La adhesión a la cuestionada Ley Nacional de Riesgos de Trabajo (ART), impulsada por Cambiemos con el supuesto objetivo de reducir el nivel de litigiosidad laboral, comenzó a regir en territorio bonaerense.
La norma, sancionada el mes pasado por la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, era reclamada por el sector empresario, las aseguradoras, e incluso por la Nación y por la gestión de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Incluso, el presidente, Mauricio Macri, había llamado en diversas ocasiones a resolver la llamada “industria del juicio” en el ámbito laboral.
El 19 de mayo la propuesta había sido aprobada en la Cámara de Diputados, pero luego quedó trabada en el Senado debido al rechazo de los bloques de la oposición, quienes plantearon que “va en contra de los derechos de los trabajadores” y que tiene por objetivo la “flexibilización laboral”.
La norma bonaerense adhiere a lo dispuesto por la Ley Nacional 27.348, que -entre otros aspectos- establece a las comisiones médicas como instancia administrativa previa, obligatoria y excluyente, como paso previo a cualquier reclamo judicial de un trabajador por enfermedad o incapacidad.
Además, la ley le pone a esas comisiones un plazo de 60 días hábiles -prorrogables “por cuestiones de hecho debidamente fundadas”- para expedirse.
El texto sancionado por el Congreso de la Nación debe ser refrendado por los cuerpos legislativos provinciales. Por ahora, Tucumán no se sumó a ese régimen, aunque es uno de los pedidos expresos que realizó la Casa Rosada a las administraciones provinciales. (Télam)