Una auditoría interna corroboró el mal funcionamiento del Juzgado de Instrucción N°2 de esta capital. El informe elevado a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán da cuenta del déficit de controles adecuados y de productividad detectado en la oficina acéfala desde 2012. Todo este tiempo, el Juzgado N°2 estuvo a cargo de los jueces Alejandro Tomas, Juan Francisco Pisa, Víctor Manuel Pérez, Mirta Lenis de Vera (se jubiló en 2016) y Marcelo Mendilaharzu, quienes actuaron como subrogantes -en principio rentados-, en turnos rotatorios de dos semanas.
La auditoría confeccionada a mediados de febrero por las funcionarias Ana del Carmen Díaz y Nancy Ruth Suasnábar, y validada por el superior Luis Lezana Flores confirma que los magistrados subrogantes tendieron a dictar sólo decisiones de mero trámite y urgentes, y a postergar la emisión de fallos definitivos. Según los cuadros incluidos en la fiscalización, Pisa (N°3) fue el juez que más fallos de sobreseimiento o elevación a juicio firmó en 2016: 143 en total. En el otro extremo se ubicó Tomas (N°1), con dos sentencias. Según la auditoría, ese magistrado dictó “cero” fallos definitivos en el segundo cuatrimestre de 2016. Pérez (N°4), por su parte, emitió 62 en todo el año (la hoy jubilada Lenis rubricó seis y Mendilaharzu, 22).
Suasnábar y Díaz informaron que el Juzgado N°2 tenía 2.938 causas en trámite en febrero de 2017 y que adeudaba 1.159 sentencias definitivas. Entre ellas está la del caso “Teves”: un proceso con enormes implicancias institucionales que la fiscala Adriana Giannoni elevó a juicio en 2015, luego de que estallara el escándalo que terminó con la carrera del ex fiscal Guillermo Herrera (se jubiló en septiembre de aquel año con el beneficio del 81% móvil). Roxana Teves, la imputada, exigió varias veces ir a juicio para demostrar las violaciones de derechos humanos que padeció.
El número de sentencias definitivas pendientes a comienzos de 2017 es casi el mismo que existía a comienzos de 2016. Nada cambió pese a que, en marzo del año pasado, el presidente de la Corte, Antonio Gandur, advirtió a los jueces subrogantes que debían resolver todas las causas que ingresaran y no sólo las que implicaran una urgencia, y que encomendó a Eudoro Albo, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, que distribuyera los expedientes entre los magistrados en funciones. El Poder Ejecutivo ya está en condiciones de cubrir la vacante del Juzgado N°2 puesto que a mediados del mes pasado recibió la terna correspondiente compuesta por los postulantes María Carolina Ballesteros, Facundo Maggio y Juan Carlos Nacul.
Traslados para todos
El deterioro constatado internamente tomó estado público en enero, cuando el prosecretario Gonzalo Cornet ventiló las anomalías en LA GACETA (se informa por separado). A posteriori, Gandur ordenó la nueva auditoría que practicaron Díaz y Suasnábar, quienes expresaron que el secretario Carlos Acuña, quien concursa para ser juez, distribuía las causas según su complejidad. Al igual que Cornet, ese funcionario y el prosecretario Rolando Ramos, ya no se desempeñan en el Juzgado N°2: todos fueron trasladados a otras oficinas (Cornet fue el único que pidió el cambio). La decisión no satisfizo a la filial local de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN). A finales de febrero, la secretaria general Alejandra Martínez dijo al alto tribunal que la auditoría apesadumbraba a su gremio, y exigió que “se tomaran las medidas necesarias” para resguardar el servicio de justicia y la transparencia institucional. El gremio apuntó contra Ramos y Acuña, y pidió que no hubiera tolerancia para con la conducta incorrecta de los funcionarios judiciales.