Si sólo el escándalo mueve la vida política de Yerba Buena, no debería resultar llamativo que el intendente de esa ciudad, el radical Mariano Campero, pueda ser puesto contra las cuerdas por sus opositores. Esta vez, le reclaman explicaciones a él y a funcionarios suyos por haber acudido a un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para contratar, de modo directo, a una empresa por $ 4,5 millones. Anoche, el Concejo Deliberante se aprestaba a aprobar un proyecto de resolución para citar a funcionarios municipales, pero la sesión se levantó en un cuarto intermedio.
A mediados de abril, Campero empleó a la firma “Valdez Construcción y Diseño” -con domicilio en San José- para que coloque unos 7.500 metros cuadrados de hormigón en unas 10 calles de los barrios San Expedito y Cossio, de esa localidad. El acuerdo estipula que el contratista debe proveer la mano de obra y la maquinaria. Debido al monto, se debería haber convocado a una licitación. Sin embargo, la Intendencia se valió de un decreto.
“Si algo caracteriza a esta gestión es la transparencia. Todo lo que hacemos, lo hacemos por licitación. En este caso, quisimos darle trabajo a la gente del barrio. Ante eso, recurrimos a una contratación. Si hubiésemos llamado a concurso, las oferentes habrían puesto su personal”, respondió Campero.
Las cuadras que se le encomendaron a la familia Valdez (“se trata de una empresa familiar”, dice el jefe vecinal) forman parte de las mejoras que se realizan en el barrio San Expedito y alrededores, situado atrás de los predios de la Sociedad Rural y en el que viven unas 370 familias de bajos recursos. El programa es financiado por la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación y supone una inversión que ronda los $ 57 millones.
De ese total, Campero afirmó que, para cuando hayan acabado, más de $ 50 millones habrán sido licitados. Actualmente, dijo, se han gastado unos $ 32 millones. “Cerca de $ 30 millones ya pasaron por un proceso licitatorio”, precisó. Para sostener sus dichos, compartió una planilla sobre el avance de las tareas. Ahí figura que a la fecha se efectuaron siete licitaciones y una contratación directa (la de Valdez).
“Este programa no sólo ha traído mejoras urbanas, sino que también ha generado sinergia. Hoy, son los vecinos los que pondrán hormigón en sus calles. Por supuesto que se puede leer cualquier cosa. No importa. Tengo la conciencia tranquila y la frente en alto. La oposición me va a criticar siempre”, agregó. De acuerdo a sus dichos, la subsecretaria de Vivienda y Hábitat de la Nación, Marina Klemensiewicz, se encuentra al tanto de lo resuelto.
Sesión trunca
El asunto fue abordado anoche en sesión por el Concejo Deliberante, tras lo cual el cuerpo se aprestaba a votar un proyecto de resolución para citar a los funcionarios que firmaron el expediente para que den explicaciones ante los ediles. Sin embargo, tras constituirse en comisión para redactar la iniciativa, al regresar al recinto la sesión fue levantada por un problema particular del edil oficialista José Macome. El debate se reanudará hoy desde las 9.
En el medio, quedaron las críticas de los opositores. “Se le destinaron $ 4,5 millones a una persona, a un NN. Ni siquiera tiene número de CUIL o CUIT, ni personería jurídica; no se encuadra en ningún marco legal. Es un hecho escandaloso, bochornoso”, denunció Maximiliano García.
“Celebro que se les dé trabajo a la gente y a los vecinos del barrio, pero me pregunto, ¿la idoneidad que marca la secretaria de Políticas Sociales es lo mismo que el control, que el nivel, que la capacidad de obra para que una secretaría de Políticas Sociales evalúe una empresa? También aduce que posee (la empresa) la inscripción correspondiente, ¿qué es la contadora general del municipio?”, arremetió Benjamín Zelaya. “Uno denuncia la corrupción; para cambiar de raíz los malos manejos debemos erradicar las maniobras de corrupción y de contratación directa”, añadió. “Si esto lo hacía el kirchnerismo sería un escándalo”, comparó el también radical Lucas Cerúsico.
Macome había cuestionado a los opositores: “¿Cómo podemos tomar en serio sus palabras cuando no los vemos en el Concejo? Me parece poco serio que tiren denuncias en el aire cuando ni siquiera lo charlaron antes con sus pares”.
Firma de funcionarios
Un “vecino” que posee idoneidad e inscripción
El decreto que precedió al contrato lleva además de la firma de Campero, las de José Luis Ferroni, secretario de Obras Públicas; Hernán Ganem, secretario de Hacienda, y Soledad Gettas, secretaria de Políticas Sociales. Cada uno y a su turno, los firmantes emitieron su opinión. Gettas, por ejemplo, fue quien planteó la necesidad de emplear a Valdez: “considero que sería pertinente evaluar la contratación del señor Juan Valdez, vecino del barrio. Posee idoneidad y la inscripción correspondiente. Por otro lado, resulta imperioso que se les brinde posibilidades de trabajo a las personas de la zona. Valdez contrataría, bajo su responsabilidad, a otros habitantes”. Ferroni también defiende la decisión. El ingeniero postula que no se trata, únicamente, de una obra. Es, además, un proyecto de desarrollo social, explica. Y recuerda que, cuando empezaron con las labores barriales, el ex secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, el tucumano Domingo Amaya, les pidió que trataran de emplear a los lugareños. “Ahí, la gente se dedica a la albañilería. Entonces, evaluamos que a la pavimentación pueden hacerla ellos mismos, con capacitación”, opina.
En qué consiste la obra
Un plan de urbanización iniciado en 2016
El programa en el San Expedito había sido presentado por Amaya en 2016. En principio, el plazo de entrega es septiembre de este año. Se realiza con fondos no reintegrables, que deben ser usados para calles, redes de agua potable, sistemas de desagües, equipamiento urbano, espacios recreativos y programas de desarrollo. La primera etapa incluyó el alumbrado público, por un monto de $ 1,2 millones, aproximadamente. Se le adjudicó a la empresa Alpre S.A. Luego construyeron una red de desagües pluviales y cordones cuneta, por unos $ 10 millones. Ese recado se le asignó a la firma Horbet S.A. Otros $ 8 millones fueron a las redes de agua potable y desagües cloacales, indicados a la constructora Hugo Cerviño. En esos casos, las beneficiarias fueron electas en procesos de licitación pública. Todavía figuran, por hacer, la construcción de veredas, los mejoramientos en plazas, la optimización de los pozos de agua potable, la puesta de mobiliario urbano y la delimitación del perímetro del canal. El estudio técnico y el armado del proyecto le fue encargado a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), dijeron en la intendencia.
Pedido de informes
Una nota y un reclamo de sanciones
Pese a los argumentos de los gobernantes, la movida les ha valido observaciones de un grupo de concejales opositores. El macrista Pedro Albornoz Piossek y los radicales Lucas Cerúsico, Maximiliano García y Benjamín Zelaya le enviaron una nota al intendente Mariano Campero, en la que le piden que les remita una copia fiel y autenticada del contrato entre la Municipalidad y la empresa de Juan Valdez.
Atento a la controversia, el presidente del Concejo Deliberante, el peronista Héctor Aguirre, declaró que la conducción de ese cuerpo, en la que es secundado por el macrista Marcelo Rojas, le solicitará al jefe municipal un informe detallado de lo hecho y de lo faltante. “Si es necesario, pediremos sanciones para quienes sean responsables. Este Concejo no permitirá manejos oscuros. Mucho menos, en una administración que se tilda de transparente”, completó.