Casi la mitad de los detenidos en cárceles y comisarías de la provincia se encuentra sin una condena firme. Así lo indican las estadísticas del Ministerio de Seguridad: el 48% de los internos está bajo prisión preventiva.
Los números surgen en medio de la tensión institucional entre los poderes Judicial y los estamentos políticos: el Ejecutivo y el Legislativo. La semana que viene, el martes a las 10, debe concretarse la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia en el marco de un habeas corpus correctivo iniciado hace tres años y medio por la crisis carcelaria.
El PE dice que la Corte está al borde de violar la independencia de poderes en la crisis carcelariaEn ese expediente, la Corte en pleno generó fallos con órdenes de diverso tipo tendientes a revertir el estado crítico de las dependencias estatales destinadas al alojamiento de ciudadanos privados de la libertad. Ahora, el PE objetó la realización de esa audiencia y pidió que se cierre el proceso.
Las cifras que manejan en la Cámara, aportadas por el Ministerio de Seguridad de la Provincia, permiten elaborar una radiografía del sistema carcelario. De los 1.282 internos (1.173 por el fuero provincial y 109 federal), 671 tienen condena (52%). En tanto, hay 611 internos procesados, lo que da el 48%. Del total, 954 personas están alojadas en el penal de Villa Urquiza, según esas estadísticas.
Con esos números en mano, el legislador Marcelo Caponio salió al cruce del Poder Judicial. "Antes que crisis carcelaria hay que aclarar que existe una crisis en la política criminal, y el único responsable de la política criminal es el Poder Judicial", arremetió. .
La Legislatura adhiere a la advertencia del PE a la Corte"Casi el 50% tienen prisiones preventivas, y solo 671 personas tienen condenas definitivas de prisión o reclusión. Para que la gente entienda la diferencia, una vez que el delincuente cumple el plazo de prisión preventiva (máximo dos años), queda libre y sale a la calle sin antecedentes penales. Tenemos las cárceles llenas de delincuentes con prisión preventiva que salen libres sin condena y sin antecedentes penales. El problema es la impunidad porque el delincuente no tiene condena. El delincuente que comete un hecho ilícito debe ser investigado, juzgado y condenado", planteó el parlamentario, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales.
El oficialista reclamó a la Justicia que apure la aplicación de las reformas penales. "La Corte Suprema de Justicia debe poner el esfuerzo en implementar el nuevo Código Procesal Pnal para que las condenas se apliquen en tiempos razonables. Las estadísticas justifican lo expresado: De las miles de denuncias penales en la provincia solo el 0,02% tiene condena; es decir que la impunidad en la provincia es del 99,98%. Hemos corroborado que los delitos de robo, motoarrebato, entre otros, no tienen condena en nuestros tribunales", graficó.
Los cambios al Código Procesal Penal, que aún no fueron implementados, fueron aprobados el 20 de octubre del 2016.