Miguel Ángel Brito, ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) durante la gestión de José Alperovich, en principio agotó el arsenal de defensas de que disponía para evitar el juicio oral. El 30 de agosto, la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción rechazó el recurso de casación que el ex funcionario público había articulado para que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revisara la decisión de juzgarlo. Los vocales Enrique Pedicone y Liliana Vitar votaron por la desestimación del planteo mientras que el vocal Eudoro Albo se pronunció a favor de su admisión. Brito aún puede articular una queja por casación denegada directamente ante la Corte, remedio que en sí mismo no suspende el trámite del proceso.

Pedicone dijo que Arnaldo Ahumada, defensor de Brito, había invocado una gravedad institucional que no resultaba verosímil, tesitura a la que adhirió Vitar. Albo, por su parte, consideró que estaban reunidos los requisitos para admitir el recurso de casación, entre ellos, el supuesto de gravedad institucional. Según Ahumada, la Corte debía establecer que no puede ser elevada a juicio una investigación incompleta en la que no se han cumplido con las diligencias rituales puestas en la cabeza del Ministerio Público (el fiscal instructor en este proceso fue Arnoldo Suasnábar). “Es obligación de los señores fiscales investigar todos los hechos, y circunstancias pertinentes y útiles que haya referido el imputado (Brito) en su declaración”, advirtió Ahumada en el recurso que presentó en abril. En su momento el fiscal Alejandro Noguera había dictaminado en contra de elevar el caso a juicio y recomendado investigar a los potenciales cómplices del acusado.

La decisión de la Cámara de Apelaciones pone fin a la discusión que generó la sentencia de elevación a juicio dictada en diciembre de 2014. El expediente ha de ser girado a la Cámara Penal para el sorteo de la sala que juzgará a Brito: la apertura del debate no será inmediata en parte porque, primero, ha de constituirse el tribunal; segundo, la ley dispone de plazos para el ofrecimiento y la preparación de la prueba y, tercero, existe un atraso considerable en materia de celebración de juicios orales. Fuentes judiciales calculan que habrá más planteos que dilaten el caso “DAU” y que, por ello, el eventual juzgamiento de Brito no acaecerá este año. Al respecto, conviene recordar que pasaron casi seis meses desde que la Cámara de Apelaciones confirmó la elevación a juicio hasta que declaró la improcedencia del recurso de casación. En el ínterin, la exposición de una discusión entre los vocales Pedicone y Albo relativa al manejo de los tiempos del expediente originó la aplicación de llamados de atención a dos funcionarios de la Cámara de Apelaciones y la recusación de los tres miembros de ese estrado.

El imputado encabezó la DAU entre 2008 y 2012. Renunció luego de que LA GACETA publicara un acuerdo del Tribunal de Cuentas (TC) que advertía sobre presuntos sobreprecios en un proyecto de obra para restaurar la fachada de la Casa de Gobierno. Tras esto, los entonces legisladores radicales Silvia Elías de Pérez (hoy senadora) y Ariel García (hoy vicepresidente 2° de la Legislatura) formularon una denuncia por posible corrupción. Después de compulsar supuestas irregularidades detectadas por el TC en 86 obras, el fiscal Suasnábar solicitó el juzgamiento de Brito, dictamen que avaló la ex jueza Mirta Lenis de Vera.