Son dos caras de la misma moneda. Una encarna lo contrario al principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. La otra es la falta de castigo. La injusticia y la impunidad suelen ir de la mano en nuestro país desde hace mucho tiempo, donde hay casos emblemáticos que no son precisamente motivo de orgullo, como el fotógrafo José Luis Cabezas, asesinado hace 20 años en Pinamar por una banda de policías y delincuentes comunes. Ninguno de los culpables permanece actualmente en prisión.
El reportero gráfico que trabajaba para la revista Noticias, fue secuestrado en la madrugada del 25 de enero de 1997. Lo esposaron y le metieron dos balazos en la nuca, lo dejaron en el interior de un auto que luego fue incendiado. Se presumía que el crimen había sido ordenado por el empresario Alfredo Yabrán, uno de los más poderosos de la época y de buena relación con el entonces presidente Carlos Menem y varios de sus funcionarios. Yabrán se suicidó en mayo de 1998 cuando iba a ser detenido. Había sido fotografiado por Cabezas cuando caminaba por la playa de Pinamar con su esposa y la imagen se publicó en la tapa de Noticias. “Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la frente”, había dicho Yabrán en una entrevista.
El empresario era propietario de varias firmas en diferentes rubros, uno de ellos el telepostal. Su nombre era casi desconocido cuando en 1995 el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, lo acusó de ser “el jefe de la mafia” en el país. El 2 de febrero de 2000 la Justicia sentenció a ocho individuos por el crimen, entre ellos, al jefe de la custodia de Yabrán. Sin embargo, otro fallo judicial redujo ostensiblemente esas condenas. Entre los condenados se hallaban el ex sargento de la policía bonaerense, Gustavo Prellezo, y cuatro delincuentes de La Plata. La mayoría se benefició por la ley del dos por uno, que computa doble los días que una persona pasa en la cárcel sin condena firme. El último en quedar libre fue Prellezo, quien le disparó a Cabezas en la nuca, y que había sido condenado a perpetua. El 9 de enero pasado un tribunal le otorgó la libertad condicional.
La impunidad ha hecho camino al andar en los últimos 25 años en la Argentina. Algunos casos más sonados que han manchado a la Justicia porque permanecen irresueltos son los atentados a la Embajada de Israel y de la AMIA, la muerte del fiscal Alberto Nisman; el 18 de enero se cumplieron dos años sin que se sepa si el magistrado se suicidó o si lo mataron. En Tucumán, la Comisión de Víctimas de la Impunidad ha contabilizado más de 380 casos impunes. El crimen de Paulina Lebbos, ocurrido hace casi 11 años, es el más emblemático.
Cuando se liberan a delincuentes a las pocas horas de cometer un delito, cuando se otorga libertad condicional a homicidas condenados a reclusión perpetua -como en el caso Cabezas-, cuando no se investiga debidamente y se cajonean los casos, cuando los poderosos casi nunca van presos, la Justicia se deshonra a sí misma y pierde credibilidad en la sociedad. La ineficiencia, los intereses creados, la desacreditan. “Entre las diversas maneras de matar la libertad, no hay ninguna más homicida para la república que la impunidad del crimen o la proscripción de la virtud”, afirmaba Francisco de Miranda.