La dolorosa muerte de dos policías abatidos a sangre fría mientras cumplían con su deber en el parque 9 de Julio abrió interrogantes y dudas alrededor de cómo trabaja la Policía, de sus protocolos de acción y de la capacitación que tienen los uniformados cuando salen a la calle. Sergio Páez González y Cristian Peralta fueron los últimos uniformados abatidos en el cumplimiento de su deber, pero no fueron los únicos en estos últimos meses. Tras los asesinatos, sus familiares armaron una lista de problemas que enfrentan los integrantes de la fuerza y que ahora quedaron al descubierto: equipamiento insuficiente, falta de concientización del uso de los sistemas de protección (como los chalecos antibalas), falta de entrenamiento para determinados casos, la notoria debilitación del servicio 911, el mal uso de las redes sociales y las fallas de las cámara de seguridad. Todo ello conspira para que quienes deben velar por la seguridad de toda la ciudadanía, paradójicamente, estén más inseguros.

 

Víctor Nacusse, referente de los uniformados que desde hace años viene peleando por los derechos de sus compañeros, advirtió que existe una fuerte necesidad de aprovisionamiento y de capacitación para los efectivos, pero también acompañamiento de los tres poderes del Estado. “Llevamos años de deficiencias, que salen a colación solamente cuando fallece algún compañero. Falta mucha instrucción en la calle”, dijo Nacusse en estas páginas. Añadió, por ejemplo, que es casi nula la capacitación en tiro al blanco, algo vital para cualquier fuerza de seguridad del mundo.

 

También tras la muerte de Páez González y de Peralta, se puso en duda el sistema de vigilancia a través de las cámaras que están distribuidas en distintos puntos de la ciudad. Las imágenes de una de las filmadoras registró el paso de la Toyota Hilux en la que se habría desplazado Máximo Abraham, sospechoso del doble crimen. Pero cuando comenzaron a analizar las imágenes se dieron con que eran de muy baja calidad. Por eso tardaron en establecer si el vehículo era gris o blanco y no pudieron identificar el dominio, que hubiera facilitado la llegada al sospechoso, por más que el auto haya sido registrado a nombre de otra persona.

 

En momentos en que se producen cada vez más atracos y en que la inseguridad se apodera de las calles de nuestra provincia, parece inaudito que el Estado no se haya preocupado de la manera debida en capacitar, equipar y desarrollar a la fuerza de seguridad, y a todos los mecanismos tecnológicos a su disposición para poder cumplir con su obligación de velar por la integridad física de los ciudadanos.

 

En el corto tiempo que lleva 2018, las cifras no oficiales hablan de siete tucumanos que perdieron la vida en ocasión de robo. Es decir que murieron como consecuencia de haber sido víctimas de un atraco. La proyección de ese dato habla de un crecimiento esperado para este año de entre cinco y seis veces más de decesos por ese delito respecto de 2017.

 

La ciudadanía necesita autoridades que de una vez por todas se ocupen de manera seria y continua de la problemática de la inseguridad y que integrantes de los tres Poderes avancen en programas y políticas que modifiquen estos índices temerarios, que hablan de muerte y de pérdida de libertades de ciudadanos que salen a la calle con temor a ser víctimas de los delincuentes.