En la Legislatura se aprobó el miércoles la prórroga de la ley de Emergencia en Seguridad. Los parlamentarios tuvieron en su poder un informe elaborado por el Poder Ejecutivo donde se detalla qué hizo la provincia en los últimos tiempos. En medio de acusaciones, discusiones y defensas, surgió un dato sorprendente: en los dos últimos años, la Policía detuvo a 7.964 personas por haber cometido algún tipo de delito en toda la provincia, sin tener en cuenta los que fueron encerrados por contravenciones. De ese número, según el informe elaborado por la fuerza, recuperaron la libertad unos 6.397, lo que representa un 80%.

Las cifras sorprenden. El estudio comprende los últimos cuatro semestres: arranca el 1 de julio de 2015 y termina el 30 de junio de 2017. El número de arrestados -de acuerdo al informe elaborado por la fuerza- creció más del 30%. Comenzó con 1.714 aprehendidos y terminó con 2.402. Las casi 8.000 personas privadas de su libertad corresponden a las 9.446 causas penales que tienen registradas los policías.

Mora judicial

“En Tucumán pasa lo mismo que ocurre a nivel nacional y sudamericano. Existe un gran número de personas procesadas, pero no condenadas. La mora que existe en la Justicia a la hora de absolver o penar a una persona es importante”, señaló el fiscal Diego López Ávila en una charla con LA GACETA.

El investigador, que no estaba al tanto de los números que maneja la fuerza, aclaró: “tener una causa abierta no es un antecedente. Lo es cuando existe una condena. Eso nos ayuda a los fiscales a solicitar que se los mantenga privados de su libertad. También debemos considerar que muchas causas llegan con errores en los procedimientos y eso nos impide actuar como corresponde. Sin embargo, es necesario que empecemos a revisar cómo podemos cambiar todo esto”.

“Estos números sirven para demostrar que la fuerza está trabajando y que aún queda mucho por hacer”, advirtió el secretario de Seguridad, Paul Hofer, que insistió en no responsabilizar a la Justicia por este problema. “Son pocos los fiscales y los jueces de instrucción que deben definir estos asuntos. Al igual que las cámaras penales no dan abasto y no pueden emitir todas las sentencias que se necesitan”, comentó.

“En este sistema todos los engranajes deben estar alineados a la perfección para que funcione correctamente. Debemos trabajar en conjunto para ajustar todo lo que sea necesario. Hay que corregir los errores y potencializar los aciertos para que se beneficie a toda la sociedad”, analizó el funcionario.

Reincidentes

Del informe se desprende que en los dos últimos años se aprehendieron a unas 6.621 (84%) personas por primera vez. De ese número, quedaron en libertad 5.477, están detenidos en seccionales 36 y fueron enviados al penal 1.108.

Los números de reincidencia también preocupan a las autoridades. De todos los arrestados, unos 1.343 (16%) tienen ’más de una causa pendiente con la Justicia. En ese guarismo se informó que 876 personas (65%) tienen dos causas; les siguen 257 (19%) personas con tres causas; 121 (9%) personas con cuatro y 46 (4%) con cinco causas.

Las personas que suman entre seis y 17 expedientes en su contra son 43 (3%). De este grupo de arrestados, 920 (68%) recuperaron la libertad, 231 (16%) se encuentran en distintas dependencias policiales y 208 (16%) fueron alojados en el penal de Villa Urquiza.

“La reincidencia es algo que debe tratarse. Hay que fomentar una política de reinserción para que los individuos que han cometido algún ilícito no vuelvan a repetir sus conductas. Actualmente, y con certeza lo puedo decir, el penal de Villa Urquiza no es un reformatorio que prepare los internos para la reinserción en la sociedad. La cárcel es todo lo contrario”, remarcó el abogado penalista José María Molina.