Un cuestionario innecesario y agraviante, que encubre fines políticos y elitistas: con estos términos describió Adela Seguí, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), la petición de los profesores Felipe Rougés y Carlos Saltor para acceder a datos sobre la cancelación de la exposición del médico Abel Albino, y la política de libertad de cátedra sustentada por la unidad académica. Esta solicitud dio lugar a la apertura de un proceso en la Justicia Federal puesto que, según los peticionarios, Seguí incumplió la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública (se informa por separado).
“Lo solicitado constituye una falta de respeto para con la institución”, dijo la decana en una nota del 27 de septiembre pasado, es decir, cuando estaba vencido el plazo legal para responder la consulta administrativa y el juicio ya había sido iniciado. Seguí dio aquella contestación a la pregunta sobre si existía un reglamento interno o una lista con los temas que no podían ser tratados en las aulas de Derecho. “No existe ningún listado como el que mencionan”, agregó la funcionaria que este año logró la reelección en el cargo.
En el mismo texto, Seguí dijo que había explicado a los medios de prensa los motivos de la suspensión de la actividad de Albino. Y reiteró que había transmitido su preocupación a la entidad organizadora, el Colegio Santa María, y que esta había resuelto trasladar la exposición (al hotel Catalinas Park). “Al haber hecho públicas esas razones, el pedido que hacen los requirentes es innecesario y no encuadra en la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública”, afirmó. La decana negó que existiese una resolución con oradores prohibidos y manifestó que esa pregunta resultaba agraviante. Por último, invitó a conocer los datos sobre ingresos por alquileres de aulas y otras instalaciones en la Secretaría Económica Financiera de la Facultad.
“No hay materia para un pedido de acceso a la información pública ni incurrí en mora porque di explicaciones sobre lo sucedido. Respondí administrativamente sólo por cortesía. Hice declaraciones a medios de comunicación masiva sobre la necesidad de preservar derechos vinculados a la salud pública y de evitar situaciones de confrontación en un momento de máxima tensión en el país”, insistió ayer Seguí, a partir de una consulta de LA GACETA. La decana dijo que Saltor y Rougés pertenecen a una minoría que perdió las elecciones en la Facultad, y que con sus preguntas persiguían impedir el trabajo de las autoridades elegidas con el apoyo de la mayoría de docentes, no docentes, estudiantes y graduados. Y añadió: “la Facultad no para de crecer. Estamos gestando un nuevo plan de estudios y la acreditación de la carrera, y hemos abierto espacios de trabajo académico (de grado y posgrado), de investigación y extensión que vinculan la institución al medio como nunca sucedió. Ellos quieren impedir ese crecimiento, y conservar una Facultad cerrada y profundamente elitista. Eso es lo que en realidad los anima”.