, y un Ministerio Público Fiscal que ejerce sus facultades discrecionalmente y soslaya el recaudo de publicidad imprescindible para aventar cualquier cuestionamiento”, añadieron los dirigentes de la abogacía.
Billone y Arévalo afirmaron que la función de su entidad era velar por la garantía de la recta administración de justicia. “Este objetivo no se alcanza con la sanción de leyes que dejan de lado el respeto a los principios y garantías constitucionales. Por ende, promoveremos una acción declarativa de inconstitucionalidad respecto del auxiliar pues nunca la invocación de una emergencia puede superar el valladar del acatamiento del debido proceso legal, y de los derechos de defensa y del juez natural”, dijeron.