La investigación del crimen de un adolescente en Villa Muñecas tuvo un inesperado giro. Una de las armas utilizadas en el hecho había sido sustraída de la Oficina de Secuestros Judiciales del Ministerio Público Fiscal. El hecho generó un escándalo en Tribunales y originó otra investigación para determinar cómo la pistola nueve milímetros terminó en manos de supuestos asaltantes.

En la madrugada del domingo 30 de septiembre, Juan Costilla, de 17 años, fue llevado agonizando al CAPS San Rafael. Había recibido un disparo en el corazón, por lo que los médicos nada pudieron hacer para salvarlo. Sus amigos y familiares, en un primer momento, dijeron que le habían querido robar, pero con el correr de las horas se determinó que podría haber sido ultimado por una persona a la que él le habría robado.

Personal de la División Homicidios, al mando de los comisarios Jorge Dip y Diego Bernachi fue llamado por vecinos de avenida Francisco de Aguirre y Castro Barros. Allí les contaron parte de lo que había sucedido. Relataron que Costilla y otro joven, que fue identificado como “Mujerzuli”, le habrían robado una bolsa a una mujer y que un hombre, al que no supieron identificar, salió en su defensa, disparando e hiriendo mortalmente al adolescente.

También le mostraron el lugar donde había quedado el arma que habrían usado los presuntos asaltantes. La guardaron y, con autorización de la fiscala Adriana Giannoni, le realizaron una serie de pericias.

Así descubrieron que esa pistola pertenecía a la Policía y que, supuestamente, debería haber estado en poder de la Justicia y no en las calles.

La investigación

El arma en cuestión, según reconocieron fuentes judiciales, fue secuestrada a un uniformado en 2013 por una causa de abuso de autoridad. El expediente se tramitó en la fiscalía X, cuando aún era dirigida por Guillermo Herrera.

Supuestamente, ese año fue enviada a la oficina de Secuestros Judiciales, donde debería haber permanecido, ya que el Departamento Logística de la Policía, encargado de vigilar y custodiar los bienes de la fuerza, desde al menos 2015 venía solicitando su reintegro, pero nunca pudo terminar con el trámite. Ahora confirmaron que esa era una de las armas que estaban reclamando.

Sin embargo, esta nueve milímetros fue una de las armas que desaparecieron en un robo que se perpetró entre 2016 y 2017 en una de las oficinas de los tribunales de avenida Sarmiento. Se supo que Fermín Reyes Pérez, por ese entonces responsable de la oficina de Secuestros Judiciales, había denunciado el caso en la fiscalía que conduce Arnoldo Suasnábar. No hay información oficial sobre el avance de esa investigación, pero se estima que no se llegó a imputar a nadie por el hecho.

Inventario

“La oficina de Secuestros Judiciales, hasta que se dispuso la independencia del Ministerio Público Fiscal, dependía de la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces estamos haciendo un inventario para determinar qué armas y qué otros elementos existen ahí para poder determinar cuál es el faltante”, explicó Edmundo Jiménez, jefe de los fiscales.

El funcionario añadió que el trabajo lleva varios meses porque las armas no estaban bien inventariadas. “Había muchísimas cosas archivadas de manera desordenada. Pero estamos modificando el panorama. En esas oficinas había de todo, desde armas, pasando por vestimentas, palos, armas blancas y otros elementos que eran vitales para cualquier investigación”, agregó.

“Ahora está siendo todo debidamente clasificado con códigos de barras e inventariado para tener un mayor control de lo que está a cargo nuestro. Esta situación no se puede repetir. Además, profundizaremos la investigación del caso donde desaparecieron las armas”, concluyó.

Cómo es el sistema

1- Los investigadores secuestran el arma en la escena del hecho. Realizan algunos análisis y se la presentan a la Justicia.

2- El arma es recibida por personal de fiscalía que anotan su ingreso. Allí la guardan para que se realicen las pericias correspondientes.

3- Una vez que terminaron de investigar, la envían a la oficina de Secuestros Judiciales para que sea requerida en un futuro juicio.

4- Los propietarios pueden retirarlas si no se indica que se las utilizará más judicialmente. Para hacerlo, los dueños deben demostrar su titularidad.

El caso

Un vecino de la zona es buscado por el homicidio del adolescente. 

Juan Costilla, según la hipótesis que maneja la Justicia, murió en manos de un joven que hizo justicia por mano propia. El sospechoso, que está siendo buscado, habría presenciado el robo y, por defender a la víctima, disparó, hiriendo mortalmente al adolescente. Por otra parte, “Mujerzuli”, según la investigación, habría abandonado a su supuesto cómplice en el centro asistencial y se mantuvo oculto varios días. Sin embargo, personal de la Brigada de Investigaciones Norte, al mando del comisario Miguel Carabajal, lo detuvo varios días después. Se cree que buscaba a menores de edad para cometer arrebatos en diferentes puntos de Villa Muñecas. Normalmente lo hacía después de haber ido a bailar o de haber participado en reuniones.