BUENOS AIRES.- El presidente Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero (STJ), Sebastián Argibay, lamentó la cantidad de jueces santiagueños con pedido de captura involucrados en una millonaria defraudación en perjuicio del gobierno de la provincia de Tucumán y la calificó como “grave y conmocionante”.
Resguardo institucional
“No deja de ser un hecho doloroso, grave y conmocionante, pero nos deja la vivencia de estos tiempos difíciles, que es que los resortes constitucionales y las instituciones funcionan y eso se demuestra con hechos”, dijo el funcionario judicial. En diálogo con periodistas, Argibay indicó que “se trabaja y estamos avanzando para normalizar el servicio de justicia en Santiago del Estero”, y consideró sobre los mecanismos de control para evitar casos similares que “todos los fallos pueden ser recurridos y en lo político, es potestad del Consejo de la Magistratura”.
Consultado sobre las irregularidades cometidas por los ex jueces Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Angel Moreno, el titular de la Corte santiagueña hizo alusión a un “correctivo ejemplificador”. “Debemos tener visión de autocrítica y propiciar siempre a construir en la Justicia”, sostuvo.
Por su parte el fiscal general del STJ, Luis de la Rúa, reveló que las fiscales Celia Mussi y Aída Farrán Serlé alertaron a los tres jueces renunciantes “sobre una eventual incompetencia” en las medidas cautelares que derivaron en los embargos ordenados por más de $ 10 millones, de los cuales se cobraron $ 7 millones a la coparticipación federal de Tucumán.
“Desde lo lógico resulta imposible comprender cuál puede haber sido la razón para que la causa este aquí, en esta competencia, es una situación grave, no recuerdo antecedentes, nunca conocí algo así, extraer fondos en un contexto de flagrante, evidente incompetencia, me resulta insólito e ilógico”, precisó.
En tanto, se aguardaba para las próximas horas una resolución sobre los pedidos de eximición de prisión que realizaron los tres jueces que renunciaron para evitar juicios políticos y del empresario periodístico Luis Manuel Pericas, todos con pedidos de captura por una millonaria defraudación al gobierno de Tucumán.
Las investigaciones por los presuntos delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública de Tucumán, asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado, prevaricato, denegatoria y retardo de justicia, falsificación de instrumento público”, se encuentran a cargo del juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional de III Nominación, Darío Alarcón.
También deberá fijar fecha para indagar al único detenido de la causa, Eduardo Antuz, empleado del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de II Nominación, que dirigía el ex juez Tarchini Saavedra.
“Delito a establecer”
La denuncia contra los tres ex magistrados se inició hace dos semanas con la presentación del asesor de la Fiscalía de Estado de Tucumán, Mario Fabián Nahas, sobre la existencia de irregularidades en un reclamo del empresario Pericás, en contra de Marcelo Dittinis (actual legislador y ex secretario de Prensa) y el gobierno de la provincia de Tucumán, por un “delito a establecer”.
Las mismas fuentes indicaron que en el mismo expediente, los denunciados y renunciantes magistrados habían ordenado embargos por más de $ 7 millones a los fondos de coparticipación de la provincia de Tucumán, que fueron comprobados en distintas cuentas bancarias, trámite que carecían de competencia para intervenir judicialmente. “Felizmente, en este caso la Justicia actuó rápido, separó a esta gente que estaba actuando mal”, había dicho el miércoles el gobernador tucumano Juan Manzur. (Télam-Especial)