Hace pocos días nos referimos críticamente, en esta columna, al serio problema que representa la alarmante falta de jueces en los Tribunales de Tucumán. La cuestión aparece de pronto como candente, a pesar de que LA GACETA la ha venido puntualizando, con tanta reiteración como nulo éxito, a lo largo de varios meses.
Nadie puede dudar que, ante una falencia de esa naturaleza, se hace imperioso tomar medidas conducentes a corregirla con premura. Pero no parece adecuada la reciente decisión del Consejo Asesor de la Magistratura. Este, para salir del paso, ha resuelto ahora habilitar la selección de magistrados subrogantes, a partir de la lista íntegra de los que superaron la prueba escrita y alcanzaron el puntaje legal, que por cierto es un umbral bajo. Esto significa la potencialidad de poner en manos del Poder Ejecutivo, la facultad de seleccionar a su antojo a los magistrados, entre todos los que se hayan presentado aspirando a un nombramiento en los cargos judiciales.
Hay que recordar que, justamente, tras un conflicto nada pequeño, el Consejo Asesor de la Magistratura quedó integrado, desde 2009, de manera que en el procedimiento de selección de jueces (por antecedentes y oposición) no tuviera el Poder Ejecutivo esa intervención preponderante que le había conferido la reforma de la Constitución. Así, su discrecionalidad quedaba acotada a los tres candidatos que le elevaba el Consejo, tras cumplimentar el procedimiento de selección.
La decisión tomada el miércoles último por este organismo significa, entonces, un franco retroceso. Ahora el Poder Ejecutivo ya no elige entre tres, sino eventualmente entre todos los aspirantes. Esto no hace ningún favor al anhelo de la comunidad de contar con magistrados cuya imparcialidad esté garantizada por la estabilidad.
Sería innecesario abundar en los tan conocidos conceptos sobre la fundamental independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo, que es una de las claves del sistema constitucional en toda democracia. Es uno de los puntos más delicados del mismo, y bien sabemos las tristes consecuencias que han derivado de cada ocasión en que se lo trató de desnaturalizar. La escasez de magistrados no puede ser excusa para que el Poder Ejecutivo se vea, de pronto, liberado de las limitaciones que tenía para el nombramiento de jueces. Lo que sería aconsejable es, por el contrario, tomar urgentes medidas para agilizar al máximo el sistema de selección, modificando todos los aspectos formales o burocráticos que signifiquen tardanza en la definición de los respectivos concursos. Esto en cuanto al Consejo. Y en cuanto al Poder Ejecutivo, le corresponde proceder con la máxima diligencia posible para que, una vez elevada la terna a su consideración, seleccionar de ella al candidato y enviar esa decisión a la Legislatura. Entretanto, la posibilidad que se manejó días pasados, de convocar a magistrados jubilados, podría servir para superar el trance.
Pero no parece para nada conveniente esta singular salida que el Consejo Asesor de la Magistratura acaba de resolver para cubrir provisionalmente las vacantes. No autoriza el apuro un retroceso como el que se ha dispuesto. Dado que existen las normas para limitar al máximo las facultades del Ejecutivo en el nombramiento de magistrados, no pueden orillarse los recaudos vigentes, sin vulnerar esos principios de independencia entre poderes que deben considerarse esenciales e intangibles en todo tiempo.