Primero fue Concepción. Ahora, la auditoría que lleva adelante el Tribunal de Cuentas (TC) en nombre de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) sobre la aplicación de los fondos nacionales recibidos en 2016 generó el rechazo de otro municipio que lleva el sello de Cambiemos.

Según el acuerdo 2.274, dictado la semana pasada por el ente de contralor provincial, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán sí brindó la información referida a los montos girados por la Nación en el período anterior, pero se rehusó a efectuar la rendición de cuentas por considerar que se trata de un “exceso en las atribuciones conferidas a ese órgano de control” por la Constitución provincial. Por ello, el TC señaló en las conclusiones que “la auditoría encomendada por la Sigen, en el marco de la Red Federal de Control Público, no pudo llevarse a cabo por la falta de presentación de la documentación” por parte de la capital.

El Tribunal de Cuentas, integrado por Miguel Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales), dio inicio a esta revisión administrativa de fondos nacionales en diciembre pasado. Sobre la base del decreto 38/2014 del Poder Ejecutivo de la Nación, los contadores fiscales de esta provincia comenzaron a recabar informes en municipios y comunas para constatar la recepción y aplicación de fondos federales relativos a 2016.

Los primeros resultados ya están disponibles en la web del ente de control. Así, por ejemplo, se supo que la administración del jefe municipal de Concepción, Roberto Sánchez (UCR-Cambiemos), había resuelto aportar la información sobre los $ 50,6 millones aportados directamente por la Rosada el año pasado, aunque no someterse a la auditoría de forma íntegra por razones de jurisdicción. “Además se está rindiendo cuentas permanentemente a la Nación. De lo contrario, no se podría avanzar con las siguientes etapas”, le indicó a LA GACETA el secretario de Gobierno, Julio Herrera.

En San Miguel de Tucumán, los contadores fiscales del Tribunal de Cuentas se dieron con una situación similar. El organismo detalló a través del acuerdo 2.274 que el primer requerimiento fue elevado por Terraf a Alfaro el 14 de diciembre de 2016. “(Se adjuntó) nota emanada de la Sigen que encomienda a este ente de control externo producir un informe respecto a los recursos en cuestión, con miras a trasladar sus conclusiones a la autoridad responsable de la gestión a nivel nacional”, detalla el informe oficial. Y remarca que, tras la insistencia a través de un nuevo escrito, finalmente el secretario de Hacienda municipal, Cristian Abel, remitió los datos solicitados.

La gestión capitalina transmitió así que, gracias a distintos programas nacionales, durante 2016 había recibido $ 1,7 millón para 40 viviendas sociales; y $ 120 millones -en diferentes etapas- para las obras de remodelación en la peatonal céntrica. A esto le siguió un nuevo requerimiento del TC, esta vez señalando aspectos puntuales sobre el uso esos fondos, como por ejemplo resúmenes de cuentas bancarias, detalles sobre el proceso de adjudicación de las obras y los certificados por los pagos de los trabajos realizados.

El ente de control, en este caso, no obtuvo una respuesta favorable, sino una explicación de la administración capitalina sobre el porqué de la negativa a someterse a la auditoría. “Se pone en su conocimiento que toda otra información o rendición de cuentas de planes nacionales será efectuada por parte de este Municipio, como se hace hasta la fecha, en cada Ministerio y/u organismo aportante de recursos, conforme a la modalidad convenida en cada caso”, indicó Abel.

Esta situación no cayó bien en el Tribunal de Cuentas, según se desprende del acuerdo 2.274. “La falta de respuesta de las autoridades del Municipio de San Miguel de Tucumán, pese a los tres requerimientos efectuados por los profesionales de este TC, realizados con la debida corrección y en un marco de respeto institucional, obstaculizó el cumplimiento de la labor de auditoría encomendada por la Sigen en el marco de la Red Federal de Control Público”, señala el dictamen final. Y advirtió que, además de lo informado por el secretario de Hacienda de la capital, se había obtenido información del secretario de Provincias, Alejandro Oscar Calderalli, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, según la cual la gestión de Alfaro había recibido dos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) destinados a “desequilibrios financieros” por un total de $ 65 millones girados en dos partes.

“Ante la imposibilidad de continuar con la actividad de control encomendada, corresponde darla por finalizada, dejando establecido que no se pudo llevar a cabo la auditoría solicitada por la Sigen por la falta de respuesta de funcionarios municipales”, concluyó el Tribunal de Cuentas.