Pedro Antonio Núñez, juez de Paz de Los Gómez (Leales), debe ser juzgado por la presunta falsificación agravada del acta vinculada a una usurpación que involucra a Ángel “El Mono” Ale, según Víctor Manuel Pérez, juez de Instrucción N°3. Pérez elevó a juicio oral el caso iniciado por Julio Gerardo Valdez, quien se presentó como dueño del fundo usurpado. Las actuaciones de Valdez formaron parte de la denuncia que el Colegio de Abogados de la Capital articuló el año pasado, y que, junto a otras presentaciones, derivó en la renuncia con fines jubilatorios de Guillermo Herrera, ex fiscal N°10 de la capital.

El juez Pérez consideró que habría pruebas para incriminar a Núñez, quien había intervenido en la confección del documento público relativo a la entrega de la finca de 67 hectáreas ubicada en Los Pocitos que concretó Juan Miguel Medina en favor de Ale. Según la denuncia de Valdez, el juez de Paz de Los Gómez actuó sin competencia y a sabiendas de que los hechos eran falsos en virtud de que previamente había perfeccionado otros actos respecto del mismo fundo. El denunciante manifestó que Núñez sabía que él estaba en posesión de la propiedad por haber acogido su amparo a la simple tenencia algunos meses antes y que Ale luego quiso defenderse de la acusación de usurpador -en otro proceso penal paralelo- mediante la exhibición del acta cuestionada.

“El documento resulta sorpresivamente inexacto en su contenido dado que establece que los fundos se encontraban libres de ocupantes cuando, en realidad, agentes policiales constataron que estaba habitado, así como el propio juez de Paz de Los Gómez”, indicó Valdez. Y añadió a ello que la actuación favorable a Ale tuvo lugar durante la feria judicial y en extraña jurisdicción, y fue llevada adelante “de urgencia” puesto que Núñez justificó el hecho de no haber podido verificar su competencia territorial debido al horario (vespertino) en el que labró el acta.

El imputado rechazó categóricamente la versión de Valdez al prestar declaración indagatoria. En función de la resolución del juez Pérez, Núñez refirió que había constatado los límites de su jurisdicción (competencia) mediante un llamado al juez de Paz de Los Puestos, Martín Molina. “Este me contestó en forma enfática que Los Pocitos no pertenecía a su jurisdicción (...). Por decantación, consideré que la propiedad estaba en la jurisdicción del Juzgado de Paz que yo estaba subrogando en ese momento”, explicó. Y agregó que había revisado la documentación exhibida por Medina y por Ale: “se me acusa de haber insertado la frase ‘libre de ocupantes’, pero eso es totalmente falso porque, al rodear la propiedad en los vehículos que me trasladaban, observaba montes altos salvo una pequeña porción de montes bajos, y que no había vestigios de viviendas, casas o cultivos, que es lo que hubiese indicado que ese fundo estaba ocupado de alguna manera”. El juez de Paz relativizó su participación anterior en un amparo a la simple tenencia de Valdez, y dijo que este había usufructuado la situación al recuperar la posesión del fundo con desmontes y caña de azúcar sembrada por Ale (en prisión preventiva junto a otros familiares y colaboradores por un caso de presunto lavado de activos).

En ocasión de prestar declaración testimonial por pedido de Núñez, el juez de Paz Molina puso en entredicho las manifestaciones de su colega de Los Gómez. “Me llama la atención el hecho de que Núñez afirme haber realizado ese tipo de consulta (conmigo) cuando él sabía perfectamente que esos inmuebles eran y son de jurisdicción del Juzgado de Paz de Los Puestos que encabezo y que, a la fecha del acta (enero de 2011), estaba a mi cargo (...), cosa que puede ser verificada fácilmente por la acordada de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que establece las autoridades de feria”, manifestó el testigo. “Este comentario resulta prueba suficiente (para decidir la continuidad del proceso)”, evaluó en su momento el juez Pérez. La resolución del 28 de octubre pasado aún puede ser impugnada ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción.

En abril de 2015, Valdez dijo haber sido víctima de usurpaciones desde hacía cuatro años y que Ale había contado con el aval del ex fiscal Herrera. “En la Justicia penal hay una asociación ilícita apoyada por el poder: cada vez resulta más difícil investigar. Es muy grave porque las mafias están enquistadas”, expresó en ese momento.