“Nunca he tenido un trabajo formal. Siempre he hecho ‘changas’. Hace tres años que estoy en el (plan) Argentina Trabaja y cobro una plata. No es mucho, pero me sirve para ayudar a mi familia. Además, aprendo albañilería. Me encantaría tener un trabajo seguro”, expresó, Lucas Rodríguez, de 28 años. El joven contó que uno de sus sueños es trabajar en la construcción y tener vacaciones y una obra social. “Sería lindo no depender más de un plan. Hay mucha política en esto y nadie cumple con lo que promete”, se lamentó.
Consultado sobre la posibilidad de acceder a un trabajo formal, mediante el “Plan Empalme”, que puso en marcha la Nación, Rodríguez afirmó que espera la oportunidad para postularse en alguna vacante. “Igual, me da un poco de miedo pensar que puedo perder el plan (social) y después quedarme sin trabajo. Hay mucha desocupación”, reflexionó el joven, que vive con sus padres y sus hermanos.
El programa oficial, que apunta a empalmar la cobertura asistencial con un empleo registrado presenta ciertas asimetrías en la distribución de los recursos. Según un estudio reciente que elaboraron los especialistas Marcelo Capello, Gerardo García Oro y María Laura Caullo, de la Fundación Mediterránea, el 69 % de los fondos del plan Argentina Trabaja se aplican en Buenos Aires, que aglutina el 39 % de la población del país. En tanto, en Tucumán, que concentra el 3,7% de la población del país, el Estado canaliza el 11 % de los recursos. “Una forma de compensar estas asimetrías es incluir, en el ‘Plan Empalme’, a los programas que financian las provincias”, advirtieron los autores del informe.
Esta distribución desproporcionada de recursos, en relación a las problemáticas de cada una de las provincias y de las regiones, “es parte de la herencia recibida de gobiernos anteriores”, recalcó el estudio. “Esta cuestión se materializa en los escasos niveles de información disponible acerca de la cantidad y de la distribución territorial de los beneficiarios de planes sociales”, observó la Fundación Mediterránea. “El impulso del ‘Plan Empalme’ sobre una distribución inequitativa de programas de empleo podría acentuar las distorsiones. Es imperiosa la necesidad de evaluar qué programas de empleo podrán ingresar al plan, y cuáles podrían articularse con programas de empleo ejecutados por los gobiernos subnacionales”, reflexionaron los investigadores.
Criterios de distribución
La Fundación Mediterránea remarcó que la asignación de recursos nacionales a los programas de los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo demuestra un criterio desparejo, que excluye a nueve de los 24 distritos del país, que conforman las 23 provincias y la Capital Federal. Buenos Aires concentra el casi el 70% de los fondos del plan Argentina Trabaja y detrás se ubica Tucumán, con el 11% de los recursos. En el tercer lugar se posiciona la Capital Federal, con el 3,9% de los fondos, seguida por Chaco, con el 2,4%. En contrapartida, el resto de las provincias recibe el 1% de los recursos, mientras que un total de nueve jurisdicciones (Córdoba, Santa Fe, Jujuy, Neuquén, Chubut, Catamarca, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego) no registran beneficiarios del plan Argentina Trabaja.
“La iniciativa podría tener un impacto formalizador, especialmente en el Gran Buenos Aires, pero escaso poder de fuego sobre buena parte del interior del país. Esto podría ocurrir, particularmente, en aquellas provincias que fueron discriminadas por el gobierno anterior en materia de planes sociales, si es que esa asignación se mantiene en el tiempo. Sin un verdadero replanteo de la administración de los recursos que se destinan a los programas de empleo y de protección social es difícil esperar que puedan alcanzarse resultados efectivos para contrarrestar las problemáticas de informalidad laboral”, insistieron los expertos.
Finalmente, los autores del informe afirmaron que la corrección de las disparidades regionales requiere “la contextualización de la problemática de la informalidad laboral y los diferenciales en condiciones de vida que afrontan los habitantes del país”. “La presencia de problemas de empleo repercute en los indicadores sociales como las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), que reflejan la pobreza estructural. Esto resalta la importancia de repensar los criterios de abordaje territorial de las políticas sociales y de empleo en la Argentina”, concluyeron los investigadores de la Fundación Mediterránea.
Pautas y alcances del programa de empleo
¿En qué consiste el “Plan Empalme”?
El programa establece que los beneficiarios de planes sociales, que consigan empleo formal en el sector privado, cobrarán el aporte estatal durante un período determinado.
¿En qué se benefician los empleadores privados?
Aquellos que incorporen trabajadores que cobran planes podrán reducir el gasto de salarios, si generan nuevos puestos o si regularizan relaciones laborales vigentes.
¿Cuánto durará el aporte del Estado?
Las personas que perciben planes sociales del Estado nacional podrán mantener la ayuda durante dos años, desde el momento en que se incorporen al mercado formal.
¿Cómo se instrumenta el apoyo estatal?
Si un empleador privado paga al trabajador un sueldo neto de $ 12.000, el Estado nacional abonará $ 4.030, durante dos años, equivalentes al monto del plan Argentina Trabaja.
¿A quiénes beneficia la medida del Gobierno?
Alcanza a los beneficiarios de los distintos programas como “Ellas Hacen” y “Argentina Trabaja”, del Ministerio de Desarrollo Social, y “Construir Empleo”, de Trabajo.
¿Están incluidos otros planes sociales?
También figuran en los alcances del programa quienes participan de los planes “Jóvenes con más y mejor trabajo”, “Promover”, “Intercosecha” y “Trabajo autogestionado”.
¿Podrán ser despedidos los que cobren planes?
El nuevo trabajador podrá ser despedido por su empleador en los mismos términos que marca la ley laboral. Si fuera despedido, seguirá cobrando el plan asistencial.