El alerta lanzado al aire la semana pasada por el secretario de Extensión de la Universidad Nacional de Tucumán, Marcelo Mirkin, acerca de que el área cultural y social por excelencia de la casa de altos estudios carece de presupuesto asignado (lo que significa que debe pelear y negociar partida por partida para cada actividad que encare) pone sobre el tapete la eterna discusión entre considerar los dineros destinados a esta labor como gasto o como inversión.
Quizás Mirkin se haya acostumbrado a trabajar de esta manera, más allá de que le moleste y de que se sienta rodando sobre patines aceitados por un camino de cornisa. Lo que no dijo es que la ausencia de fondos está vinculada con propuestas y proyectos en danza, pero no así en el principal gasto que tienen las administraciones públicas, que es el de personal. La plata para sueldos está garantizada, pero no así para los eventos; si no la consigue, sería una cáscara vacía. Y el peligro de llegar a ese extremo es muy grande, como quedó evidenciado con el pobre Julio Cultural de 2016, mientras que una media sombra tapa del sol el de este año, con la amenaza de que lo oculte del todo.
No es la única repartición vinculada con la cultura en crisis, aunque el consuelo de que sea un mal de muchos es patético. El Ente Cultural de Tucumán, según el presupuesto aprobado por la Legislatura para este 2017, tiene asignados $221 millones, de los cuales más del 80% ($180 millones) están destinados a cubrir las erogaciones de personal. Sólo en la planta de empleados permanentes hay (siempre según la documentación oficial) 603 trabajadores estatales, de las cuales 421 (casi el 70%) están entre las categorías 18 a 21, las más numerosas del escalafón provincial. Sólo dos personas figuran como docentes, muy poco para todo lo que se necesita. Se los completa con contratos contemplados en el presupuesto, al igual que con todos los artistas que se requieren para una puesta (danza, teatro, música, etcétera), en papeles y destrezas que no pueden ser cubiertos con los talentos que están en los cuerpos estables.
En el presupuesto aprobado y difundido, sólo la Promoción a la Actividad Cinematográfica tiene una partida especialmente asignada, que suma $ 817.000, el 0,36% de todo lo afectado al Ente. No figura ninguna precisión para las otras expresiones artísticas.
Al llegar al universo de los edificios dedicados a la cultura figuran buenas noticias dentro del plan de obras públicas: estén previstas remodelaciones y refacciones en el edificio del propio Ente (la mole de cemento de San Martín 251); los teatros San Martín y Orestes Caviglia; los museos Timoteo Navarro y Folklórico y la sede de la Banda Sinfónica por $ 2.1 millones.
El Ente Autárquico del Teatro Mercedes Sosa tiene una proporción un poco menor en la relación de erogaciones si se tiene en cuenta los recursos que le aporta el Tesoro General de la Provincia: de los fondos en ese rubro, el 74% va al personal. Pero si se toma en cuenta el total de ingresos previstos para este año, el porcentaje se reduce drásticamente y es de apenas el 50%, uno de los más bajos de toda la administración pública: de $13.920.000, $ 7.000.000 irán a salarios. Eso sí, en la grilla de personal sólo figuran oficialmente tres cargos con estabilidad: el presidente, el vice y el secretario general. El resto está transferido desde otras áreas de la Provincia o son contratados.
En el campo de lo estatal no está determinado cuántos de los $1.250.800.000 de que dispondrá este año la Caja Popular de Ahorros estarán destinados a su programa Caja Cultural. Tampoco se puede saber el monto de los dineros de la Legislatura ni del Ente Tucumán Turismo para la actividad artística, que suelen ser importantes. Menos se podrá esperar del Ente del Bicentenario, que tiene asignados escasos $ 60.000 para este año. Otra ventanilla importante, en especial en tiempos de festivales, son los municipios, con partidas generosas en forma directa y contactos de auspiciantes que les permiten aumentar los ingresos a los productores de los espectáculos.
El mayor aporte nacional para la actividad artístico cultural en Tucumán pasa por el Instituto Nacional de Teatro, que distribuye los dineros de los impuestos principalmente en la base productivo creativa y no en las estructuras burocráticas, aunque también las tengan. Los aportes que llegaron a la provincia (al igual que lo que ocurre en otros distritos) se entregan a las salas teatrales para su funcionamiento (casi todas las de la provincia lo reciben, con montos variables según una grilla) o a varios elencos para la realización de obras, que por lo general rondan los $ 45.000 con la carga de realizar una docena de funciones. Además, hubo aportes extraordinarios del plan “El Bicentenario nos encuentre equipados” por $ 200.000 a algunos espacios, como La Sodería; a festivales especiales, como el de teatro para niños Armando Díaz, el Entepola o el de Narradores en Acción (más de $ 50.000 a cada uno); becas individuales y giras de distinto alcance.
Otro ejemplo, más de coyuntura, fueron los elencos que vinieron a participar de la Fiesta Nacional de Teatro, realizada entre mayo y junio, que cobraron entre $7.000 el más barato (el unipersonal “La vuelta al mundo en 80 días”) y $ 19.600 para “Sueño de barrio” y “Salamanca tours”, dos de los más numerosos.
Todo el panorama puede arrojar dos preguntas que generarían convulsiones en amplios círculos intelectuales: ¿hace falta tener un Ministerio de Cultura o una estructura similar, como es el Ente provincial? La respuesta, definitivamente, es positiva; pero, al mismo tiempo, corresponderá exigirle a esas estructuras de primer nivel planes concretos plurianuales y segmentados según el público al cual van dirigidos, lo que actualmente es inexistente. ¿No sería económicamente más conveniente copiar a Estados Unidos o a España, por citar dos casos, donde no hay una cartera específica? Posiblemente en lo contable, pero jamás en términos de proyectos políticos culturales. El problema puede surgir en la ausencia de estos últimos, que habilitan las dudas y los interrogantes.