Piquetes. Cacerolazos. Cánticos. Gritos. Dos concentraciones cercaron ayer el Palacio de Justicia para protestar contra la impunidad y el nepotismo. Los conductores que hacia el mediodía intentaban circular por las calles Congreso y La Madrid acusaron recibo del malestar acumulado por coincidencia. Ambos grupos prometieron que habrá más expresión de descontento mientras los Tribunales sigan transgrediendo la carrera judicial y avalando la libertad de quien atentó contra Daniel Aguirre en 2006.
Alrededor de 20 afiliados de la Seccional N°5 de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) exhibieron su enojo respecto de los ascensos y nombramientos discrecionales. Con redoblantes, remeras y carteles, el gremio se manifestó en la vereda de la sede de la Dirección de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, oficina a cargo de la contadora Teresita Comolli. Alejandra Martínez y María Nélida Paz, respectivas secretarias general y adjunta de la Seccional N° 5 de la UEJN, encabezaron la concentración motivada en las recientes promociones de hijos y allegados de altos funcionarios de Tribunales. La secretaria Martínez, quien prometió individualizar los casos objetados más adelante, exigió órdenes de mérito transparentes y una carrera judicial de prestigio.
El nepotismo es un problema antiguo de los Tribunales: tal vez por eso llamó la atención la acción de repudio del gremio en un punto neurálgico del foro. Martínez y Paz expresaron en un comunicado que su entidad se propone batallar contra ese vicio. Además, denunciaron que el gremio había sido “apretado” y amedrentado por medio de una actuación de Gabriela Blanco, secretaria de Superintendencia de la Corte. “Téngase presente y por instrucciones recibidas se recuerda la vigencia de la Acordada 168/91 que dispone en el punto 1°: ‘recordar a los señores empleados la prohibición de hacer reuniones o asambleas de carácter gremial dentro del Palacio de Justicia”, notificó Blanco. Las dirigentes descalificaron la regla por haber sido adoptada durante la intervención federal de 1991 y suponer un ataque a la libertad sindical.
Al son del bombo
Un puñado de familiares de Daniel Aguirre cortó la calle Congreso a la altura del Colegio de Abogados de la Capital este martes por segunda vez en los últimos 15 días. Marta Aguirre, hermana de la víctima fallecida en Leales, explicó que en marzo de este año la Sala IV de la Cámara Penal había condenado a José Antonio Cáceres como autor del homicidio ocurrido hace una década. “Pero el imputado está libre y el Ministerio Público lo protege. Mientras la Justicia se decide, sufrimos amenazas y estamos atemorizados”, comentó. Los parientes de Aguirre ejecutaron el piquete con un motocarro y sillas de plástico. Uno de los manifestantes tocaba el bombo en forma enérgica con la esperanza de captar la atención de los transeúntes distraídos.