El caso de Fernando Ganami volvió a dividir las aguas en el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Después de una discusión que tocó distintas aristas relativas a la Escuela Judicial, la mayoría concedió una prórroga de dos años a Ganami, cuya designación como director está judicializada desde 2014. Esta decisión coincidió con la interposición de un nuevo pedido de cautelar por parte de Carmen Fontán, la aspirante que encabezaba el orden de mérito del proceso de selección del director. Ello implica que el período suplementario podría ser suspendido por la Justicia (ver aparte).

Votaron por extender el mandato de Ganami el presidente del CAM y vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Posse; los legisladores oficialistas Fernando Juri y Roque Cativa, y el opositor Fernando Valdez; y Raúl Fermoselle y Martín Tello, respectivos juez y abogado del sur. José Adle y José Dantur, correspondientes abogado y juez de la capital, optaron por concursar la dirección académica. Además de los consejeros mencionados, asistieron a la sesión del jueves los suplentes Jorge Carrasco, Rolando Granero, Silvia Rojkés y Jorge Conrado Martínez.

El caso “Ganami” fue tratado por pedido de Adle, quien sostuvo que se imponía volver a concursar el puesto en función de la tremenda publicidad negativa que para el CAM había acarreado el proceso de selección de Ganami por las graves irregularidades que denunció Fontán. Adle sostuvo que el concurso era la regla y la prórroga, la excepción.

Fermoselle rechazó aquella interpretación al decir que la facultad de extender el mandato por otro bienio se ajustaba a la reglamentación. El juez de Concepción sostuvo que dos años era un plazo exiguo para valorar un desempeño, más aún cuando todavía no había habido egresados. “¿Cómo se solucionó la judicialización del cargo de Ganami?”, preguntó entonces Rojkés. Posse respondió: “no está solucionada. En realidad, al concurso no lo ganó nadie porque está cuestionado”. La legisladora replicó: “eso ocurre porque la Justicia es lenta”. Tello, que representa al CAM en el juicio en cuestión (porque Adle había propuesto allanarse a la demanda), observó: “la demora obedece a una estrategia de Fontán”.

La legisladora oficialista manifestó entonces que debería ser revisada la duración del mandato del director, que coincide con el de los consejeros. Valdez suscribió esa postura y planteó diferir el tratamiento del tema: después, retiró la moción y votó con el bloque que a fines de 2015 había convalidado una serie controvertida de designaciones de personal dipuesta por la gestión anterior. “Debemos debatir sobre la razón de ser de la Escuela. ¿Tenemos que dar esta formación o no?”, interrogó el legislador de la UCR. En ese instante, Posse pidió “meter un bocadillo” y expresó que era más complejo llamar otro concurso que sostener la designación de Ganami: “es coherente con la posición que tenemos en la Justicia. Es mi voto”.

Dantur, que sustituye al consejero titular Carlos Caramuti (con licencia por enfermedad), sostuvo que todos los cargos públicos debían ser otorgados por concurso: “con más razón cuando se trata de un cargo académico. Sin abrir juicio sobre la gestión de Ganami, lo más sano es que se llame a concurso. Si se prolonga, el director en funciones puede actuar como interino”. Si bien defendió la legalidad de la facultad de prorrogar, Juri admitió que podía haber quejas sobre la dirección de la Escuela. En ese momento, Posse interrumpió al legislador oficialista y ordenó: “muchachos, esta es una cuestión política. Votemos”.

La Escuela Judicial brinda capacitación a aspirantes a la magistratura y a jueces. Esa formación es sustentada con fondos públicos. Aunque en su momento hubo una convocatoria a presentar proyectos, la Escuela selecciona a los docentes locales y foráneos en forma discrecional.