Los fiscales federales Carlos Brito y Pablo Camuña solicitaron la detención y la citación a declaración indagatoria de 74 ex miembros del Ejército y de la Policía provincial por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 231 personas. Según concluyeron en el requerimiento de instrucción, “en todos los hechos se ha probado la participación de personal de alguna de las reparticiones del Departameno de Policía de la Povincia”.
Según el informe del sitio http://www.fiscales.gob.ar/, los crímenes tuvieron como epicentro los centros clandestinos de detención que funcionaron en la sede de la Jefatura policial y en las instalaciones del ex Ingenio Nueva Baviera (que había cerrado sus puertas en 1966), aunque también las pruebas recogidas dan cuenta de la intervención de la Brigada de Investigaciones, las sedes de las unidades regionales Capital y Oeste y comisarías de casi todo el territorio provincial. Tucumán contaba entonces con 80 comisarías: al menos 32 de ellas fueron escenario de los delitos de lesa humanidad descriptos en este requerimiento.
Los imputados son 11 policías que actuaron en el centro clandestino Nueva Baviera, 10 que lo hicieron en comisarías y unidades regionales, 42 del Servicio de Informaciones Confidenciales (D2) y 11 miembros del Ejército. Se trata de autores mediatos, autores directos, partícipes necesarios, partícipes secundarios, según el caso. “Se les enrostra, ante todo, el haber tomado parte, a sabiendas, de una macro-organización delictiva montada sobre el aparato estatal para ejecutar un plan represivo con diferentes niveles de ilegalidad. Cada uno de ellos cumplió roles claramente asignados tanto en el esquema formal como en el clandestino de represión de opositores políticos, haciendo cumplir o cumpliendo órdenes ilegales desde sus posiciones en las distintas fuerzas armadas, de seguridad y policiales”, indicaron.
Las imputaciones son por los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones, torturas agravadas por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, homicidio triplemente agravado por haberse realizado con alevosía, el concurso de dos o más personas y con la finalidad de conseguir impunidad, violación agravada por producir graves consecuencias a la salud de la víctima y ser realizada con el concurso de más de dos personas, abuso deshonesto, asociación ilícita, aborto, reducción a la servidumbre y extorsión.
La imputación del delito de aborto se da en un caso en el que un grupo de represores golpeó a una mujer embarazada de cinco meses en la cocina de su casa mientras secuestraban a su esposo.
La presentación, de 388 carillas, fue formulada el 6 de diciembre pasado ante el juez federal Daniel Bejas y, por el nivel de avance de la pesquisa, los fiscales la denominaron “Jefatura de Policía III”. Es la consecuencia de la unificación de causas que tramitaban por separado y del estudio de una importante cantidad de documentación confidencial presentada al Poder Judicial por un testigo durante el juicio celebrado en 2009 en la causa “Jefatura de Policía”.