Sólo la mitad de las universidades públicas del país posee un protocolo sobre violencia de género de alcance general, mientras que una veintena no tiene esa herramienta siquiera a nivel de las facultades, según datos de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (Ruge) del Consejo Interuniversitario Nacional.

Así, de las 57 universidades públicas nacionales o provinciales que conforman el sistema argentino, 31 (55%) tienen protocolo con vigencia en toda la institución, mientras que dos (3,5%) lo tienen sólo a nivel de algunas facultades, tres "están proceso de elaborarlos" (5%) y 20 (36,5%) no tienen ninguno.

Los protocolos establecen pautas para "prevenir, atender y sancionar administrativamente los casos de violencia" que pudieran darse entre personas que trabajan o estudian en la universidad.

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La primera en contar con esa herramienta fue la Universidad Nacional del Comahue, que lo incluyó en 2014.

"Las universidades tienen muchos problemas para su cumplimiento. No basta con tener una normativa para garantizar el ejercicio pleno de los derechos", dijo la coordinadora del Comité Ejecutivo de Ruge, Carla Fernández.

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Por su parte la presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (Fuba), Eva Dimopulos, aseguró que las universidades vienen corriendo un paso por detrás de lo que el momento histórico está demandando.