Después de 20 años de marchas en la plaza Independencia, Carlos Núñez afirmó que al fin estarían frente a un principio de solución a sus reclamos por el pago de la movilidad y la actualización de sus jubilaciones. El referente de los jubilados transferidos en los 90 informó en la última asamblea en la plaza Independencia que mantuvieron una reunión en la Legislatura con el fiscal de Estado de Casa de Gobierno, Daniel Leiva. Expresó que el funcionario aseguró entonces que la Provincia buscaría una solución al conflicto.

“El fiscal de Estado se comprometió a estudiar una solución integral para el conjunto de los jubilados transferidos. Por iniciativa del vicegobernador (Osvaldo Jaldo) y del legislador (y presidente subrogante de la Legislatura, Julio) Silman, se recibió a los jubilados para que se les aplique el 82% móvil a los transferidos, de acuerdo a las leyes provinciales”, explicó también en la asamblea el legislador radical Eudoro Aráoz, uno de los promotores de la reunión. Desde el despacho que encabeza Leiva confirmaron a LA GACETA que abordarán los reclamos, aunque no brindaron declaraciones.

Alrededor de 38.000 pasivos fueron transferidos en 1996 del sistema previsional provincial al nacional, por la ley 6.446. Los transferidos recibieron una indemnización con un título denominado Bono Solidario (BOSO), dolarizado. Muchos lo malvendieron a raíz de la crisis por la convertibilidad. Un nutrido grupo comenzó a marchar para exigir a la Provincia el pago de sus haberes con actualizaciones, según marca un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Como entonces regía la ley 23.928 de la Convertibilidad no hubo aumentos de sueldo hasta 2003. El 7 de octubre de 2005, a 16 días de las elecciones legislativas nacionales, la Provincia autorizó mediante dos decretos el pago de la movilidad reclamada.

“En 2005, 2007 y 2009 nos pagaron la porcentualidad de manera irregular, pero no retroactivamente. Desde 2009 no recibimos más actualizaciones. Cuando fue la reunión le pregunté al doctor Leiva: ‘¿usted puede vivir, curarse, pagar impuestos y alimentarse con el mismo sueldo que ganaba hace 10 años?’. Me miró y me hizo un gesto de que es imposible “, protestó Núñez, que se jubiló en 1996 de Vialidad Provincial. A los 77 años continúa al frente de la Federación de Jubilados de la provincia. Siempre lleva consigo dos fotocopias: una nota de LA GACETA del 8 de octubre de 2005 donde se informa que el entonces gobernador, José Alperovich, establecía por decreto que al menos 25.000 retirados cobrarían el 82% móvil. Y una copia de la versión taquigráfica de una sesión de la Legislatura de 1996 en donde Alperovich -entonces ocupaba una banca por la UCR- reclamaba por el pago de los haberes atrasados a los jubilados.

“Pasaron tantos años de marchas y promesas que ahora al fin se abre una puerta a la esperanza. Hasta que no nos paguen no lo vamos a poder creer. El fiscal de Estado nos dijo que nos convocaría de nuevo a una reunión con el gobernador. Lo que es tremendo es que después de años de reclamos, de 38.000 jubilados ahora quedamos alrededor de 10.000. El resto está a un metro con ochenta bajo tierra. Murieron esperando, como tantos, como Florinda Leguizamón”, comentó Núñez, en referencia a la histórica militante por los derechos de los jubilados, que falleció en noviembre de 2014.

Aráoz despotricó contra el alperovichismo por no cumplir con las actualizaciones a los jubilados transferidos. “No llamaría olvido a lo que hizo la Provincia. Acá no hubo olvido, hubo una política deliberada de no pagarle a los jubilados lo que les correspondía por ley”, insistió el legislador.

Desde la Federación de Jubilados aseguraron que Tucumán es la única provincia en la que se mantienen el conflicto por la porcentualidad y movilidad. Cada miércoles los jubilados transferidos asisten a la plaza Independencia para mantener su reclamo. “Estamos en la miseria, no alcanza para los remedios.”, aseguró Celia Juliana Valle, de 71 años, que se jubiló como maestra en 1996. “De tanto dar vueltas a la plaza ya parece que nos toman por pelotudos”, criticó Orlando Zurita, de 79 años, jubilado en los 90 de la sección Automotores del Siprosa.