El fiscal de Estado, Daniel Leiva, disparó contra la prensa en el escrito en el que insistió con un pedido de sanciones para el juez Rodolfo Novillo por su desempeño en el caso “Aráoz”. En un recurso que presentó en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, el funcionario del Poder Ejecutivo (PE) repudió el acceso del periodismo al expediente que inició el legislador Eudoro Aráoz (UCR) para recibir información detallada sobre el uso dado a los $ 615,6 millones que la Legislatura gastó discrecionalmente en concepto de erogaciones sociales durante 2015. El 30 de agosto, Antonio Gandur, presidente del alto tribunal, rechazó la posición de Leiva y ordenó el archivo de las actuaciones de superintendencia.
“Existe otra circunstancia de honda preocupación institucional como es el hecho de que el proceso en cuestión fue objeto de numerosas y desprestigiantes publicaciones que toman como fuente indudable el acceso irrestricto del diario al expediente judicial, en razón de la transcripción textual de párrafos íntegros de los escritos presentados por la representación letrada de la Provincia de Tucumán, lo que da al proceso el carácter de una operación mediática”, manifestó Leiva en el documento que presentó luego de que Gandur desestimara la idea de quitar el caso “Aráoz” a Novillo.
En el recurso de reconsideración, el fiscal de Estado defendió la denuncia por denegación de justicia que articuló contra el vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Dijo que Gandur se había equivocado al tratarla como una mera presentación. Y añadió que su denuncia conllevaba un cuestionamiento disciplinario “a los efectos de la organización adecuada, racional y eficiente del sistema judicial”. Leiva expresó que la conducta de Novillo en el trámite del caso “Aráoz” afectaba la integridad de la función jurisdiccional e implicaba un avasallamiento a la independencia del Poder Judicial. “El presente recurso de reconsideración tiene por objeto permitir el ejercicio concreto de la facultad de superintendencia de la Corte para asegurar en este caso una exigencia ética de conducta judicial. Está en juego no sólo la suerte de un determinado proceso, sino el respeto de la comunidad hacia el Poder Judicial”, aseguró.
Los argumentos del fiscal de Estado no tuvieron eco en Gandur, quien desestimó la hipótesis de denegación de justicia. “Surge de las presentaciones realizadas por Leiva que en el ámbito de la causa ‘Aráoz’ pudo ejercer las defensas que -estima- le asisten y que aún tiene a su alcance otras. Por lo tanto, no podría configurarse de ningún modo una falta disciplinaria vinculada a denegar justicia, por lo que corresponde disponer el rechazo in limine (sin más trámite) y el archivo de las presentes actuaciones”, dijo.
“Intención de burlar”
Al promover las actuaciones de superintendencia, Leiva pidió a Gandur que sacara el caso “Aráoz” de la órbita de Novillo para tomar conocimiento de la grave situación institucional planteada en dicho litigio -en simultáneo, Leonardo Francisco Debono, abogado de la Fiscalía de Estado, articuló un recurso de atentado ante la Corte para paralizar el trámite del juicio-. “El camarista ha procedido a efectuar un verdadero atropello en contra de la Provincia”, añadió en la denuncia del 16 de agosto. Entre otros fundamentos, el fiscal de Estado citó el hecho de que Aráoz no había agotado la vía administrativa al pedir información sobre el uso del presupuesto para gastos sociales al vicegobernador Osvaldo Jaldo y, ante la falta de respuesta de este, acudir a la Justicia en vez de solicitar la información a las comisiones de la Legislatura. Leiva manifestó a la Corte que, luego de que la Provincia y la Legislatura advirtiesen esta cuestión, aparecieron sorpresivamente terceros (Carlos Duguech, Clímaco de la Peña y Raúl Moreno) que invocaron su condición de ciudadanos y se adhirieron a la demanda de Aráoz “con la clara intención de burlar la norma constitucional y el orden procesal”.