BUENOS AIRES.- Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron la intervención judicial de la firma Hotesur, perteneciente a Cristina Fernández y sus dos hijos Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, y que se dicte la inhibición general de bienes de las empresas ligadas a la firma de la ex presidenta. Además, los magistrados pidieron que se decrete una medida de no innovar consistente en la prohibición de modificar la composición accionaria de las firmas involucradas y que no se les permita distribuir dividendos.
El pedido fue presentado ante el juez Julián Ercolini en la causa que se sigue contra la ex mandataria y sus dos sucesores, y busca la intervención de Hotesur SA, dueña de Alto Calafate, de la empresa Valle Mitre SA, perteneciente a Lázaro Báez, y de IDEA SA, de Osvaldo “Bochi” Sanfelice, informaron fuentes judiciales.
Valle Mitre, primero, y luego IDEA fueron las administradoras de la firma Hotesur, y el pedido fiscal incluyó la solicitud para inhibir los bienes de las tres empresas.
Según dijeron Pollicita y Mahiques, se pretende “proceder a la recaudación de ganancias de actividad y detener el provecho que Máximo y Florencia siguen obteniendo” en función de que Cristina Fernández de Kirchner cedió su parte accionaria de la firma Hotesur a sus hijos.
Las sociedades comerciales señaladas son propietarias y administradoras de los hoteles que fueron adquiridos por los Kirchner y luego utilizados para lavar dinero, según el dictamen de los fiscales. Se trata de los hoteles Alto Calafate, Las Dunas y La Aldea del Chaltén.
El primero es propiedad de Hotesur; el segundo es de Máximo y Florencia, y el tercero le pertenece a Los Sauces.
En definitiva, los tres inmuebles pertenece a la familia de los ex presidentes. Los establecimientos fueron gerenciados por la firma Valle Mitre de Lázaro Báez y actualmente la explotación la está llevando a cabo Idea SA de Sanfelice.
Pollicita y Mahiques pidieron que las ganancias de los hoteles así como los cánones locativos que le son pagados a Hotesur y a Máximo y Florencia Kirchner se depositen en una cuenta bancaria del juzgado. Buscan evitar que “se consolide el provecho del ilícito, se haga frente a las eventuales penas pecuniarias y se obstaculice la impunidad de los partícipes en este grave hecho de corrupción”.
Para los fiscales, los miembros de esta asociación integrada por la familia Kirchner y personas de su más estrecha confianza defraudaron coordinada y sistemáticamente al Estado Nacional, a través de una matriz de corrupción instaurada en el ámbito de la obra pública de Santa Cruz y buscaron legitimar una porción de ese beneficio económico obtenido por el delito cometido, a través de la actividad hotelera. (DyN/Especial)