Quienes frecuentan o habitan el ecosistema judicial saben que uno de los grandes condicionamientos de este ámbito es que no dispone de los mismos recursos discursivos que la política. Los jueces, en principio, no pueden salir a “contestar” a quienes los cuestionan. No tienen, en general, la formación para contrarrestar el lenguaje de los conocedores de la prensa y de las redes sociales. Además, en su capacidad de respuesta impacta la posición de los estrados superiores. Por otro lado, cualquier exceso amenaza su prestigio. Ese trasfondo impulsó la creación de un aparato que pudiese conectar los Tribunales con la sociedad, sin intermediarios. La Corte Suprema de Justicia de la Nación llamó a ese mecanismo Centro de Información Judicial (CIJ). Pero la pugna entre los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti terminó comprometiendo su objetivo: mejorar la imagen de la judicatura.

La idea del CIJ tomó forma durante la I Conferencia Nacional de Jueces de 2006 celebrada en Santa Fe. Aquella Corte exhibía una nueva integración -producto de la depuración promovida por el ex presidente Néstor Kirchner- y el deseo de dar vuelta el capítulo bochornoso escrito durante el período menemista. De un Poder Judicial gobernado por la “mayoría automática” se pasaba a otro consciente de su necesidad de reconstruir los vínculos con la comunidad. Lorenzetti no era todavía presidente de la Corte, pero ya se perfilaba para desempeñar ese rol. Y su llegada al despacho número uno del máximo tribunal del país le permitió definir todo sobre el CIJ: desde su formato hasta su contenido. Desde luego, al frente del portal institucional (cij.gov.ar) quedó una periodista de su confianza, María Bourdin, que ejecutó la nueva política de comunicación durante la última década.

La maquinaria informativa debía dar acceso a fallos con trascendencia pública y a la agenda de la magistratura. Pero la experiencia demostró que contar estas noticias implicaba necesariamente un recorte y una selección de la actividad institucional. Por ende, esa tarea divulgativa demandaba criterios firmes y protocolos que nunca quedaron del todo explicitados. Y con el tiempo creció la percepción de que el CIJ servía los intereses de un sector y subrayaba el protagonismo de Lorenzetti. Para esa visión, ciertas fotos eran más elocuentes que las resoluciones.

Desenlace borgeano

Las controversias alentaron sospechas e interpretaciones. En marzo de 2011, la publicación de la noticia relativa a un exhorto enviado desde Suiza para solicitar información sobre los sindicalistas Pablo y Hugo Moyano en una actuación por supuesto lavado de activos dio lugar a que dirigentes kirchneristas acusaran al CIJ de orquestar operaciones para desestabilizar al Gobierno. La reacción incluyó la amenaza de un paro nacional, que luego fue desactivado. En esa ocasión, Bourdin aseguró que aplicaba parámetros de transparencia y que publicaba el material que enviaban todos los jueces del país. El CIJ también generó polémica cuando, en un video presentado en la apertura del año judicial 2015, incluyó al fiscal federal fallecido Alberto Nisman entre las víctimas de delitos. Distintas lecturas y versiones indicaban que, con esa estrategia, Lorenzetti intentaba golpear a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner luego de que esta denunciara la existencia de un “Partido Judicial”. El mismo acontecimiento generó otro cortocircuito: el entonces titular de la Corte había afirmado que el atentado contra la Embajada de Israel de 1992 era “cosa juzgada”, pero, al otro día, el aparato de información judicial se vio obligado a desmentir esa “sentencia” y a precisar que la investigación continuaba.

Al CIJ se le achacaban omisiones y demoras. No pasó inadvertida la tardanza con la que dio a conocer la acordada del 11 de septiembre que desplazó inesperadamente a Lorenzetti de la presidencia de la Corte. En las semanas que siguieron, Bourdin y más de 10 agentes abandonaron la agencia. La directora pasó a prestar servicios en la vocalía de Lorenzetti, y el órgano de divulgación quedó acéfalo, desmantelado e inaccesible, según el presidente Rosenkrantz. Irritado por la exhibición de este conflicto, Lorenzetti atribuyó a su sucesor desde maltrato y personalismo hasta mediocridad y pretensión de regresar a los escándalos de otros tiempos. Todo sucedió en medio de la cita con ministros de los superiores tribunales de los países que integran el G-20 y mientras Rosenkrantz debutaba como titular de la Corte. El CIJ, que días antes del alejamiento de Bourdin había festejado los 10 años de funcionamiento ininterrumpido, quedó momentáneamente paralizado. La ventilación de las diferencias entre los pares del cuerpo colegiado sustituyó la pretensión de conectar a los jueces con la ciudadanía. El Poder Judicial terminó así borgeanemente herido por el dispositivo informativo creado para fortalecerlo.