Líderes independentistas de la Polinesia francesa acaban de presentarse ante la Corte Penal Internacional, denunciando como crimen de lesa humanidad los múltiples ensayos nucleares realizados por el gobierno de Francia en los atolones de Mururoa y Fangataufa durante 30 largos años. Hasta 1996.
El aludido archipiélago, como sucede también con las Islas Malvinas, está -desde el año 2013- en la lista corta de los territorios que aún deben “descolonizarse”, que lleva y activa el llamado “Comité de Descolonización” de las Naciones Unidas.
La idea es obtener de Francia el pago de una reparación económica, por los daños causados por la radioactividad generada por esos peligrosos ensayos nucleares en algunas personas y territorios.
Hasta ahora, tan sólo un par de decenas de personas afectadas por ese problema han obtenido algunas muy pequeñas indemnizaciones.
Como el referido tribunal internacional sólo tiene competencia respecto de aquellos crímenes que pudieron haberse cometido desde el primero de julio de 2002, la posibilidad de que el tribunal finalmente intervenga en este tema luce entonces como bastante remota (los ensayos habían terminado seis años antes de esa fecha).
Útima instancia
Sólo el Consejo de Seguridad (de la Organización de las Naciones Unidas) podría habilitar al referido tribunal internacional a que considere y decida el tema planteado y, por ahora al menos, eso no luce, para nada, como una vía factible.
El cada vez más injusto “derecho de veto” francés ante el Consejo de Seguridad de la ONU, del que Francia es aún Miembro Permanente, lo impediría de hecho, seguramente. (Especial)