“Créase la Agencia de Acceso a la Información Pública como ente autárquico que funcionará con autonomía funcional en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional” (artículo 19 de la ley nacional 27.275 de acceso a la información pública, promulgada por Macri el 29 de septiembre último).
“Créase la Agencia de Acceso a la Información Pública, en el ámbito de la Secretaria de Estado de Gestión Pública y Planeamiento de la Provincia” (artículo 19 del proyecto de ley de acceso a la información pública firmada por 10 legisladores oficialistas de Tucumán y presentado el 14 de octubre pasado).
Quien tiene la información tiene el poder; señala una frase atribuida a Bacon. Tremenda síntesis. Concentrar conocimiento o privatizar la información para beneficio propio sólo puede derivar en corrupción e impunidad. En el país, los conceptos información y poder conforman cóctel peligroso si los que conducen tienen rasgos autoritarios, del perfil del que se conoce sólo lo que yo quiero y como quiero. En esta delicada cuestión, el poder político no siempre es virtuoso y democrático a la hora de publicitar con puntos y comas la forma en que maneja la cosa pública, prefiere centralizar y hasta ocultar aspectos de su gestión, aquellos que puedan despertar justificadas sospechas sobre acciones indebidas.
Sobran los casos en la Nación y en la Provincia. Por ejemplo, mantener en secreto decretos, contratos o cualquier aspecto administrativo revela que hay vergüenzas que se quieren esconder bajo la alfombra o bien deslizan entrelíneas que subyacen delitos que se pretenden cubrir cajoneando los documentos públicos. Eso bordea los límites de la corrupción.
Información del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, podría ser una consigna lincolniana para abrir los archivos y poner al descubierto todos los papeles membretados de la gestión estatal. No sólo los de la dictadura. En fin, que no haya agujeros negros en las reparticiones públicas. Si todo está en regla, qué temores pueden tener los que estampan sus firmas de que se conozcan sus resoluciones.
Pérdidas sospechosas
Pero hay miedos, porque hay culpas y sombras de deshonestidad tras algunas rúbricas. Algún tufillo de inmoralidad desprenden. Generalmente estos informes reveladores que se ocultan desembozadamente, finalmente se traspapelan convenientemente, se pierden sin querer, se humedecen a la sombra de oficinas en subsuelos o se queman en altillos.
La comunicación de los actos de Gobierno tiene vinculación directa con la transparencia de la gestión. Se imponía una ley de acceso a los datos públicos en el plano nacional que, de alguna manera, pone a disposición del ciudadano común las acciones del Gobierno a los fines satisfacer su curiosidad por trámites personales, para investigar cómo funciona el Estado y hasta para denunciar posibles ilícitos. Una suerte de democratización de la información, de gestión abierta que pondrá diariamente a prueba la honestidad de los funcionarios públicos. Sus huellas quedarán grabadas, y habrá miles de ojos dispuestos a escudriñar cada papel firmado para descubrir anomalías o irregularidades; o bien para exponer la desvergüenza de beneficiar a familiares o a amigos con subsidios, contratos, adjudicaciones directas o con leyes armadas a medida del traje de unos cuantos privilegiados.
Un derecho
La Nación convirtió una obligación del Estado, no respetada siempre por los gobernantes, en un derecho de los ciudadanos. Se satisfizo un antiguo reclamo con la intención de transparentar la acción de Gobierno y de promover la participación ciudadana, como reza el texto legal. Ojalá se cumpla. Impone a los funcionarios contestar cualquier inquietud referida a la administración pública; y en un plazo de 15 días. El derecho a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, procesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia del Estado; apunta el artículo 2 de la norma nacional.
La agencia nacional tendrá autonomía funcional y será autárquica -resalta el texto legal-, lo que es bastante decir en materia de independencia del poder político; aunque la ley establece que funcionará en el ámbito del Ejecutivo con autonomía. Que sea una autonomía del 100%.
E invita a adherir a las provincias. Y aquí, en Tucumán, comienza otra historia; una que desnuda ciertas desprolijidades en el Ejecutivo, ya que al parecer no hay acuerdos entre algunos funcionarios sobre cómo abordar el tema. No saben convenir o cada uno va por el lado que más le conviene a sus propósitos personales y políticos. Así, por ejemplo, Manzur se comprometió el 28 de septiembre a adherir a la norma nacional frente a dirigentes de Adepa, en la propia sede de la casa de Gobierno. Si en algo se funda la República es en la transparencia de los actos de gobierno; apuntó en esa ocasión.
Días después, el 11 de octubre, durante la presentación de la renovada versión digital del Boletín Oficial, el secretario general de la Gobernación, Pablo Yedlin, anticipó que más que una adhesión la Provincia necesitaba una adaptación de la ley al territorio provincial. Luego, el 3 de noviembre, el mismo funcionario ratificó la idea al sostener que al Gobierno le entusiasma más su propia ley. Lo dijo ante un sorprendido directivo de Adepa que había escuchado aquel compromiso en sentido diferente de Manzur.
En cinco semanas se pasó de aplaudir al macrismo comprometiendo la adhesión pública a abrir la puerta a una ley propia. ¿Por qué? Alguien, tal vez, advirtió que el resultado no es el mismo si la información es manejada por un órgano autárquico que por uno subordinado al PE.
¿Con uno se puede aspirar a conocer todo y con el otro no? Cuando la propuesta camine habrá que ver el sentido de sus pasos. Yedlin advierte que se prefiere una ley provincial que garantice más transparencia que la norma nacional, en virtud de que hay aspectos locales que no contempla la 27.275, como -por ejemplo- la existencia del Tribunal de Cuentas, un organismo de control provincial.
En la Legislatura, en el ínterin, se presentaron cinco proyectos de ley referidos al acceso a la información pública a partir de la legislación nacional. Cuatro de ellos directamente proponen la adhesión a la 27.275 y sólo uno promueve una legislación ajustada a los intereses provinciales. Entre los legisladores tampoco hay coincidencias; las visiones son tan diferentes como la de los propios funcionarios del Ejecutivo respecto, precisamente, de quién y cómo se tiene que manejar la información pública. El problema es el acceso.
El 30 de septiembre ingresaron dos iniciativas opositoras (de Brodersen y de Aráoz, Estofán, Canelada y Viña) que adhieren a la ley nacional y que proponen como autoridad de aplicación al Ministerio de Gobierno); el 4 de octubre ingresó un proyecto oficialista (Cano, Assán, Bulacio, Graciela Gutiérrez, Mendoza, Cortalezzi y Reyes Elías) y el 12 de octubre otro de radicales (Estofán, González, Valdéz y Aráoz), con igual tenor que los anteriores en materia de adhesión a la norma nacional. Dos días después se presentó una nueva iniciativa, pero impulsando una ley propia, firmada por otros 10 oficialistas (Gassenbauer, Silman, Juri, Pucharras, Cativa, José Gutiérrez, Galván, Morelli, Jiménez y Bethencourt).
Esta última iniciativa es la que dispone que la Agencia de Acceso a la Información Pública funcione en el ámbito de la secretaría de Gestión Pública y Planeamiento. La semana que pasó, Yedlin cerró tempranamente la puerta a la adhesión y planteó la posibilidad de que una subsecretaría dentro de su estructura concentre la responsabilidad de la agencia. ¿Le sacó a Planeamiento la oficina porque esa secretaría no está bajo su área de influencia?
El propio Julio Saguir, titular de Planeamiento, admitió que desconocía el proyecto de ley y que nadie lo había consultado al respecto. No sabía, me estoy enterando por usted; reconoció sorprendido en una rápida charla de pasillo. O sea, descartemos internas palaciegas, apuntemos más a los intereses políticos y al hecho de que los legisladores armaron el proyecto sin tender previos puentes al Ejecutivo.
¿Costos?
Esto se subsanó después, ya que hubo conversaciones entre allegados a Yedlin y a legisladores para debatir sobre el proyecto de la ley provincial propia y para avanzar sobre esa nueva estructura dentro del Ejecutivo. ¿Cuál sería la excusa para no crear un ente autárquico y con autonomía funcional como plantea la norma nacional? El costo. Oficialistas entienden que es más oneroso invertir en una estructura nueva que adaptar una subsecretaría. Claro que, el artículo 19, de la iniciativa oficialista -con posibilidades de ser modificada, por cierto- establece que el Ejecutivo debe conformar su planta de personal, pudiendo nombrar nuevos agentes públicos a tal efecto, o disponer traslados del personal que integra la planta permanente de la administración pública provincial.
El secretario general de la Gobernación prefiere el último proyecto. A nosotros nos parece que es un proyecto que genera tanta o más transparencia que el nacional, afirma. De hecho, algunas dependencias del área fueron consultadas por parlamentarios para avanzar sobre posibles modificaciones al proyecto oficialista.
Quién la da, a quién se la restringe
Una idea nueva que se baraja en la Cámara es que un organismo del Ejecutivo -una subsecretaría de la secretaría general de la Gobernación- actúe como agencia de información pública, la que entregue la información requerida por la ciudadanía. Las candidatas a absorber esa responsabilidad son la subsecretaría general de la Gobernación, a cargo de Silvia Pérez, o la subsecretaría de Modernización del Estado, que conduce Sergio Epstein.
He aquí un detalle pequeño; y que surge de observar el organigrama funcional de ambos organismos: la misión (Diseñar, proponer y coordinar la ejecución de las políticas de transformación y modernización del Estado Provincial en las distintas áreas de gobierno, y su correspondiente reglamentación) y las siete funciones detalladas en ambas páginas (www.tucuman.gov.ar/organigrama-ver/1/0/9/1/0/0 y www.tucuman.gov.ar/organigrama-ver/1/0/9/8/0/0) son exactamente las mismas, letra por letra, punto por punto. ¿Sobra una o hubo una equivocación y copiaron los textos? Un mínimo detalle a subsanar en el marco de la transparencia de la información estatal.
Si la información es poder, es importante definir entonces quién la tiene, quién la da, cómo la da y, sobre todo, a quiénes se la da. O bien a quiénes se la restringe. Hay pruebas de que algunos son reticentes a dar a conocer aspectos de su gestión. Entonces, es razonable pensar que se intentará construir una oficina que concentre y resguarde información “sensible”. Si hubo decretos que permanecieron en condición de fantasmas más de un año, cómo no sospechar sobre las intenciones de la idea de promover un organismo dependiente del PE. Siempre hay márgenes para las dudas; las generan los propios funcionarios. Bien se dice que la ley origina la trampa.
La transparencia de la gestión debería ser considerada por el Gobierno como una forma de exponer que existe la honestidad pública y de no someterse a la deshonra por mantener a la sombra papeles que benefician a unos cuantos allegados al poder. Una mañana, allá por 2003, ingresando a la Casa de Gobierno por San Martín, Alperovich dijo a este columnista a manera de anticipo sobre cómo desarrollaría su gestión en el PE: se acabaron los amigos del poder. El sigue siendo un amigo de los que los sucedieron, y fue designado asesor del Ejecutivo a través de un decreto, el 41/1 del 29 de octubre de 2015 que estuvo sin publicitarse 313 días.
Siempre habrá amigos o socios del poder que no tienen que mostrarse. Esa información es la que no debe aparecer. En ese marco sólo se puede apelar a la honestidad de los que tienen y tendrán la responsabilidad de brindar la información que se requiera. Sin trabas, ni obstáculos. Sería un pequeño paso hacia la transparencia, pero un gran salto hacia la calidad institucional. Sí, claro, parafraseando a Neil Armstrong.