La familia de Ysidoro Ferreiro Barbeito había perdido contacto con él desde hacía un tiempo. El joven -había nacido en España y vino al país junto a sus padres- se había quedado en Tucumán a estudiar ingeniería cuando el resto de su familia se mudó a Córdoba, en 1971. “Un amigo de mi papá le mandó un telegrama y le dijo que mi hermano le había pedido que se contactara porque estaba en problemas. Le dijo que la casa donde residía mi hermano, que era nuestra y que compartía con estudiantes, la había encontrado abierta. Después supimos que la Policía había allanado la propiedad y había encontrado panfletos. Mi padre viajó urgente a Tucumán”, relató ayer María del Carmen Ferreiro, hermana de una de las víctimas de la megacausa “Operativo Independencia”.

Isidoro fue secuestrado en junio de 1975 y estuvo desaparecido hasta el año pasado, cuando sus restos fueron identificados en una fosa común de un cementerio.

La mujer declaró desde Córdoba por videoconferencia. “La última vez que lo vio, mi padre se encontró con él en una ruta. Le propuso traerlo a Córdoba y llevarlo al consulado español. El se negó. Días después mi hermano mandó un telegrama diciendo que el fin de semana llegaría a Córdoba, cosa que no ocurrió. No supimos más de él”, lamentó. Comentó que, mediante la carta de una tía, supieron que él había muerto el 23 de junio de ese año. Detalló que hace unos cinco años decidieron donar sangre para una eventual identificación. “En septiembre del año pasado nos llamaron para decirnos que habían identificado sus restos. El informe forense dice que estaba en un cementerio de Tucumán, en una fosa común, con dos cuerpos. No había balas en la sepultura y tenía fracturas en las piernas, aparentemente, como consecuencia de disparos”, consignó.

El defensor público Adolfo Bertini -representa a 15 de los 19 imputados- preguntó a la testigo si sabía sobre un documento anónimo que habría recibido el ex fiscal federal Emilio Ferrer y que daría cuenta de una supuesta militancia de Ysidoro en el ERP. “Desconozco su militancia. Nos vinimos a Córdoba y lo veíamos de vez en cuando”, respondió María del Carmen.

Bertini insistió en el punto al consultarle si sabía de ese texto en el que se mencionaría que el joven podría haber formado parte del ERP. El fiscal Agustín Chit se opuso a la pregunta. “Nosotros no interrumpimos las preguntas capciosas ni indicativas”, señaló Bertini levantando la voz. “Usted objeta y yo, con respeto, guardo silencio cuando lo hace”, respondió el representante de la fiscalía. El Tribunal admitió que Bertini continuara. La testigo afirmó que no comprendía.

Luego, declaró Diego Ferreiro, otro hermano de la víctima. Afirmó que supo lo ocurrido recién en los 80, porque su familia mantuvo la historia “al margen”. “Él abandonó la carrera. Trabajaba en un ingenio y comenzó a tener actividad política en el Partido Comunista”, afirmó.

El fiscal Pablo Camuña preguntó si era posible que hubieran sabido la fecha de muerte de Ysidoro mediante documentos que están en los expedientes. Uno es un prontuario policial en el que consta que se produjo el 23 de junio de 1975, “proveniente de la Vª Brigada del Infantería” y que lleva escrita la palabra “extremista”. El otro fue realizado en la Jefatura y se titula: “Nómina de cadáveres identificados en los años 1975 a 1978” y está registrada la defunción el mismo día. Los testigos dijeron no conocer esos documentos.

En el público

Amigos, familiares y allegados de los imputados les brindan su apoyo durante las audiencias.

“Soy tucumana, tengo 76 años y he vivido esa época. No tenemos odio ni rabia. Deseamos justicia, como dice querer la otra parte”, opinó Yethel Valladares. Aseguró que tratan de estar presentes para apuntalar a los “presos políticos de todo el país”: “hubo una guerra y en guerra hay otro tipo de cánones, no es la justicia civil la que puede juzgar. Comprendemos su dolor, es igual al nuestro. Fue una guerra en la que ganó la mayoría del pueblo de la Nación. Nadie quiere llegar a extremos”.

Elvira Cossio explicó que concurre al Tribunal porque ve muy solos a los imputados. “Se debe juzgar a ambos lados. Es verdad que fue una guerra sucia y que hubo cosas de los dos lados. No puede ser que vengamos al juicio y sintamos gritar asesinos o violadores. Entiendo el dolor de ellos, porque sé que se sufre al perder a un familiar. De este lado se han perdido a muchos”, expresó.

Victoria Herrera manifestó que desean la pacificación del país “para cerrar una herida, dar vuelta de página y estar en paz un lado y el otro”. Consideró que los acusados viven muchas “agresiones y prejuzgamiento”. “Del otro lado, les dicen genocidas y asesinos, cuando recién se los está juzgando. Tenemos que ir para adelante y formar una Nación unida”, concluyó.

AUDIENCIAS.- El jueves, a las 11, el Tribunal se trasladará hasta Famaillá para escuchar a un testigo que no puede presentarse en la sala del Tribunal por motivos de salud.

recusan a los fiscales.- El defensor oficial Adolfo Bertini recusó ayer al fiscal Pablo Camuña y a los fiscales ad hoc Julia Vitar y Agustín Chit. “Tienen que ser objetivos, valorar la prueba. Si hay dudas, debe ser descartada. Noto que cuando hay contradicciones, los fiscales tratan de sostener la prueba a como de lugar”, argumentó. Camuña se quejó al considerar que el defensor estaba alegando. El juez Gabriel Casas (presidente) rechazó por inadmisible el planteo.

EL JUICIO MÁS GRANDE.- “Operativo Independencia” es el proceso oral de mayor magnitud que se celebra en el Tribunal Oral Federal (TOF) tucumano, por el número de víctimas: 271. Se juzgan las presuntas responsabilidades de 19 ex miembros de las fuerzas de seguridad en crímenes que van desde secuestros hasta homicidios.

PEDIDO INTERNACIONAL.- La Asociación Frontlaine Defenders, de protección para defensores de los derechos humanos, con sede en Dublín (Irlanda), emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por los actos intimidatorios a letrados que impulsan causas por crímenes del terrorismo de Estado. Menciona, entre los casos, el de la abogada Laura Figueroa. La organización requirió a las autoridades del país que investiguen el ataque a su casa.