Con el pago a 10 jubilados, a una empresa petrolera y a los familiares de un juez asesinado, la Provincia comenzó a cumplir con los objetivos del Registro de Sentencias Condenatorias (RSC).

En el último día de marzo, el gobernador, Juan Manzur, firmó los primeros decretos mediante los que autorizó a la Fiscalía de Estado a emitir las órdenes de pago para cumplir con las cancelaciones de los juicios con sentencia firme. Estos seis casos iniciales representan una erogación de $ 6,5 millones, sobre un total previsto para el año de $ 59,4 millones.

Las medidas responden al cumplimiento de la Ley 8.851, sancionada en 2016 con el argumento de desterrar la discrecionalidad en los pagos de los juicios en los que la Provincia acaba con sentencia adversa. Esta norma creó el RSC, una oficina en la que deben inscribirse todos los acreedores del Estado con sentencias firmes, y -según la fecha- tienen prioridad a la hora de cobrar. El Registro abarca a los jubilados que iniciaron juicios, a los que demandaron por daños y perjuicios al Estado y a los planteos por diferencias salariales. La oficina funciona en la planta baja de la Casa de Gobierno.

Como complemento de la norma, según detalló el fiscal de Estado, Daniel Leiva, el decreto provincial reglamentario 1.583 determinó la elaboración de una base de datos bajo el estricto orden de antigüedad según la fecha de notificación judicial de la planilla firme y definitiva. Con ese criterio, puntualizó, se diseñó el listado de quienes percibirán su dinero en efectivo a lo largo de 2017.

Ese orden de prelación es el que respetó el gobernador Manzur a la hora de autorizar los pagos en los primeros seis expedientes. En esa nómina, a la que accedió LA GACETA, aparece un juicio por diferencias previsionales que comprende a 10 jubilados por un monto de casi $ 63.000, y cuya fecha de notificación de sentencia es febrero de 2013. Luego le siguen cuatro juicios por honorarios, uno de los cuales corresponde a un pleito caratulado “Esso Petrolera Argentina SRL c/Provincia de Tucumán” y cuyo monto asciende a $ 1,1 millón. Finalmente, la nómina de los primeros beneficiarios se cierra con los familiares del juez Héctor Agustín Aráoz, asesinado de 10 disparos el 26 de noviembre de 2004, quienes habían iniciado una demanda civil en contra de la Provincia. Obtuvieron una sentencia favorable en diciembre de 2013.

La creación del Registro de Sentencias Condenatorias no estuvo exento de polémicas. Ocurre que para la entrada en vigencia de la ley, la Fiscalía de Estado debió sortear varios planteos de inconstitucionalidad, mediante los que letrados objetaron la prórroga de la inembargabilidad de los fondos públicos.

En el Presupuesto 2017 de la Provincia, el RSC contempla recursos por $ 59,4 millones para cubrir capital e intereses de las sentencias condenatorias firmes inscriptas hasta el 31 de julio de 2016. Según esa nómina, al finalizar el año se deberán pagar 123 expedientes judiciales, de los cuales 22 corresponden a jubilados que reclamaron por haberes (61 pasivos).