El Rectorado recibió dos golpes durante los últimos días: el martes, el Consejo Superior de la UNT resolvió no aprobar el balance de ejecución de gastos de 2015 por 18 votos contra nueve (suman 27, los consejeros son 31). El miércoles ingresó un pedido de informes dirigido a la rectora, Alicia Bardón, que lleva la firma 16 consejeros. Ellos piden el listado íntegro de los empleados que cobraban porcentajes por antigüedad que no correspondía; la nómina de personal no docente que percibía adicionales; y quiénes son los funcionarios que en paralelo cobraban como docentes. Solicitan un detalle del período durante el cual se pagaron estos extras y preguntan si ya se requirió la devolución del dinero.
Además, los consejeros solicitaron informes sobre todas las designaciones realizadas desde que Bardón asumió en 2014: docentes, no docentes, contratados con sus respectivas categorías y remuneraciones. También la totalidad de fondos que se distribuyeron entre las facultades, discriminando su destino.
Protagonistas
Gran parte de estos pedidos surgieron de las correcciones que hizo, desde que asumió, la secretaria Económico Administrativa, Lidia Ascárate. La funcionaria reconoció que gracias a estas medidas practicadas en el área del gabinete del Rectorado y a algunos no docentes la UNT se había ahorrado en octubre unos $ 500.000. La proyección de ese ahorro es de $ 6 millones al año.
Los consejeros quieren saber quiénes autorizaron los cobros indebidos, quiénes los recibieron y por qué las autoridades y funcionarios anteriores no los corrigieron. Firmaron la nota los decanos Rosa Castaldo (Psicología), Liliana Zeman (Odontología), Adela Seguí (Derecho), José Luis Jiménez (Ciencias Económicas), Olga Paterlini (Arquitectura) y Beatriz Silva (Educación Física). Además, los consejeros egresados Marcelo Billone y Ricardo Cisneros; los docentes auxiliares Eduardo Triviño, Fernando Ganami y Gustavo Villarreal; los docentes asociados Ramón Hugo Gani, Claudia Cristina Hillen y Jorge Rospide; y los estudiantes Florencia Larrea, María Virginia Borigen y Patricio Sabbag. Son prácticamente los mismos que habían rechazado la aprobación del balance 2015.
El balance
La UNT administra el tercer presupuesto más importante de Tucumán. En 2017 recibirá $ 3.500 millones, cifra sólo superada por la Provincia, que dispondrá de $ 54.600 millones; y por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, con $ 4.300 millones. Estas cifras dan cuenta de la magnitud de los dineros que maneja el Rectorado.
La penúltima sesión del Consejo Superior estuvo cargada de cruces verbales. La puja se dividió entre quienen dicen mirar hacia adelante y corregir; y los que piensan que no se puede proyectar nada sobre datos parciales, porque no muestran la realidad. “¡No está registrado el 50% de los (gastos) de la Universidad!”, disparó el decano Jiménez en medio de la discusión.
Este dato no es desconocido por los funcionarios. El registro del gasto universitario se hace a través de un sistema (SIU Pilagá) que no tienen todas las facultades ni secretarías. Quizás el ejemplo más elocuente sea el de la ex secretaría de Proyectos Nacionales de Inclusión y Desarrollo, que manejaban miembros de La Cámpora. La oficina se disolvió meses después del inicio de la gestión de Mauricio Macri, pero no quedaron registros de la cantidad de programas, el dinero del que se dispuso ni tampoco cómo se ejecutó.
¿Con o sin efecto?
Antes de la votación -y para que no quedaran dudas-, Ascárate les dijo a los consejeros que el balance 2015 ya había sido aceptado por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) e integrado en la cuenta General de Inversión de la Nación en el Congreso. “Aprobar o no aprobar el balance no tiene a la fecha incidencia alguna en los números ya consolidados de la cuenta general de inversión de la Administración Pública Nacional”, fue el concepto que cerró el power point presentado a los miembros del Consejo.
Esto enardeció los ánimos de los opositores. Triviño le recordó a Ascárate que el órgano deliberativo (el Consejo Superior) funciona como instancia de control de lo que hace el ejecutivo.
Minutos antes, un cruce verbal ya había definido el escenario. “¿Usted cree que este balance tiene integridad total?”, había dicho Jiménez, decano de Ciencias Económicas, mientras miraba a las secretarias del área Económica Administrativa. “No”, le respondió una de ellas. “¿La UNT va a rectificar los estados contables que envió a la Nación?”, retrucó el consejero Triviño. “No”, fue la respuesta.
Con esta previa la votación parecía complicada. Sin embargo, la mayoría acompañó el dictamen de la comisión de Hacienda, que sostenía no aprobar el balance por contener varias inconsistencias. La oposición argumenta que esta desaprobación podría abrir la posibilidad para que desde algún órgano auditor nacional se decida revisar los números. “Ejercimos nuestra responsabilidad”, reflexionó la decana Seguí. “La aprobación o no del balance implica evaluar la gestión del ejecutivo”, opinó Triviño.
Una visión distinta planteó el jefe de gabinete de la SPU, Mario Gimelli. “Es un impacto político interno”, analizó desde Buenos Aires cuando LA GACETA le consultó. Según él, puertas afuera de la UNT la decisión no tiene repercusiones. Ascárate, en pos de intentar superar la disputa, prometió que 2017 será el año en el que toda la UNT tendrá implementado el sistema de registro SIU Pilagá, para que esta situación no se repita.