Las amenazas son delitos y están contempladas en el Código Penal (Art. 149 bis). Cuando son anónimas generan inquietud, porque llevan a sus víctimas a un estado de incertidumbre. Cuando es una persona que investiga en la justicia la amenazada, como en este caso, una fiscala, el perjuicio ya no es personal sino que afecta a toda la sociedad. Y si se sospecha que la agresión parte de grupos escondidos en la Policía, la situación se torna muy inquietante y debería motivar respuestas del más alto nivel político. Por ello la denuncia de la fiscala Adriana Giannoni es nuestro primer tema, ya que da lugar a muchas preguntas sobre los intereses y las motivaciones de algunos integrantes de la fuerza que debería dar seguridad a la sociedad. Precisamente la seguridad -o la inseguridad- es el meollo de otra nota de tapa, específicamente referida a la justicia por mano propia y la opinión del ministro Fiscal, que al expresar comprensión por las reacciones vecinales ante la acción de los delincuentes está reconociendo la tensa situación generada por la falta de respuestas adecuadas para llevar tranquilidad a los habitantes de algunos barrios y localidades.