BUENOS AIRES.- Los ámbitos políticos, empresariales y judiciales se vieron sacudidos, con voces a favor y en contra, por la denuncia que el lunes lanzó el presidente, Mauricio Macri. El mandatario afirmó que existe una “mafia de los juicios laborales” y apuntó contra un “grupo de estudios” de abogados y “un grupo de jueces minoritario laboralistas, conducido por Héctor Recalde”, jefe de la bancada kirchnerista en la Cámara de Diputados.
Justamente, Recalde consideró que las acusaciones de Macri se deben a un “resentimiento personal”. “Hace muchos años, cuando (Macri) era presidente del Correo Argentino, le gané una querella por prácticas antisindicales en la Justicia laboral precisamente”, afirmó Recalde.
El consejo directivo de la CGT rechazó, en este sentido, “el nuevo avance contra la legislación laboral argentina” que promueve el Gobierno nacional. A la vez, condenó “el intento oficial de modificar la Ley de Ordenamiento del Régimen Laboral” y afirmó que el Ejecutivo considera que es “el elemento ‘comodín’ ante su inoperancia para solucionar conflictos del trabajo”.
El ex ministro de Trabajo, Carlos Tomada, calificó de “canallada” la acusación de Macri contra Recalde, y aseguró que lo dicho “es falso”.
El titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) y vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, reconoció que el sistema de juicios laborales “es perverso” y frena la llegada de inversiones extranjeras. “No quiero hablar de personas, hablo de un sistema. Y el sistema es perverso: ha generado deformaciones en el campo de los riesgos de trabajo, donde los accidentes de los días lunes o el reclamo por incapacidades son muchos mayores que los instaurados a nivel internacional y generan una industria del juicio que es innegable”, sostuvo. (DyN/Télam)