Sin hacer declaraciones y con las esposas colocadas. Así fue retirado de los Tribunales, durante la tarde de ayer, Hugo Raúl Sánchez. Por disposición del tribunal, el ex jefe de la Policía fue trasladado a la base del Escuadrón 55 de Gendarmería, en El Colmenar. Allí permanecerá alojado hasta el final del proceso en el que se investiga el crimen de Paulina Lebbos y su posterior encubrimiento.

Una serie de mensajes de WhatsApp presentados durante la mañana por el médico forense Fernando José Vázquez Carranza -está declarando como testigo- desataron el escándalo.

Se trata de cuatro textos que fueron enviados al profesional el sábado pasado, cuando todavía no había comenzado a declarar, por parte de Enrique Andrada Barone, quien hasta ayer era abogado de Sánchez. Según se supo, el abogado le comunicó al testigo detalles de lo que fue la declaración del perito Daniel Alejandro Díaz, quien ya había sido indagado.

Por esta situación, antes del mediodía, la querella, representada por Emilio Mrad, solicitó que el ex jefe policial fuera detenido y que se investigara la intervención de su abogado defensor.

Finalmente, el tribunal dispuso la prisión preventiva para Sánchez y que Andrada Barone fuera apartado definitivamente de la causa. Por razones de conexidad, las actuaciones fueron remitidas a la Fiscalía IV de Diego López Ávila, para que investigue si se cometió algún tipo de ilícito.


Los jueces Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto dispusieron que Andrada Barone sea investigado “por la posible comisión de los delitos de amenazas coactivas, instigación al falso testimonio, estafa procesal en grado de tentativa y otros delitos que pudieran surgir de la investigación”. Esa pesquisa se hará extensiva al imputado Sánchez “por su probable participación en esos hechos, al ser el principal interesado”.

Por la gravedad de las acusaciones y por considerar que el letrado incurrió en un “incumplimiento injustificado de su función como defensor” se dispuso su separación definitiva del proceso y que las actuaciones sean remitidas al Colegio de Abogados para que analice su accionar.

“Expreso mi profunda vergüenza, tanto al tribunal como a todas las partes. Califico mi actuación como deplorable. Estoy dispuesto a recibir las sanciones que correspondan”, expresó Andrada Barone, quien aseguró que envió los mensajes “a espaldas de mi defendido”.

“No conocía del encono de Vázquez Carranza contra Sánchez. Actué de buena fe”, sostuvo. Según el letrado, se trató de una revancha del testigo contra su defendido. “Está enojado porque no llegó al cargo de comisario mayor porque fue pasado a retiro”, consideró.

El tribunal aclaró que dio lugar al pedido de prisión preventiva contra Sánchez “en virtud de la razonable presunción de que Andrada Barone no haya actuado sin, al menos, el conocimiento de su asistido”.

“Algunos aspectos del texto parecerían enviados por un tercero y reenviados por el letrado, respecto a una cuestión que, eventualmente, favorecería a Sánchez”, argumentaron al resolver la detención del ex jefe de Policía.

También se dispuso que Vázquez Carranza quedara bajo custodia de la Policía Federal hasta la jornada de hoy, cuando continúe declarando. El forense deberá informar si decide ingresar al Programa de Protección de Personas, medida que fue ofrecida por los jueces. Ayer, antes de la finalización de la audiencia, el testigo le pidió tiempo al tribunal para analizar la oferta. También deberá continuar respondiendo las preguntas aclaratorias de las partes. Será el tramo final de su intervención como testigo.

Poco antes de las 17, el detenido fue retirado de la sala de juicio, bajo custodia de la Policía Federal. En el estacionamiento del Palacio lo aguardaba un furgón en el que fue llevado hasta la sede de Gendarmería. Será representado por la codefensora Graciela Verónica Zotes.