Fueros de senadores
La Ley Nacional de Fueros N° 25.320, modificada en el año 2000, establece que en los casos en que haya abierta “una causa penal contra un legislador, funcionario o magistrado”, la Justicia debe continuar el procedimiento “hasta su total conclusión”. Aquí, el “caso Lebbos” no es una causa penal contra José Alperovich, vale decirlo. Siendo así, lo más, se puede lo menos. Debería poderse. En el “caso Lebbos”, el tribunal estableció que el testigo debía aclarar su testimonio escrito en forma oral en el recinto donde se ventila el juicio (¡Y qué testigo!, que llegó a decir públicamente, siendo gobernador de Tucumán, a pocos días del asesinato de Paulina, que ya se sabía la identidad del autor). Pero la Corte rechazó el criterio del tribunal y le permite a Alperovich que todo lo haga por escrito, “hasta la total conclusión” del caso Lebbos. Qué buen servicio le haría a la justicia el senador que representa a la Provincia, aclarando lo que haya que aclarar de su testimonio escrito. El juicio oral del crimen ocurrido en tiempos de la gobernación Alperovich, las operaciones de encubrimiento y las actitudes de un fiscal “cajoneador” (Carlos Albaca, por siete años) y de otro (Alejandro Noguera, a cargo de la investigación entonces) que lo visitó en su domicilio particular -retratado por LA GACETA-, son una oportunidad única para que el senador tucumano le preste un servicio a la justicia. Y, si puede, se desprenda él y su entorno de tantas sospechas. Los fueros no son un privilegio personal sino una garantía de la banca para quien ejerce las funciones en el Senado. Ojalá la Corte nacional revoque este fallo de la Corte tucumana.
Carlos Duguech
c.duguech@gmail.com
Normas en Yerba Buena
El Municipio de Yerba Buena 3-las Normas de Convivencia 0. Todos recordamos frases o enseñanzas que nuestros padres nos inculcaron de chicos. Mi papa siempre decía, “hijo: ni de política, ni de religión, ni de fútbol se habla en la mesa”. Los años pasaron y siempre pensé que discutir sobre religión no tenía sentido, porque es una cuestión de fe; la política nunca me interesó demasiado y el fútbol nunca me pareció una materia que ameritaba o justifique discusiones o peleas. Sin embargo, desde que vivo en Yerba Buena, la política y el fútbol empezaron a cobrar relevancia en mi vida, como temas que no me permiten vivir tranquilo. Desconozco qué establecen el Código Urbano y las normas sobre las cuales se aprueba un proyecto comercial en Yerba Buena. No sé si el fútbol es considerado algo de “interés público”, que permita o justifique violar normas de convivencia básica y, por último, desconozco el proceso para aprobar un emprendimiento comercial. Pero apelando a la lógica y a las buenas costumbres (supongo que las normativas municipales no violan la lógica ni las buenas costumbres), quiero comentar algo que viene sucediendo sistemáticamente en este municipio. En la avenida Perón al 1.000, al 900, al 400 y próximamente al 700, hay canchas de fútbol funcionando (en la Perón al 700, se están instalando 10 canchas de fútbol con estacionamiento para 300 autos), que sistemáticamente violan las normas de convivencia de zonas residenciales y hacen imposible la vida de los vecinos. ¿Por qué unas canchas de fútbol violan normas de convivencia? Porque generan gritos, alaridos, insultos, desmanes y peleas a toda hora que se desarrolle la actividad, en conjunto con la venta de alcohol, música a todo volumen y gente alcoholizada hasta altas horas de la madrugada. Estas canchas, con sus consecuencias, están siendo autorizadas a funcionar en una zona que es residencial, donde se encuentran varios barrios con muchas familias y lo peor de todo es que están siendo autorizadas sin que siquiera se haga un correcto estudio del impacto que las mismas generan. Por ello, esperando que mi papá no se enoje, invito a los políticos de Yerba Buena a mi casa, a charlar en la mesa, sobre el rol de la política (velar sobre el bienestar de los cuidados) y el fútbol (sin tocar la religión), para que sepan cuánto es el daño que les están haciendo a muchísimas familias de este municipio.
Pedro Luis Mazzamuto
pedromazza@hotmail.com
Anomalia del servicio sanitario
Espanta comprobar la anomia reinante en el servicio sanitario tucumano, que es responsabilidad del ejecutivo provincial, propietario del 98% de las acciones del concesionario SAT Sapem. Lo grave es que el incumplimiento de las normas se da, principalmente, en el ente controlador Ersept, lo que deja indefenso a los usuarios ante el abuso, incumplimiento e impunidad reinante en la prestación. Un ejemplo concreto es lo ocurrido con la Audiencia Pública realizada el 23/02 de este año, para considerar la Revisión Tarifaria Integral Ordinaria de SAT Sapem correspondiente al período que abarca entre el 01/07/2017 y el 30/06/2021 y sus nuevos valores tarifarios. La audiencia transcurrió con múltiples planteos de nulidad que presentamos numerosos participantes del acto. Posteriormente, el Ersept emitió el 26/04/2018 la Resolución Nº 246/18, unificando las nulidades planteadas y desestimándolas por extemporáneas, aduciendo que debieron presentarse en el momento de inscribirse en la audiencia. Este es un fundamento totalmente falso y arbitrario, pues no correspondía unificar las nulidades sino considerarlas individualmente. En mi caso, fue en el momento previo al inicio de la asamblea que plantee, a viva voz, la nulidad por la falta en el expediente Nº 415/390-S-18 de actualizada información esencial para la defensa del consumidor, acompañando luego el escrito pertinente. Eso se ignoró. Posteriormente, en tiempo y forma, presenté el Recurso de Reconsideración contra la Resolución 246/18, y en esta ocasión se produjo una grave irregularidad por parte del Ersept. Mi presentación del recurso debidamente documentado en el expediente Nº 415/390-S-18, fue adulterada cambiando el número a otro expediente. Así, evitaron la aplicación del Art. 46 de la Ley 4.537 de Procedimientos Administrativos, que dispone “se abstendrá de poner en ejecución actos... pendientes de recurso”. Finalmente, cito otra irregularidad improcedente. SAT Sapem facturó a sus clientes la nueva tarifa, (que desde febrero 2017 a abril 2018, el Ersept incrementó en un 72%), emitiendo, anticipadamente, boletas de cobro con fecha 26/04/2018, cuando la resolución habilitante Nº 246/18 recién se publicó el 02/05/2018 en el Boletín Oficial Nº 29.238. En conclusión: claras nulidades esenciales ignoradas, fundamentos falsos y arbitrarios al resolver, falsificación de documentación del expediente y cobros antes de la fecha legal habilitante, es el negro procedimiento con que nuestras autoridades manipulan el deficiente servicio de agua potable y cloacas. Alguien debería hacer algo.
Raúl Santiago José Giménez Lascano
rsjgl@yahoo.com.ar
El malentendido
Interesado siempre en todo lo que se escribe en esta sección de Cartas de Lectores, creo útil destacar el problema de “El malentendido”. Sin duda, es este un síntoma de perturbación psicológica que acusa gran parte de la población, y sin duda el principal causante de la comunicación, tanto a nivel personal, como también a nivel periodístico y político. Este problema tiene que ver con la equivocada forma de pensar y de interpretar textos, que puede observarse en muchas personas que desconocen estar perturbadas psicológicamente por prejuicios e ideologías. Sin embargo, esto no es todo, porque hoy está de moda -en las llamadas redes sociales- deformar el vocabulario español, he inventar palabras con total liberalidad. Podemos constatar que en algunas declaraciones ya se apela a la aberración idiomática de “todos y todas”. Es sabido que el vocabulario “todos” incluye a la totalidad del auditorio al cual nos estamos dirigiendo. De hecho, esto constituye un craso error al cual, ahora, se agrega la deformación del término, modificado con el de “todes”. Desconozco las usinas donde estas aberraciones se producen, pero puedo intuir que todo apunta a lograr una mayor estupidización de la sociedad, mediante la desfiguración del idioma. Me llama la atención, que la Academia Española se apresure a legitimar palabras y expresiones, que son esotéricas al lenguaje que todos hemos estudiado. Temo que estemos entrando en forma anestesiada a ser inocentes protagonistas de una nueva Torre de Babel.
Humberto Hugo D’Andrea
hdandrea95@gmail.com
Servicio de salud ocupacional
Hace ya bastante tiempo que docentes de la ciudad de Concepción (la más importante de nuestro sur tucumano) vienen padeciendo la falta de una unidad operativa del Sesop (Servicio de Salud Ocupacional Provincial). Las razones de su intervención o cierre no son claras. Pero sí son claros los perjuicios que dicha falta provoca en los colegas de esa ciudad, que deben, en condiciones muchas veces lamentables, apersonarse a la Unidad Operativa Central de San Miguel de Tucumán, con toda la incomodidad y gastos que ello ocasiona. Para peor de males, las unidades operativas de ciudades cercanas, como por ejemplo Aguilares, se niegan rotundamente a prestarle su atención. Existen muchas quejas por esta situación, que permite concluir que es arbitraria y pretende ser aleccionadora hacia los docentes, en particular, y empleados públicos, en general. Pero más allá de todo, esto requiere de la intervención, a la brevedad, del gobierno para subsanar terrible falencia. No se puede someter a personas enfermas a este tipo de martirio, que muchas veces ocasiona trasladarse hasta la capital tucumana. Con un poco de razonamiento y sentimiento de humanidad, que muchas veces le falta a este ente de control, se daría una solución efectiva para tranquilidad de cientos de docentes de Concepción, y se respetaría su derecho a una atención acorde a sus necesidades.
Hugo Marcelo Brito
hmarcelobrito@gmail.com
El padecer del trabajador
La República Argentina debe ser uno de los pocos países del mundo donde un trabajador posee entre dos y hasta tres trabajos para vivir dignamente. Muchos están en negro (es un trabajo no formal, no registrado), y cuando te jubilas aportando como ciudadano sin privilegios, el “pato de la boda” son los jubilados, que sacrificando años de labor padecen atropellos del Estado, reconociendo los años aportados de unos, y los de los otros no se tienen en cuenta. Se trata de un acto de verdadera injusticia, que no contempla la Ley Laboral. Las jubilaciones otorgadas a funcionarios y políticos no se analizan. Con ello, evidencian el desastre jurídico que padecemos los tucumanos.
Carlos Rubén Ávila
rubenavila20@gmail.com