La Corte Suprema de Justicia de Tucumán dijo “basta” e intervino por seis meses prorrogables la Dirección Técnica Ejecutiva, una de las áreas administrativas del Poder Judicial que más creció en la última época. La reorganización de la oficina encargada del mantenimiento edilicio y de controlar las construcciones del Poder Judicial fue decidida por los vocales Antonio Gandur (presidente), René Goane y Antonio Estofán (la Acordada 605/17 indica que Claudia Sbdar y Daniel Posse estaban respectivamente de licencia y en un viaje oficial del Consejo Asesor de la Magistratura). El alto tribunal nombró interventores a dos funcionarios de la Dirección de Obras Públicas: Laura Fromm y Martín Torres Maciel.
Para practicar la “cirugía mayor” en la Dirección Técnica Ejecutiva, la Corte adujo complicaciones sistemáticas y un clima de trabajo negativo. Gandur, Goane y Estofán mencionaron la existencia de reiterados y sucesivos planteos de problemas, y conflictos suscitados en el ámbito de aquella oficina, tanto en lo relativo al manejo del personal como a cuestiones vinculadas a materias que hacen a su competencia. Los vocales expresaron que estas controversias habían generado numerosos expedientes y pesquisas administrativas, tanto respecto de la persona del director como de los demás integrantes de la oficina.
La intervención supone el relevo -en principio temporal- del arquitecto y secretario José Alberto Barrionuevo, que se desempeña como jefe del departamento. El resto del staff también quedó a disposición de los interventores Fromm y Torres Maciel. Según la guía judicial, en esta dependencia trabajan otros nueve funcionarios: Francisco Gamal Alí, Juan Domingo Bachs, Teresa Beatriz Barrionuevo, Martín Horacio Caldelari, Aída María David, Santiago José Emanuel Frías, Santiago Robinson Herrera, Elizabeth Gabriela Medina y Diego Sancho Miñano.
Paciencia colmada
Sin precisarlas, la Corte dijo que las graves y reiteradas circunstancias constatadas ponían en evidencia el desempeño deficiente de la Dirección Técnica. “Se considera necesario su reordenamiento y reorganización definitiva mediante la depuración y consolidación de los actos administrativos que sucesivamente este tribunal ha emitido en pos de su organización y buen funcionamiento”, añadió. Gandur, Goane y Estofán expresaron que la intervención es una herramienta de la organización administrativa que habilita al superior jerárquico, frente a la necesidad de reencauzar el funcionamiento de un órgano de su dependencia, a apartar al agente encargado e, incluso, a los empleados que colaboran con aquel a los fines de la normalización pretendida. Y agregaron que con esta medida buscaban dotar a la organización jurisdiccional y no jurisdiccional de mayor celeridad, eficiencia y transparencia.
Fromm y Torres Maciel quedaron facultados para designar provisoriamente al personal a cargo de las competencias técnicas inherentes a la Dirección. La Corte encargó a los interventores la elaboración del organigrama y manual de funciones, y la proposición de responsables. La intervención concluirá con el acto de la Corte que apruebe la reorganización ejecutada.
Fuentes judiciales explicaron que el alto tribunal adoptó esta decisión rotunda e inusual después de recibir numerosos reclamos y quejas sobre la Dirección, y urgida por las necesidades de mantenimiento de los edificios existentes, y de concluir las sedes en construcción en la capital y el interior. Este plan ambicioso de mejoramiento y expansión involucra un presupuesto significativo: aparentemente las demoras injustificadas y recurrentes colmaron la paciencia de los vocales.
Si correspondiese deslindar responsabilidades respecto de hechos anómalos, la intervención podría dar pie a la apertura de sumarios administrativos. En la base de acordadas disponible en línea consta que algunos integrantes de la Dirección recibieron sanciones en el último tiempo, entre ellos el director Barrionuevo y la ingeniera Medina, a cargo del Departamento Eléctrico. En diciembre de 2015 la Corte apercibió al primero y suspendió a la segunda en virtud de inconvenientes de sobrecarga de energía registrados y advertidos oportunamente por técnicos de EDET, entre otros reproches.