El peregrinaje fue con platos, recipientes de plástico, tazas y cucharas en mano. Mujeres, jóvenes y niños se abalanzaron sobre las porciones de guiso. Debajo de los gazebos blancos, las verduras habían comenzado a picarse temprano y la voz se había corrido rapidísimo por La Costanera. Centenas de vecinos de los barrios pobrísimos lindantes con el río Salí cruzaron o subieron al puente Lucas Córdoba ayer por un plato de comida.

Organizaciones sociales tomaron ese punto como centro local de la protesta nacional “1.000 ollas populares”, en reclamo contra las políticas económicas del Gobierno nacional y para que se declare la emergencia social por el avance de la desocupación y de la pobreza. Los campamentos se replicaron en otros 20 puntos de la capital y del interior. Los organizadores se mostraron sorprendidos -y en algunos casos desbordados- por la cantidad de gente que se acercó a pedir comida.

Barrios de Pie, la CCC, La Poderosa y el Frente Darío Santillán estuvieron entre los organismos que llevaron adelante las manifestaciones.

Necesidad

Erica Ramos, del barrio San Antonio del Bajo y militante de Barrios de Pie, fue una de las 20 encargadas de preparar el guiso con 24 kilos de fideos y 12 kilos de carne. Apenas dieron abasto para servirlos. “Vino muchísima gente de la orilla del río. Hay mucha tristeza en los barrios. Hay más chiquitos que van a los merenderos. Esperan horas para no quedarse sin la leche”, lamentó.

Los grupos aparecían de a puñados o en hilera por el puente, que estaba cortado. Los recipientes pasaban veloces de mano en mano. El potaje no llegaba a enfriarse. Los comensales se refugiaron bajo los árboles.

Facundo Ramos, dirigente de Barrios de Pie, puso la necesidad en números. Aseguró que hasta el año pasado asistían 5.500 niños a los merenderos de la organización en la provincia. Ahora suman 7.000. “Es una situación crítica. Familias enteras se acercan. Hubo un sinceramiento del Gobierno sobre los datos de la pobreza. Creemos que en el noroeste es mayor al 32%. Llamamos a la reflexión a la Nación y a la Provincia para que pongan en el tapete las prioridades. El debate no tiene que ser si esto es una herencia. Ya fue hace ocho meses eso. El Estado debe generar políticas para las necesidades de los sectores más pobres”, consideró.

Omar Díaz, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), simplificó la explicación sobre los efectos de las políticas económicas: “los precarizados de antes ahora somos desocupados”. Vicente Ruiz, de la CCC, afirmó que la situación se agravó porque en actividades como el azúcar, el arándano y el limón se ocupó menos mano de obra. “Aumentamos ocho merenderos en dos meses en Aguilares y en Santa Ana. Estamos organizando comedores, pero son más difíciles de mantener. La pobreza y la droga están haciendo estragos”, aseguró. Clamó al Gobierno que se ocupe de los niños y pidió que la CGT convoque a un paro para visibilizar la situación de los trabajadores.

Patricia Aranda es encargada de un merendero que desde hace un mes alimenta a 130 chicos de La Milagrosa. “Todos mis vecinos van. Les damos todas las tardes leche y pan con picadillo o con mermelada. No quiero ser política, con el hambre no se hace política. Quiero que los chicos tengan qué comer”, enfatizó. Margarita Quijano, de 19 años, sonrió mientras se acariciaba la panza de ocho meses y engullía el guiso. “Mi hijo se llamará Ciro Catriel. Es una gran ayuda un vaso de leche y un pan, eso llena. En las casas no hay ni mate a veces. Estaría bueno que mi hijo no tenga que ir al merendero”, anheló.

"Los chicos tienen hambre y no hay nada para darles de comer"

Las manitos percudidas de Dylan, de siete años, apenas podían sostener la bandeja en la que le sirvieron el guiso. Sin pausa, tragó casi sin masticar cada fideo y pedazo de pollo. Estaba descalzo, bajo una arboleda de La Costanera cerca del puente Barros, otro lugar donde se instaló una olla popular. Un adolescente, también sin calzado, casi se lo lleva puesto en su camino. Llevaba la mirada perdida y un latón abollado, donde indicó con ademanes que le sirvieran una porción. Se perdió luego, tambaleante, en uno de los pasillos del barrio. “Los chicos adictos comen una vez a la semana. No se acercan a los comedores, hoy vinieron un montón”, explicó Blanca Ledesma, una de las madres del Pañuelo Negro, grupo de mujeres cuyos hijos murieron por consumir paco. No se sorprendió por la cantidad de niños pequeños que llegaba constantemente, solos o con hermanos apenas mayores. “Los chicos tienen hambre y no hay para darles de comer. Aunque sea hoy comerán bien. La pobreza no es de ahora, sólo que hay más. Como no hay nada en la casa, salen y se drogan. Así pasan el hambre. Un día menos de hambre”, expresó Ledesma.

Dora Ibáñez, otra madre del Pañuelo Negro, fue una de las cocineras. Un grupo de policías de Infantería que seguía de cerca la manifestación al borde de la ruta que conduce a Alderetes y al Aeropuerto declinó la invitación a comer.

Con la voz firme y el ceño fruncido, reclamó una vez más al Estado ayuda para combatir el narcotráfico y para la asistencia de los jóvenes adictos. Pidió que se termine el Cepla, un centro de tratamientos y prevención que está a medio construir, pese a las promesas oficiales. “Cada vez se nota más la pobreza y queremos que esto sea visible, por eso vinimos hoy. Ojalá el Gobierno vea esto. Macri dijo ‘Pobreza 0’ y está avanzando la pobreza, cada vez tenemos menos. Igual que la droga. Hay padres que perdieron sus trabajos y que viven del cirujeo, como yo. Nunca tuvimos la suerte de tener un trabajo digno. Los merenderos están llenos de nuestros nietos. Estamos enterrando a nuestros hijos, le pedimos al Gobierno que salve vidas”, clamó.