En materia de obras públicas, como en todos los rubros que debe atender el presupuesto oficial, es bien sabido que resulta obligado establecer prioridades. Es decir, fijar qué obras son más necesarias que otras: cuáles tienen que ejecutarse primero y cuáles deberán necesariamente aguardar. Obvio es decir que la determinación de prioridades es algo indisolublemente ligado con la realidad.
En el caso de Tucumán, en medio de sus diversos requerimientos, hay uno que resalta por su carácter urgente, dada la incidencia que tiene en inmensos sectores de su población. Nos referimos al problema de las inundaciones. Parece innecesario describir el enorme drama que significan esos grandes volúmenes de agua que invaden nuestra capital, cada vez que la lluvia caída alcanza cierta intensidad. Con mucha frecuencia nos hemos referido a esa situación. No se trata solamente de algunas calles anegadas, sino de zonas densamente pobladas, para cuyos habitantes la lluvia representa una auténtica pesadilla. Tanto destroza sus viviendas y sus enseres, como trastorna y pone en riesgo sus vidas, en una dimensión cuyo impresionante alcance han registrado puntualmente nuestras crónicas. Las secuelas de la gran tormenta del jueves último, son más que reveladoras de un cuadro que a nadie puede dejar de inquietar. Y ese cuadro está marcando, con toda elocuencia, una nítida prioridad en cualquier plan de obras públicas.
En nuestra edición de ayer, el subsecretario de Planificación Urbana del Municipio expuso a la prensa las características de un proyecto que podría solucionar el gravísimo problema de las inundaciones. De acuerdo a los detalles que bosquejó, se trata de desarrollar una red de desagües pluviales por todo San Miguel de Tucumán, con cuencas alargadas que aparecerían con intervalos de cuatro o cinco cuadras de distancia entre ellas. Se trata, explicó de un plan integrador con otros municipios, principalmente con Yerba Buena y Tafí Viejo, que es de donde vienen las grandes masas de agua cuando llueve, para terminar desembocando en el Canal Sur y en el río Salí.
El funcionario concretó el costo estimado de la obra. Se trata de 3.500 millones de pesos. Nos parece que el Estado debe abocarse con urgencia a la tarea de buscar los fondos, por cierto que con ayuda de la Nación, para llevar a cabo estos trabajos de la forma más rápida posible.
En la misma edición de ayer, junto a las declaraciones del funcionario, una serie de fotografías ilustraba, con elocuencia, el desastre de las casas inundadas y del daño incalculable que la correntada sin control significó para el sufrido vecindario. Es una tragedia cotidiana para muchos tucumanos, en la estación del verano, y no puede aceptarse que semejante cuadro prosiga dándose entre nosotros.
Por encima de la crisis económica, existen obras públicas que deben atenderse más allá de los crónicos apuros presupuestarios. Ellas son, como decíamos arriba, las que tienen carácter de verdadera prioridad. Es preciso, así, buscar a todo trance la manera de ejecutarlas, aunque ello signifique postergar, para mejor ocasión, otros proyectos que, si pueden ser también importantes, no operan sobre rubros tan angustiantes como el que venimos refiriendo.
Es una cuestión donde deben trabajar en conjunto tanto el Gobierno Provincial como los municipios, para obtener los fondos necesarios, salidos de sus propios presupuestos y del de la Nación, para evitar la feroz agresión de las aguas incontenibles. Se ha llegado, en ese tema, a extremos realmente intolerables, según es por todos suficientemente conocido. Es la hora de pasar a la acción, y satisfacer así un requerimiento que de ninguna manera puede postergarse. Hay miles de tucumanos que aguardan una respuesta a este mayúsculo problema y el Estado debe dársela, cueste lo que cueste.