La Corte Suprema de Justicia de Tucumán emitió 1.744 sentencias en 2016. En el mismo período ingresaron 1.591 casos al alto tribunal, siempre según la estadística oficial de los Tribunales provinciales. Estos números revelan que salió más de lo que entró y que hubo 318 juicios por cada uno de los cinco vocales: Antonio Gandur (presidente), René Goane, Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse. Si prospera la intención del oficialismo de añadir cuatro integrantes al alto tribunal, habrá 177 procesos por vocalía.
Se trata de un volumen de trabajo significativamente menor al que, en promedio, tienen los despachos inferiores de la Justicia. La Corte no sólo recibe menos casos, sino que también cuenta con el equipo de trabajo más poderoso: 26 relatores (redactores de votos) asisten a los vocales. Cada juez trabaja con cinco, con la excepción del vocal decano Goane, que desde el año pasado dispone de seis relatores.
Los datos más recientes de productividad eximen a la Corte del abarrotamiento que problematiza a la Justicia penal, de familia y laboral. Sin embargo, fuentes del oficialismo esgrimen la necesidad de aliviar la tarea del alto tribunal para justificar la idea de ampliarlo mediante la adición de cuatro vocalías. El borrador que circula entre los legisladores de la mayoría afín al gobernador Juan Manzur postula que la incorporación de dos pares de jueces sería importante para mejorar el servicio de justicia y para descomprimir el volumen de causas que debe resolver la Corte cada año. No trascendieron más detalles sobre esta nueva idea del Gobierno respecto de la Justicia, aunque ya se habla de posibles candidatos a vocal de Corte, ya sea para cubrir los potenciales despachos incluidos en la ampliación o para los despachos que pudiesen quedar vacantes en el transcurso de este año.
Un juez para 120 juicios
El rediseño del alto tribunal podría ser debatido en el recinto en simultáneo con otro proyecto de ley del oficialismo relativo a la Justicia que permitirá al Gobierno nombrar más de 50 jueces subrogantes para despachos existentes y creados recientemente. Las elucubraciones sobre la voluntad de avanzar con estos cambios se fundan en el hecho de que en los últimos dos meses y con una rapidez inédita para los cánones locales, el Gobierno impulsó una batería de reformas de la organización de los Tribunales: algunas de ellas fueron impugnadas judicialmente y aguardan una definición en la Corte Suprema. Los pleitos con implicancias institucionales más intensas impugnan la suspensión automática de los jueces acusados de mal desempeño, y la reestructuración del Ministerio Público que desvinculó al alto tribunal del control que ejercía sobre el manejo de los recursos humanos y materiales. El jueves, el legislador oficialista Marcelo Caponio fue fotografiado mientras entraba al despacho del vocal Estofán: luego, este explicó que había ido a defender la nueva ley del Ministerio Público; que no se trataba de dar más poder a Edmundo Jiménez, jefe de los fiscales, sino de luchar contra la impunidad, y que la Corte debía considerar el interés general antes de sentenciar. El viernes, Jiménez dijo a la prensa que los vocales debían inhibirse en los juicios que inició la oposición para bloquear la remodelación del Ministerio Público.
En paralelo a la judicialización, el oficialismo comenzó a apurar la delineación de una Corte de nueve miembros. Previamente y dentro del paquete de reformas concretadas en los últimos 60 días, el bloque mayoritario adoptó la primera instancia en el fuero en lo contencioso administrativo, órbita que tramita los procesos donde el Estado es parte, también con el argumento de que había que descomprimir a las tres salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y, en este supuesto, garantizar la revisión de las sentencias. En 2015 ingresaron 736 casos nuevos al tribunal mencionado, volumen que tendía a disminuir en 2016. Si son puestos en marcha los seis juzgados de primera instancia en lo contencioso administrativo creados por el oficialismo en diciembre, cada magistrado tramitará un promedio de 120 juicios. Siempre que los números y los planes se mantengan, los jueces administrativistas -eventualmente subrogantes- tendrán una carga de trabajo nimia en comparación con la de la Corte de cinco -o, incluso, de nueve miembros-, y con la de sus pares de otros fueros. En 2015, cada fiscalía de Instrucción de la provincia lidió con 8.526 causas penales nuevas mientras que los ocho juzgados en lo civil y comercial de la capital recibieron 4.383 litigios.