El ex integrante de la Junta de Calificaciones, Heriberto Cortés, confesó ayer que le había sorprendido que el ex comisario Enrique García estuviera en la lista de habilitados para el ascenso en la Policía, en 2010. Entonces, había puesto en duda la inclusión, teniendo en cuenta que había sido imputado por falsificación de instrumento públicos y se le había dictado la prisión preventiva en una causa de 2006. “Ellos sabían de todo el movimiento. (Eduardo) Di Lella y (Mario López) Herrera conocían de todo”, afirmó el comisario retirado.

Cortés, de 60 años, cumple tareas en la intendencia de Banda del Río en la actualidad. “(Trabajo) con el intendente Darío Montero. Además, soy jefe de Seguridad de Atlético”, según se presentó ante el Tribunal. En actividad, fue jefe de las unidades regionales Este y Capital y perteneció el círculo de confianza del ex jefe de Policía, Hugo Sánchez.

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Di Lella, ex secretario de Seguridad durante la gestión de José Alperovich, y Sánchez están imputados por encubrimiento del homicidio de Paulina Lebbos, ocurrido en 2006.

“García figuró en la nómina que había conformado el Departamento Personal de la fuerza. Estaba bajo la aplicabilidad de los artículos 225 y 223 (del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial), que le había permitido integrar la lista de candidatos para el ascenso”, explicó Cortés, ante la Sala III, integrada por Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto.

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El ex jefe de la comisaría Raco fue retirado de la estructura policial (“estado pasivo”), al confirmarse la prisión preventiva en 2006. En 2007, el ex subjefe del cuerpo oficial, Nicolás Barrera, elevó un pedido para respaldar el “reintegro al servicio efectivo” de García, medida adoptada meses después por la asesoría letrada de la institución. En 2010, el agente fue ascendido por el beneficio de la figura administrativa “antigüedad calificada”; mientras que en 2013 fue condenado a cinco años de cárcel por encubrimiento agravado: había modificado registros oficiales, en el marco de la investigación por el crimen de Paulina.

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“Todos los integrantes de la Junta de Clasificaciones eran policías del más alto rango (también lo integraba José Díaz, actual jefe de Policía), comisarios generales, quienes en 2006 habían ocupado puestos importantes también en la estructura policial. Estos coincidieron en que no habían recibido órdenes para investigar el homicidio de Paulina”, enfatizó Alberto Lebbos, padre de la joven. “En segundo lugar, cuando integraron la Junta, conocían los delitos que había cometido García, pero no habían objetados esa postulación. La disposición era ascenderlo, y lo hicieron”, añadió.

Tras los testimonios de los miembros de ese cuerpo administrativo y de la ex jefa de asesoría letrada de la Policía durante la semana, Lebbos hizo hincapié en que “se había deformado la ley policial y el régimen de disciplina y se lo acomodó para que García ascienda en 2010 como un premio”.