En otras sociedades, sus dirigentes intentan darles una solución inmediata a los problemas, especialmente a aquellos que perjudican sobremanera a sus habitantes. Tucumán se caracteriza, entre otras cosas, por arrastrar problemas crónicos. En algunos casos, se recurre al remiendo hasta que este se rompe y es reemplazado con un nuevo parche, y en otros, se deja que una situación ilegal se prolongue en el tiempo, hasta el punto que adquiere apariencia de normalidad. Esto último sucede con el conocido “plus médico”, que es una práctica ilegal.
Y aunque los principales perjudicados suelen ser los afiliados al Subsidio de Salud, los adherentes a otras obras sociales padecen este “cobro de arancel diferenciado”. Ante los constantes reclamos, el 24 de agosto pasado, se anunció que en los consultorios y laboratorios, de prestadores de la obra social provincial se exhibirían carteles informando que no se cobra el plus. En la ocasión, el interventor del Subsidio de Salud afirmó que se habían actualizado los valores que les abona a los prestadores por los servicios de salud y que se había acordado entre las partes que impulsar estrategias para evitar el cobro indebido.
El titular del Colegio Médico expresó que la institución debía acatar lo que había firmado porque “era algo consensuado desde hace tiempo”. Señaló que el Subsidio venía haciendo controles, pero “es cierto que se dieron algunos vicios y que algunos profesionales cobraban un arancel diferenciado, quizás empujados por la inflación y el aumento de los costos en general. Pero es algo que no podemos permitir”.
El 12 de octubre pasado, un lector indicó en nuestra Sección Cartas que el 9/10, los directivos del Colegio Médico se habían manifestado “ofendidos y humillados porque los auditores del Subsidio de Salud realizan la tan reclamada tarea de control para evitar que muchos de los médicos asociados a ese colegio cobren plus médico a los afiliados a esa obra social”. Y agregó: “dicen también que controlarlos es una ‘afrenta al desempeño, profesionalismo y buen nombre de nuestros médicos’. La sociedad toda exige que los galenos cumplan con lo que la ley manda. Y quien no cumple con la ley, delinque, por lo que el citado ‘desempeño, profesionalismo y buen nombre’ de los que cobran plus deja mucho que desear”.
El plus médico surgió en 1985, cuando la inflación devaluó los aranceles establecidos y estos no se actualizaron. Desde 1990 rige la ley N° 6.061, que prohibe estos pagos adicionales. Pese a los buenos deseos del Subsidio esta práctica ilegal sigue vigente y afecta también a otras obras sociales. Por ejemplo, si un médico cobra la orden de consulta más un plus de $100 y atiende a 20 personas por día, recauda $2.000, que representan $10.000 en cinco días y $40.000 al mes, y en 11 meses, $440.000, sin pagar ningún tributo y sin entregarle al paciente un recibo.
El médico disconforme puede cobrar solo la consulta y no recibir las órdenes, que sería lo legal. ¿Cuál es el sentido entonces de una obra social si al afiliado le descuentan el 3% de su sueldo para tal fin y además debe pagar en muchos casos cobros extras? Estas deberían proteger a su afiliado para que este deje de ser la víctima de este sistema que mantiene esta práctica deplorable desde hace 31 años. Llama la atención que en todo este tiempo la AFIP no se haya percatado de esta importante evasión fiscal. Parece que en Tucumán, el zorro pierde el pelo, pero no las mañas.